El PSOE propuso reformar el Reglamento que le permite ahora bloquear 71 veces la profesión de riesgo para la Guardia civil

En pleno debate sobre si los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben tener la consideración de profesión de riesgo, trascendió que la Mesa del Congreso prorrogaba, una vez más y ya iban 71, el plazo de enmiendas a una proposición de ley del PP, aprobada en el año 2024 en el Senado, para reconocerles dicha categoría laboral. El debate volvió a suscitarse tras el accidente en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha. Pero la mayoría que tienen los socios del Ejecutivo en el órgano de gobierno del Congreso volvió a bloquear la propuesta del primer partido de la oposición.

No deja de ser paradójico que fueran los socialistas en junio 2017 -un año antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy que les aupó al poder- quienes propusieran una reforma del Reglamento de la Cámara Baja para impedir la prórroga sistemática del plazo de enmiendas. Una práctica, dijeron entonces, cuyo objetivo es "obstaculizar en la Mesa (...) la completa tramitación de textos legislativos que tienen el apoyo mayoritario de los miembros de la Cámara, dilatando indefinidamente el procedimiento", según la exposición de motivos.

Propusieron que la mayoría absoluta decidiera sobre la prórroga del plazo de presentación de enmiendas

Para corregir un uso actualmente cuestionado hasta por el Tribunal Constitucional, proponían que, una vez publicado el texto de la propuesta, los diputados y los Grupos Parlamentarios tendrían un plazo de quince días para presentar enmiendas. Un plazo que podría ser prorrogado "hasta en dos ocasiones por acuerdo de la Mesa del Congreso si lo solicita algún Grupo Parlamentario". Y, en caso de que este plazo aún fuera insuficiente, las siguientes prórrogas deberían acordarse por, al menos, "dos Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara".

De hecho, los socialistas reprochaban al ejecutivo de Mariano Rajoy haber roto con la práctica anterior, por la cual se condicionaba la concesión de prórrogas "a que así lo solicitaran un número de grupos parlamentarios que representaran a la mayoría de los diputados". Por ello criticaban que "este tipo de acuerdos se vienen adoptando por mayoría en el órgano de gobierno, sin más requisitos, lo que está provocando que la tramitación de algunas proposiciones de ley tomadas en consideración por el Pleno esté siendo postergada en relación con otras adoptadas por la Cámara con posterioridad". Es decir, exactamente lo que pasa ahora bajo la presidencia de Francina Armengol y con el apoyo de Sumar.

Ciudadanos también presentó una propuesta del Reglamento del Congreso

Además, la hemeroteca parlamentaria depara otras sorpresas. Porque también Ciudadanos, en 2022, cuando aún tenía representación en la Cámara Baja, presentó una proposición de ley en el mismo sentido. En su caso, algo más elaborada que la anterior y firmada por el entonces portavoz naranja, Edmundo Bal. El abogado del Estado, ya muy crítico con el desprecio gubernamental hacia el legislativo, denunciaba cómo la "parca" regulación de las prórrogas, "unida al hecho de que los partidos que sostienen el Gobierno de turno suelen ostentar también la mayoría de la Mesa del Congreso, lleva a que esta pueda congelar indefinidamente la tramitación de iniciativas legislativas a pesar, incluso, de haberse aprobado su toma en consideración por el Pleno de la Cámara".

Su propuesta pasaba por reformar el artículo 43 del Reglamento del Congreso de modo que para acordar la prórroga del plazo de enmiendas "que se extiendan más allá de los cuatro meses" desde la publicación de las proposiciones de ley en el boletín de las Cortes, sea "necesario el voto favorable de tres cuartos de los miembros de la Mesa de la Cámara", esto es, una mayoría reforzada. Asimismo tocaba el artículo 91 referido a los trámites de urgencia, que "en ningún caso, podrá exceder los dos meses desde su publicación".

La 'trampa' de tramitar un decreto como proyecto del ley

Bal también se adelantaba a otra trampa recurrente de los decretos a los que es tan aficionado este Gobierno, que acepta tramitarlos como proyectos de ley que nunca ven la luz y, mientras tanto, el decreto está en vigor. Para estos casos proponía un plazo de enmiendas de quince días a contar desde su convalidación, prorrogable una semana. Y, sólo excepcionalmente, "por acuerdo unánime de la Mesa se podrá acordar una prórroga adicional por igual plazo".

Pero es que hasta el Constitucional tiró de las orejas recientemente a la Mesa del Congreso por dilatar también en 71 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas de un decreto de 2020 que se acordó tramitar como proyecto de ley y, además, por la vía de urgencia. Todo en uno. Por unanimidad, el TC dijo que "la Mesa del Congreso procedió sistemáticamente, y sin motivación de su decisión, a autorizar sucesivas prórrogas de ese plazo, lo que a la postre determinó la caducidad del proyecto de ley, al concluir la legislatura el 30 de mayo de 2023" por la convocatoria de elecciones generales del 23-J.

Consideró vulnerado el derecho de los diputados

Consideró vulnerado el derecho de los diputados recurrentes (el PP) "a ejercer sus funciones representativas" así como "su derecho fundamental de participación política", que no es poca cosa. Sin embargo, efectos prácticos no parece tener ninguno a la luz de lo acontecido con la proposicion de Ley del PP que buscaba incluir a Policía, Guardia Civil y funcionarios de Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.