La presidenta del Parlament, Laura Borràs, presidenta del Parlament, ha asegurado que no piensa dimitir de su cargo aunque le hayan abierto juicio oral y esté a un paso de que la Mesa de la cámara catalana la suspenda de sus funciones: "Los que me quieran muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos".

La Mesa del Parlament se reunirá este jueves en sesión extraordinaria para debatir la suspensión, como diputada, de Laura Borràs. Una reunión en la que todos los partidos excepto Junts apoyarán la suspensión de la presidenta del Parlament, tras conocerse la apertura de juicio oral por presuntos delitos prevaricación y falsedad documental.

ERC y la CUP han confirmado este martes que apoyarán la suspensión, de modo que sus tres votos en la Mesa se sumarán a los dos del PSC, que ha reclamado además a Borràs que dimita como presidenta de la cámara. Borràs y la secretaria Aurora Madaula, representantes de JxCat en el gobierno de la cámara, se quedarán solas si mantienen la oposición a la medida que fija el reglamento del Parlament en casos de presunta corrupción.

Está por ver si Borràs agota el plazo o opta por pedir ella misma su suspensión, para evitar esa votación. Y si la líder de Junts participa en la reunión de la Mesa, de la que debería ausentarse por evidente conflicto de intereses.

La presidencia, en juego

Mientras, Junts reunía a la ejecutiva del partido para debatir la estrategia a seguir con Borràs. Voces de peso en el partido empiezan a pedir a la presidenta de la formación que renuncie para salvaguardar la presidencia del Parlament, que según el pacto de investidura con ERC corresponde a JxCat. Pero Borràs ha mantenido hasta hoy que no dimitirá porque "es inocente".

El reglamento del Parlament fija la suspensión del acta de diputado a cualquier miembro de la cámara al que se le abra juicio oral por delitos de corrupción. Pero nadie pensó que ese artículo se tuviera que aplicar, por primera vez, a la presidenta de la cámara.

Cuando se apruebe la suspensión Borràs dejará de estar habilitada para ejercer la presidencia y sus atribuciones las ejercerá, por delegación, la vicepresidenta primera, la republicana Alba Vergés. Nadie más puede actuar en nombre de la presidencia. Y ésta solo puede ser sustituida si renuncia.

Sin la renuncia de Borràs no se puede escoger a un nuevo presidente, y Madaula, en tanto que secretaria de la Mesa, no puede sustituirla en sus funciones. La única opción de Junts para mantener su principal cargo institucional es forzar a Borràs a dimitir. O convencer a ERC de que su vicepresidenta dimita para permitir el ascenso de Madaula. Dos escenarios casi imposibles.

Incomodidad de ERC

"Nos encontramos ante una situación no deseada", se ha lamentado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, este martes. La republicana ha defendido la postura de su partido: "no queremos que ninguna institución quede manchada por supuestos delitos de corrupción, tomamos decisiones por responsabilidad".

Esquerra se ha sumado así al discurso defendido hasta ahora por la oposición, mientras ellos guardaban silencio para evitar más tensiones en su coalición de gobierno con Junts. Este martes, Vilalta aseguraba que la votación del jueves no tiene por qué poner en cuestión la estabilidad del Govern. Por eso se esfuerzan desde Esquerra en destacar que lo que pase con la presidencia del Parlament es decisión de Junts, no suya.

"Nosotros estamos comprometidos con el acuerdo de coalición con Junts, tenemos voluntad de cumplirlo y emplazamos a Junts a que busque la manera de cumplir este acuerdo" ha sentenciado Vilalta.

El PSC exige la dimisión

No opina lo mismo el PSC, que hoy ha reclamado de nuevo la dimisión de Borràs como presidenta. El propio líder del PSC, Salvador Illa, ha llamado a la líder de Junts para "pedirle que se aparte de la presidencia" del Parlament y permita la elección de un nuevo presidente.

"Le pedimos que renuncie a la presidencia del Parlament" ha reiterado la portavoz del partido, Alicia Romero, quien ha señalado que no sería aceptable una interinidad de meses en la presidencia a la espera de la sentencia. "Por el bien de la institución debe dar un paso al lado" ha advertido.

El primer grupo en solicitar la suspensión ha sido sin embargo el de Vox, con un escrito a la Mesa en el que solicita la aplicación inmediata del artículo 25.4 del reglamento. El auto de apertura de juicio "no deja lugar a las dudas de que nos encontramos ante delitos contra la Administración Pública y vinculados de forma inequívoca a la corrupción" apuntan desde Vox.

Cs, por su parte, cuestiona la distinción que aceptan tanto ERC como el PSC entre la condición de diputada y la de presidenta, y reclama la suspensión de sus derechos y deberes "en su integridad", y que la Mesa señale ya una fecha para votar a un nuevo presidente de la cámara.