El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa coercitiva de 1.000 euros al jefe de la División de Personal de la Policía Nacional por cada periodo de 15 días que retrase el pago de una indemnización por exceso horario a un agente destinado en Las Palmas, al tiempo que amaga con adoptar medidas penales contra el citado mando.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario accede así a la petición que habían realizado los servicios jurídicos de la Confederación Española de Policía (CEP), que denunciaron los constantes retrasos por parte de Personal a la hora de pagar a un agente los 938,44 euros que la justicia le había reconocido por el exceso horario en el que había incurrido.

Pese a haberlo ordenado la Sala el 9 de septiembre de 2021, del Cuerpo Nacional retrasó el abono de dicha indemnización «durante meses», según ha informado el sindicato. «Finalmente materializó un único desembolso, de 519,44 euros, que no alcanzó la cifra total que se le debía al policía por exceder su jornada laboral», añade.

Diez de plazo para pagar

Ahora, el TSJC ha ordenado que se notifique personalmente el auto al comisario principal que está al frente de la División de Personal, avisándole de que debe hacer efectivo el pago al agente «en el improrrogable plazo de diez días». De no acatar esta orden judicial, la Sala avisa de que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si fueran constitutivos de un delito de desobediencia grave, tras calificar la actuación del Cuerpo como «un ejemplo paradigmático de pasividad estatal».

«CEP viene denunciando desde hace tiempo que la sistemática negativa de la División de Personal a reducir la litigiosidad en las reclamaciones de los policías ha terminado por generar un atasco cuya dimensión está afectando a cientos de agentes -si no miles, puesto que existe una absoluta opacidad en la información sobre este grave problema burocrático- que ven cómo, pese a haber recibido el respaldo de órganos judiciales en sus reclamaciones sobre todo tipo de materias (excesos horarios, cobro de turnicidad, pago de vestuario de paisano, indemnización a cargo de la DGP por una agresión cuando el autor se declara insolvente…), se va retrasando sine die el desembolso del dinero que les corresponde aun habiendo constantes requerimientos para la ejecución de sentencias», apostilla.