Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han iniciado los contactos para acordar la propuesta de los dos candidatos para el Tribunal Constitucional a los que les toca nombrar, según la reformada Ley del Poder Judicial, aunque los tiempos que manejan no son precisamente rápidos.
Después del Pleno del pasado jueves, en el que quedaron sentadas las bases sobre cómo proceder al nombramiento, los vocales del bloque conservador y el progresista han iniciado los contactos asumiendo que no se cumplirá con los tiempos recogidos en la ley, donde se marcó el día 13 de septiembre, este martes, como tope para la designación.
Se han citado el próximo viernes, a las 9 de la mañana, para hablar por videoconferencia y no está previsto que en las primeras reuniones que mantendrán los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart (por el bloque conservador) y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach (por el bloque progresista) se pongan sobre la mesa nombres de magistrados del Tribunal Supremo entre quienes se quiere elegir a los candidatos. Únicamente se debatirá sobre las normas acordadas el pasado jueves, según han trasladado fuentes del consejo de jueces.
Los puestos del tribunal de garantías que debe suplir el órgano de gobierno de los jueces son los del vicepresidente Juan Antonio Xiol y el del magistrado Santiago Martínez-Vares. Al Gobierno le corresponde nombrar a quienes reemplacen al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez. Todos vencieron su mandato el 12 de junio, hace tres meses. Mucho menos tiempo del que lleva en funciones el CGPJ, desde diciembre de 2018, con su capacidad de nombrar a la cúpula judicial retirada desde 2020 por medio de una primera reforma de la Ley del Poder Judicial impulsada por PSOE y Podemos, lo que ya provoca una situación cercana al colapso en el Tribunal Supremo.
Presiones de Lesmes y la Comisión Europea
Los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces, que cuentan con mayoría y finalmente acabaron imponiendo sus tiempos al resto, no encajaron nada bien que el partido del Gobierno les pusiera una fecha máxima para la renovación del TC cuando la situación de bloqueo en los nombramientos del resto de la cúpula judicial se arrastra desde hace años.
Consideran que la rapidez que quiere imponer el PSOE se debe a que, con la renovación, el Constitucional invertirá su mayoría conservadora por otra progresista. Con la lentitud en el procedimiento para nombrar, aunque no lo reconozcan abiertamente, los vocales buscan dilatar los tiempos para ver si antes PSOE y Partido Popular llegan a un acuerdo para renovar el CGPJ.
Las presiones llegan desde distintos frentes a los dos principales partidos del Congreso para que se pongan de acuerdo y acaben con la situación de anormalidad democrática en la que han sumido al Poder Judicial. Además del presidente del Consejo de jueces y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que pronunció un duro discurso durante la apertura del curso judicial, instando al presidente Pedro Sánchez y al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo a reunirse con urgencia, las voces que instan a proceder ya a la renovación del órgano de gobierno de los jueces llegan también desde Europa.
Este lunes, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, ha enviado una carta a Lesmes en la que apoya su discurso y afirma que debe ser una "prioridad absoluta" poner fin a la "situación de interinidad" del CGPJ. "El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, que es el único interés de la Comisión, no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate. Todos los actores, cuando desempeñan un papel constitucional, deben hacerlo con un espíritu de lealtad mutua y cooperación sincera, teniendo en cuenta únicamente el interés superior del Estado democrático y de los ciudadanos".
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