Migrantes en el CETI de Melilla tras saltar la valla el pasado mes de marzo.
La Policía Nacional identifica la lucha contra la inmigración irregular como una de sus labores prioritarias en los próximos años no sólo por la "alta presión migratoria procedente de África" que se viene registrando sino por el incremento en los flujos que puede provocar el inicio de una "crisis económica mundial" tras la pandemia provocada por la covid-19.
Ése es el diagnóstico de situación que hace la Comisaría General de Extranjería y Fronteras -responsable del control de entrada y salida del territorio nacional y de perseguir e investigar las redes de inmigración ilegal- en el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2021-2024, donde se desglosan los objetivos y las principales líneas de trabajo marcadas por el Ministerio del Interior al amparo del Modelo de Seguridad 2030.
A las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria del coronavirus se suma otra circunstancia que no existía cuando se redactó dicho documento y que agrava el panorama de forma considerable: la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuya amenaza de interrupción del suministro de gas el próximo verano puede llevar a la economía europea a la recesión.
En su último informe sobre Perspectivas económicas mundiales, el Banco Mundial alerta de que los efectos de la guerra han intensificado la desaceleración del crecimiento a nivel global, de forma que 2022 cerrará con un repunte del 2,9 % frente al 5,7 % del pasado año. Nada que ver con el 4,1 % que se pronosticaba en enero, semanas antes de que Rusia empezara a bombardear diversas ciudades ucranianas.
Modernización de puestos fronterizos
En materia de control de fronteras, la Policía se enfrenta a nuevos desafíos no sólo por la presión migratoria que viene soportando España en los últimos años -la llegada de migrantes aumentó un 29 % en 2020 al contabilizarse 41.861 personas- sino por la necesidad de modernización de los puestos fronterizos. Éste es uno de los "mayores retos" a los que se enfrenta el Cuerpo Nacional en los próximos años, según detalla el plan estratégico.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras confía en que la implantación de nuevos mecanismos tecnológicos contribuya a "aumentar la capacidad de inspección fronteriza". En este contexto, al Sistema de Entradas y Salidas (SES) y al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) se une el llamado 'pasillo biométrico' o de reconocimiento facial de pasajeros.
La Comisaría General de Extranjería señala el incremento de los repatriaciones como objetivo estratégico
La actividad de la Policía en las fronteras no sólo vendrá marcada por la llegada de personas en situación irregular. También por la afluencia de visitantes británicos que, tras materializarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de enero de 2021, están catalogados como de terceros países y ello conlleva una mayor inspección.
Entre los objetivos estratégicos que se marca la Policía en esta materia se encuentra también el aumento de plazas y la mejora del acondicionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), así como el incremento de las repatriaciones con Argelia y Marruecos y con países subsaharianos. "La tendencia es que continuarán las llegadas de inmigrantes de forma ilegal", prevé.
En este sentido, el Ministerio del Interior ha sacado a licitación la contratación de servicios de transporte aéreo para las expulsiones a sus países de origen de extranjeros que se encuentran en situación irregular en España bajo custodia policial, al estar próximo el vencimiento del encargo formalizado en junio de 2021 a la UTE formada por Evelop Airlines SL y Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SAU con el mismo objeto. El presupuesto máximo se mantiene en 10.890.000 euros (impuestos incluidos) y el plazo de ejecución es de 18 de meses.
Cooperación con países de origen
La intensificación de las labores de investigación de las redes de inmigración asentadas en España, la elaboración de inteligencia para luchar contra los delitos relacionados con el fenómeno migratorio, el refuerzo de la cooperación con los países de origen y tránsito, potenciar las pesquisas contra el blanqueo de capitales, incrementar el número y la formación del personal adscrito a Extranjería para afrontar los nuevos retos de seguridad en inspección fronteriza, impulsar la actividad de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) y fomentar la coordinación con la Oficina de Asilo y Refugio para dar respuesta a la demanda de protección internacional son otras de las prioridades que señala el plan estratégico.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras inició el pasado día 1 una nueva etapa con el nombramiento del comisario principal Julián Ávila como máximo responsable en sustitución de Juan Enrique Taborda. Éste, como informó este diario, ha sido nombrado consejero de Interior en la Embajada de España en Rabat (Marruecos) tras permanecer en el puesto desde noviembre de 2018.
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