España

Garzón paga más de 45.000 euros al mes por el alquiler de oficinas en la calle Alcalá de Madrid

Consumo revela el importe a instancia de Transparencia tras negarse inicialmente a detallarlo por el supuesto perjuicio que la difusión del dato generaría a su casero (Cecabank) | A la renta se suman otros 14.411 euros mensuales de gastos comunes

Edificio de la madrileña calle de Alcalá en la que el Ministerio de Consumo tiene una sede.

Edificio de la madrileña calle de Alcalá en la que el Ministerio de Consumo tiene una sede. ENRIQUE FALCÓN

El Ministerio de Consumo paga al mes 45.292,59 euros de renta por el alquiler de las dos plantas que desde hace más de un año ocupa en un edificio de oficinas ubicado en la madrileña calle de Alcalá, cerca del Banco de España. El montante se incrementa en otros 14.411,28 euros en concepto de gastos comunes, lo que eleva la cuantía mensual a 59.703,87 euros (impuestos incluidos).

El departamento que dirige Alberto Garzón ha desvelado los importes en cumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que el 15 de septiembre le dio diez días hábiles para facilitar la información tras rechazar la concurrencia del límite al derecho de acceso que había invocado el ministerio para no proporcionar el dato y amparar una reclamación.

El pasado 11 de enero, este redactor solicitó a Consumo a través del Portal de la Transparencia una copia del contrato que regulaba las condiciones del arrendamiento del edificio ubicado en el número 27 de la calle de Alcalá a fin de conocer el importe que estaba abonando por el uso de dos plantas en el citado inmueble, propiedad del banco mayorista Cecabank. Esa operación había requerido que el Consejo de Ministros diera luz verde meses antes a una modificación de los límites establecidos en la Ley general presupuestaria a fin de que el citado organismo pudiera comprometer un gasto con cargo a ejercicios futuros.

El ministerio concedió el acceso de forma parcial a la información requerida el pasado 25 de marzo y facilitó una copia del documento contractual en la que se ocultaba tanto la cuantía de la renta como el importe de los gastos comunes que soporta. Asumiendo el criterio defendido por el dueño del inmueble, Consumo sostuvo que la difusión de esos datos podría perjudicar los «intereses económicos y comerciales» de su casero y se negó a desvelarlos.

«La cesión de los datos respecto de la renta y los gastos comunes incluidos en el contrato de alquiler analizado, como ha defendido el arrendador en sus alegaciones, puede ocasionar perjuicio para sus intereses económicos y comerciales. Es por ello por lo que se han ocultado dichos datos en la copia del contrato de arrendamiento adjunta a la presente resolución», justificó el subsecretario de Consumo, José Antonio García.

«Posibilidad incierta»

Frente a ese argumento, Transparencia concluyó en su dictamen que no es de aplicación el límite esgrimido por el ministerio por cuanto el daño sobre los intereses comerciales aludido -una teórica situación de desventaja para Cecabank ante futuras negociaciones de contratos de arrendamiento- es una «posibilidad incierta» y no un perjuicio «definido, indubitado y concreto», como exige su criterio interpretativo para dar por buena la invocación de dicha restricción.

«La información de carácter público solicitada tiene una notoria relevancia ya que permite tener conocimiento sobre el gasto público en el que incurre un departamento ministerial por el arrendamiento del inmueble en el que tiene instalada su sede y, por consiguiente, afecta a un servicio público», zanja el CTBG. A juicio de esta autoridad independiente, concurre un «interés público» en el conocimiento de este desembolso a fin de que se pueda «fiscalizar el destino de los fondos públicos».

Pasajes del contrato en los que se detalla la renta y los gastos comunes a abonar por el Ministerio de Consumo.

Firmado el 21 de junio de 2021, el contrato establece una renta anual de 449.182,80 euros (más IVA) -a satisfacer en pagos mensuales de 37.431,90 euros- por los 1.701,45 metros cuadrados que suman las dos plantas alquiladas por el ministerio y el uso de tres plazas en el aparcamiento privado ubicado en el interior del inmueble. El primer abono se pactó el 1 de agosto de 2021, por lo que el departamento de Alberto Garzón ha debido ya de pagar al menos 588.803,67 euros (impuestos incluidos).

Junto con los 45.292 euros de renta mensual, Consumo paga a su casero otros 14.411 en concepto de gastos comunes

Según se detalla en la estipulación cuarta, la cantidad pactada se actualizará a la conclusión de cada anualidad con el objeto de garantizar «el mantenimiento de la competitividad» de dicho importe «frente a posibles variaciones del mercado». En concreto, la revisión tomaría como referencia el Índice de alquiler de oficinas a nivel autonómico o el Índice de alquiler de la vivienda del IPC a nivel provincial en caso de que el primero no se hubiera publicado, aceptando Consumo que la variación sólo se aplique si favorece a Cecabank.

Al montante del arrendamiento se suma el importe mensual que el inquilino tiene que pagar a su casero en concepto de gastos comunes: 14.411,28 euros (IVA incluido). Concretamente, este importe incluye el consumo eléctrico de la oficina, los suministros de gas y agua, el mantenimiento y limpieza de las dependencias, la seguridad y el control de accesos, el uso del mobiliario, los impuestos municipales (el IBI y la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades TRUA) y la utilización del equipamiento audiovisual para reuniones con que está dotada una de las plantas arrendadas.

En principio, el contrato vincula a las partes por cuatro años, si bien el ministerio lo puede romper al término de la segunda o tercera anualidad siempre que avise a la propiedad con una antelación mínima de cuatro meses. Si el arrendatario deseara desistir antes de que termine la vigencia, no sólo deberá comunicarlo a Cecabank seis meses antes sino que también tendrá que indemnizarle «con un importe equivalente a la suma de las cantidades de renta correspondientes al periodo de vigencia» que quedara hasta su conclusión.

Dependencias en cinco sedes

Consumo tiene sus servicios centrales en el edificio del Paseo del Prado (números 18 al 20) en el que están las sedes Derechos Sociales y Agenda 2030 -uno de los departamentos controlados por Unidas Podemos en el Gobierno de coalición- y Sanidad, ministerio éste al que hasta la pasada legislatura estaban precisamente adscritas dichas competencias. La necesidad de Pedro Sánchez de dar cabida a sus socios le llevó a convertir lo que hasta entonces había sido una dirección general en un ministerio con entidad propia.

El departamento de Alberto Garzón tiene repartidas sus dependencias en otros cuatro edificios de Madrid, entre ellos el de Alcalá 27 (cerca de la confluencia con la Gran Vía y del Banco de España). En concreto, en estas céntricas oficinas se encuentran la Subsecretaría de Consumo; la secretaría general técnica, tres subdirecciones generales (Gestión Económica, Oficina Presupuestaria y Asuntos Generales; Personal, Inspección de Servicios y Coordinación, y Recursos, Reclamaciones y Publicaciones) y la División de Tecnologías y Servicios de la Información, entre otras.

Por su parte, la Dirección General de Consumo se encuentra en la calle Príncipe de Vergara 54, la Dirección General de Ordenación del Juego en Atocha 3 y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en Alcalá 56, en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá.

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