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El veto de los conservadores al candidato de los progresistas en el CGPJ obliga al Gobierno a mover ficha en el TC

La última reunión de la comisión negociadora entre conservadores y progresistas concluye sin éxito un día antes del Pleno en el que el grupo mayoritario también pide reivindicar que el consejo de jueces informe sobre la reforma de la sedición

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, preside el primer Pleno tras la renovación el pasado 15 de diciembre.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, preside el primer Pleno tras la renovación el pasado 15 de diciembre. EUROPA PRESS

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que negocian desde septiembre en representación de los bloques conservador y progresista del órgano para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde para que el Gobierno haga lo mismo con otros dos acabó este miércoles nuevamente sin acuerdo.

Desde el grupo conservador y mayoritario informaron que los progresistas «no aceptan el cambio metodológico que se les propuso» para elegir a los candidatos entre ambos grupos y que no se trate «meramente de un intercambio de un nombre por otro». Ambas partes se reunirán de nuevo el próximo 30 de noviembre mientras que la paciencia del Gobierno comienza a agotarse dos meses después de que se haya cumplido el plazo legal para que el consejo de jueces nombrara a sus dos candidatos. Dicho plazo, del 13 de septiembre, se impuso en la reforma legal que impulsó el PSOE para devolver al CGPJ la capacidad de nombrar a la cúpula judicial, aunque únicamente a los magistrados del Constitucional que vencieron su mandato el pasado 12 de junio. Es decir, al presidente Pedro González-Trevijano, al vicepresidente Juan Antonio Xiol y a los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.

Entre los vocales conservadores sentó muy mal que el Gobierno les devolviera dicha función únicamente para nombrar a miembros del Alto Tribunal que contará con una mayoría progresista más acorde a los intereses de Pedro Sánchez cuando sea renovado. Más aún, cuando la imposibilidad de nombrar a magistrados del Tribunal Supremo por la reforma legal que promovieron previamente PSOE y Podemos como medida de presión hacia el PP para que se aviniera a renovar el órgano está cerca de provocar un colapso en el tribunal, donde no se puede suplir a los magistrados que se jubilan mientras el CGPJ continúe bloqueado por la falta de acuerdo político.

No quieren nombrar a Bandrés

En la anterior reunión de los representantes de los dos sectores del CGPJ (Carmen Llombart y José Antonio Ballestero por el conservador y Roser Bach y Álvaro Cuesta por el progresista) celebrada el 16 de noviembre ni siquiera se llegó a hablar de nombres ni a valorarlos. Eso, a pesar de que los progresistas ya habían presentado el nombre de su candidato elegido, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.

Extraoficialmente, los conservadores trasladaron que no aceptarían a Bandrés porque les parece que tiene un perfil «gubernamental» y «próximo al independentismo». Afirmaron que no se trata de vetos, sino de votos, pero en realidad no están dispuestos a cambiar de opinión. Incluso trasladaron que sí votarían a favor de nombrar al juez responsable de autorizar las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Pablo Lucas, otro de los candidatos que los progresistas introdujeron previamente en una lista más amplia.

El grupo conservador todavía no ha aclarado quién es su candidato, pues barajan al juez del procés Pablo Llarena pero también otros perfiles como el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa. Después de que los progresistas no hayan aceptado ese «cambio metodológico» que propusieron para nombrar a los dos candidatos entre todos, los conservadores consideran que lo que supone esta postura es que «no aceptan ningún otro candidato diferente de Bandrés y no aceptan una metodología que suponga un debate real sobre la idoneidad de toda índole de los candidatos». En este punto, el entendimiento parece imposible por muchas reuniones que sigan celebrándose.

En el bloque progresista ven una estrategia dilatoria en la actuación de los interlocutores conservadores. A éstos últimos les interesa que el Gobierno mueva ficha y nombre antes que el CGPJ a los magistrados del Tribunal Constitucional para sustituir al presidente González-Trevijano y al magistrado Narváez que en su día fueron nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Saben que si se produce ese nombramiento surgirá debate alrededor de si podía hacerlo o no puesto que la Constitución recoge que los magistrados del tribunal de garantías serán reemplazados por tercios. Es decir, de cuatro en cuatro cada vez.

Este jueves, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia se reunirá con el presidente del Senado, Ander Gil, para recordarle que los presidentes de la Cámara Baja y Alta deben instar a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. «Son esas medidas las que la asociación judicial quiere reclamar, reconociendo que las continuas trabas que plantea el Partido Popular han llevado a esta situación de interinidad del órgano de gobierno del Poder Judicial, que este mes de noviembre cumple el escandaloso aniversario de llevar cuatro años en funciones», criticaron.

Informe sobre la sedición

El Pleno del CGPJ del que no saldrá el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional coincide con el intenso debate que habrá en el Congreso de los Diputados sobre la reforma del delito de la sedición para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados que presentaron PSOE y Podemos.

Puesto que lo hicieron a través de una proposición de ley, evitan la necesidad de recabar informes preceptivos de distintos órganos, entre ellos precisamente del de gobierno de los jueces.

Los conservadores del CGPJ pidieron incluir en el orden del día del Pleno la necesidad de pronunciarse sobre la falta de petición de dicho informe y para que se debata si «a pesar de ello, no sería oportuno que el Pleno evacuase dicho informe».

«Hay que tener presente que, aunque el artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo se refiere a anteproyectos de ley y no a proposiciones de ley, los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a previo informe de los Consejos de Justicia», trasladaron los vocales del grupo conservador Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona en la petición para abordar el asunto en el Pleno. Se refirieron al dictamen 24 (2021) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos que va en esta línea así como al informe de 2010-2011 sobre los Consejos de Justicia de la Red Europea de Consejos de Justicia. También afirmaron que «existen precedentes en este Consejo de emisión de informes sobre proposiciones de ley».

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