España

La AVT identifica presos de ETA con atentados sin resolver para que se les exija colaborar con la Justicia

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ultima una lista que remitirá a Fiscalía y Gobierno vasco con al menos una decena de internos en cárceles vascas a los que se les relaciona con tres crímenes sin esclarecer.

EFE

La lista aún no está cerrada. En ella figura por ahora una decena de presos de ETA con abultadas condenas. La mayor parte de ellos sigue en prisión. La investigación policial sobre varios atentados aún sin resolver cometidos a partir de los años 90 determinó que, presuntamente, habrían participado en alguno de estos crímenes. Sin embargo, no existen pruebas suficientes como para acusarles en un proceso judicial. En aras al esclarecimiento de esos atentados, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) trabaja en la identificación de más miembros de ETA que estén presos para que se les pueda reclamar colaboración con la Justicia antes de acceder a sus peticiones de progresión de grado que en muchos casos supone su salida en régimen de semilibertad.

Por el momento la investigación se ha centrado en dos atentados ocurridos en Madrid y un tercero en Navarra. La investigación policial determinó que podrían estar involucrados nueve presos de ETA que hoy están internos en cárceles vascas y otro que habría salido recientemente en libertad tras obtener el tercer grado. La AVT plantea remitir esta información tanto al Gobierno vasco como a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que en futuro proceso de progresión de grado que los internos pudieran reclamar esta información sea tenida en cuenta para forzar su colaboración en el esclarecimiento de estos atentados.

La concesión de terceros grado a presos de la banda terrorista llevada a cabo por el Ejecutivo vasco ha recibido varios reveses en los últimos meses por parte de la Audiencia Nacional. Hasta media docena de expedientes han sido revocados en el año que lleva gestionando el Gobierno vasco los tres centros penitenciarios. Los requisitos exigidos, en particular el reconocimiento del daño causado y la petición de perdón, así como el compromiso con la responsabilidad civil o la insuficiente colaboración con la Justicia han sido cuestionados por la Fiscalía y los jueces.

Sin consecuencias penales

Durante unas jornadas de la AVT celebradas la semana pasada en Vitoria, el asesor penitenciario del Gobierno vasco, Jaime Tapia, y el Fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, confrontaron sus diferencias en el análisis de los procesos de progresión de grado aprobados. Tapia se comprometió a pulir los procedimientos para que no volvieran a chocar con la Fiscalía y con el cuestionamiento de los jueces. Cerca de una docena de casos aún deben ser resueltos por la Audiencia Nacional.

El asesor penitenciario del Gobierno vasco apuntó que en líneas generales la colaboración con la Justicia no es algo que los internos estén dispuestos a hacer. El magistrado señaló que en todos los casos tratados hasta ahora tan sólo en una ocasión un preso de ETA manifestó su disposición pero siempre que se le facilitaran “garantías”. La abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, recuerda que los casos identificados corresponden a presos ya condenados por otras causas y que en todos los casos la garantía podría venir precisamente por la situación de haber superado el tiempo máximo de condena efectiva, establecido en los 30 años.

De este modo, su colaboración para el esclarecimiento de atentados sin resolver, incluso en el caso de que pudieran ser condenados por ello, no supondría un mayor tiempo de privación de libertad al haber superado el máximo establecido por ley: “Estamos hablando de casos en los que aunque colaborasen no implicarían para ello ni un año más de condena”, asegura Ladrón de Guevara.

Ni «delación» ni «arrepentimiento»

El colectivo de presos de ETA, el EPPK, aprobó por mayoría -en una votación conocida en junio de 2017- el levantamiento del veto histórico al acceso de los beneficios penitenciarios. En ella se establecía dos límites en su camino para empezar a acogerse al marco penitenciario español, ni “delación” ni “arrepentimiento”. Esta premisa sigue sobrevolando en gran medida el comportamiento de los internos en sus procesos personales. Así, el requisito de reconocimiento del daño causado y la petición de perdón a las víctimas hasta ahora se ha venido recurriendo a pronunciamientos genéricos, no personales. Tapia reconoció que desde hace un tiempo sí se han comenzado a detectar documentos manuscritos, más personalizados, en los que se plasma una petición de perdón más individualizada. Sin embargo, la disposición a colaborar con la Justicia para contribuir al esclarecimiento de los cientos de crímenes sin resolver por el momento no se ha producido y es para lo que la AVT remitirá la información en la que trabaja.

Otro de los aspectos que se quiere revisar en los expedientes de progresión de grado es el relativo a la responsabilidad civil de los presos condenados. En este sentido, hasta ahora los compromisos que el Gobierno vasco ha dado por válidos para autorizar los terceros grados han sido considerado demasiado genéricos e imprecisos por parte de la Audiencia Nacional. La Fiscalía reclama que el Ejecutivo de Urkullu demanda a los presos un compromiso más detallado, cuantificable en cuantía y tiempo y que para ello se empleen las fórmulas ya establecidas en procedimientos judiciales.       

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