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La renovación del TC dará la mayoría a los magistrados que quieren reformar la Constitución

Los proyectos de reforma constitucional necesitan una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, como se recoge en el artículo 167 de la Carta Magna

Fachada y entrada al edificio del Tribunal Constitucional de España. Europa Press

El proceso de renovación del Tribunal Constitucional que se encuentra en este momento atascado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde sus miembros tienen que proponer a dos de los nuevos magistrados para el Alto Tribunal, permitirá, cuando culmine, una nueva composición con mayoría de magistrados progresistas partidarios de hacer reformas a la Constitución de 1978.

El Gobierno, a quien corresponde nombrar a dos magistrados para sustituir al actual presidente, Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez, nombrados en su momento por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que vencieron su mandato el pasado junio, ya ha elegido a sus sustitutos. Se trata del exministro Juan Carlos Campo, que formó parte del equipo de Pedro Sánchez, procediéndose durante el tiempo que estuvo al frente de Justicia al indulto de los líderes del procés, y de la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez Bueso, alto cargo de máxima confianza del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hasta abril de 2022, cuando pasó a la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña.

Mientras Campo rechazó reformas profundas de la Constitución durante su etapa como ministro para retirar la inviolabilidad al rey emérito a raíz del escándalo por su fortuna oculta en el extranjero, la catedrática de la Universidad de Barcelona Díez Bueso es una estudiosa de la descentralización del Estado. El Parlamento catalán aprobó, con los votos de los partidos independentistas Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts su nombramiento para el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, el órgano encargado de que las leyes catalanas respeten el Estatut y la propia Constitución. Fue asesora de los expresidentes catalanes José Montilla y Pasqual Maragall y ha estudiado profundamente el federalismo canadiense y los procesos de referéndum en Escocia.

Fuentes del tribunal de garantías trasladan a El Independiente que la catedrática llega para cubrir la ‘cuota catalana’ en un nuevo periodo en el que la mayoría de los recursos de los miembros del procés contra la respuesta judicial española al desafío independentista de 2017 ya se han resuelto. Además, con unanimidad en la mayoría de los casos contra los intereses de los independentistas.

No es la única catedrática dentro del Alto Tribunal que aboga por abordar reformas en la Constitución. Los magistrados progresistas María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol (vicepresidente que también debe ser reemplazado porque ha vencido su mandato) y Ramón Sáez Valcárcel también aprecian la necesidad de cambios en la Constitución de 1978 que nació prácticamente caduca en materias como la vivienda y los derechos sociales por el consenso político que fue necesario para su puesta en marcha, que hizo que ésta se abordara desde una visión conservadora.

Fragmentación de las Cortes

Cuando el CGPJ proceda finalmente a designar a sus dos candidatos -los conservadores, que son mayoría en el órgano, están bloqueando dicho nombramiento- y se reemplace a los cuatro magistrados que completaron su mandato, el tribunal comenzará una etapa de mayoría progresista. Previsiblemente estará presidida por el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aunque Balaguer también opta a la presidencia en caso de contar con suficientes apoyos dentro del órgano.

Cualquier proyecto político de reforma constitucional necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para que pueda salir adelante, algo difícil en un momento de fragmentación política como el actual. Durante el nuevo mandato que se iniciará en el Alto Tribunal también se celebrarán unas elecciones generales, por lo que las mayorías para abordar este tipo de reformas, que reclaman tanto los partidos independentistas y nacionalistas de Cataluña y País Vasco, así como Unidas Podemos, están en el aire.

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