El pasado 9 de diciembre, el mismo día en que el PSOE y UP llevaron al Congreso la abolición del delito de sedición y las reformas en la ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para lograr de inmediato una mayoría de izquierdas en este último, todo ello por la vía de urgencia, saltándose los controles que serían de rigor para modificaciones legales de tal envergadura, ERC presentó su proyecto para amoldar el delito de malversación a la conveniencia de los líderes independentistas condenados por el procés. Aciago día para la democracia.

En teoría, eso dice el Gobierno, las reformas penales tienen por objeto «desinflamar» la situación en Cataluña, rebajar la tensión, haciendo que los partidos independentistas congelen su aspiración separatista. Pues bien, ese mismo día, el líder de ERC, Oriol Junqueras, dijo en su cuenta de tuiter: «Sólo así será posible limitar la capacidad represiva del Estado, al mismo tiempo que avanzar en el camino de la construcción de una República Catalana justa».

Es decir, que el principal beneficiario de las modificaciones legales que impulsan los partidos del Gobierno valora esas medidas justo al contrario de lo que pretende Pedro Sánchez: como un acicate para avanzar en la construcción de la República Catalana.

Se equivocan los que piensan, eso dice Félix Bolaños, que con la abolición de la sedición y el cambio en el delito de malversación queda concluida la «agenda catalana». ¿De verdad alguien se cree que después de este triunfo ERC va a renunciar a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación?

Abrumado por las posibles consecuencias electorales de esa entrega del Código Penal llave en mano a ERC para que sus líderes, ya indultados, puedan volver a ejercer sus derechos políticos, PSOE y UP presentarán el lunes 12 una enmienda transaccional que eleva un poco las penas para el delito que consiste en utilizar el dinero público para fines inconfesables. Todo está pactado. Al final, la clave es que la inhabilitación que conlleva la condena por malversación no le impida a Junqueras presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Porque él, no lo olvidemos, no quiere ser portavoz en el Congreso de ERC, sino presidente de la Generalitat. El president que pueda pasar a la historia como el que hizo posible la independencia de Cataluña.

Al margen de la eliminación del delito de sedición y la modificación de la malversación a la medida de ERC, Sánchez impulsa cambios en los órganos constitucionales que ponen fin a la cultura del consenso

En una estrategia un tan arriesgada como chapucera, Sánchez ha metido el acelerador en las reformas vergonzantes, metiéndolas todas en el mismo saco para sí quedarse con las manos libres y centrarse en las elecciones municipales y autonómicas de mayo una vez que concluyan las fiestas navideñas. Cree el presidente que la rebaja de la malversación y la eliminación del delito de sedición se olvidarán con el paso de los días, como ocurrió, argumentan en Moncloa, con los indultos. Y respecto a las modificaciones que regulan el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial o el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, considera que son cuestiones demasiado complejas, algo que no llega al ciudadano de la calle. Habrá ruido, admiten en el Gobierno, pero luego todo se calmará y la gente se fijará, sobre todo, en la situación económica. Y ahí, es donde Sánchez piensa dar su golpe maestro, con un paquete de medidas, que presentará a final de este año, que hagan más llevaderos los meses que quedan hasta las elecciones del mes de mayo. Si el PSOE logra buenos resultados, no una derrota humillante, Sánchez puede aspirar en diciembre a reeditar el bloque Frankenstein que ahora le sustenta.

La explicación del Gobierno para «meter en cintura» a los jueces conservadores y forzar ya el cambio de mayoría en el Constitucional es que el PP ha incumplido la Constitución al retrasar durante más de cuatro años la renovación del CGPJ y llevar, además, seis meses bloqueando la del Tribunal de Garantías. Es cierto que el PP ha incumplido su obligación constitucional, unas veces con excusas de peso -como la supresión del delito de sedición que causó la ruptura de negociaciones en octubre-; otras, con motivos espurios, puramente electorales, algo que hizo Pablo Casado en dos ocasiones. Esa dilación, esa pérdida de tiempo, como en el fútbol, sería merecedora de una tarjeta amarilla, incluso de una roja si ese comportamiento es reiterado. Pero lo que ha hecho el Gobierno con sus modificaciones es romperle la rodilla a la Constitución, algo que merece, como poco, la roja directa.

Los órganos constitucionales, como el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, están diseñados en la propia Constitución para forzar el consenso entre los grandes partidos. Las mayorías parlamentarias producen cambios en estos órganos, pero esos cambios siempre han sido posibles gracias al pacto entre el PSOE y el PP, y a veces, también del PNV, CiU e incluso IU.

Esa voluntad de pacto, independientemente de qué partido tenga la mayoría en el Congreso, es lo que inspiró la Constitución y lo que hizo posible la consolidación de la democracia.

Los cambios legales que ahora impulsa el Gobierno no son de tono menor, por mucho que se mezclen con las vergonzosas modificaciones del Código Penal, sino que afectan a la esencia de la Carta Magna, a la necesidad de pacto entre la izquierda y la derecha moderadas para que nuestra norma esencial de convivencia no este al albur de intereses electorales puntuales. Por eso es tan grave lo que está a punto de perpetrarse.