El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado que la escuela catalana tiene la obligación de ofrecer "una o varias" asignaturas principales en castellano más allá de las 2,5 horas semanales de español a las que obliga la Ley. De este modo, el TSJC sortea la nueva legislación aprobada por la Generalitat para eliminar los porcentajes de lenguas en la educación. Un decreto aprobado con el único objetivo de sortear las sentencias del 25% en castellano, como ha reconocido el propio Govern.

La sentencia fija que el centro tiene la obligación de ofrecer "una o varias" asignaturas en castellano, además de la asignatura de lengua. Y que debe ser una asignatura principal, impartida a todo el grupo, no la hora de educación física como había hecho hasta ahora el centro.

La Generalitat pretende "que la supresión del porcentaje permite la supresión del castellano y eso es inconstitucional" ha concluido el vocal de la Asociación por una Escuela Bilingüe, José Domingo. La importancia de esta sentencia, explica el asesor jurídico de la AEB, radica en que es el primer pronunciamiento del TSJC en base a la nueva legislación catalana, en la que se prohíbe la aplicación de porcentajes.

Nueva jurisprudencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó en agosto las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los colegios catalanes más allá de la clase específica de castellano. AEB planteó estas cautelares tras la decisión del TSJC de suspender la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en las escuelas.

Ahora, sin embargo, el TSJC fija nueva jurisprudencia, que la AEB confía en que marque también las próximas decisiones de Tribunal Supremo. Una jurisprudencia que de entrada debería condicionar las resoluciones sobre los 13 casos que la Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo, después de que el TSJC anulara sus proyectos lingüísticos por no incluir ni una asignatura en castellano.

"Hemos derrumbado el pacto" de socialistas, comunes y ERC que permitió impedir la aplicación de las sentencias del 25%, ha destacado la presidenta de la AEB, Ana Losada. "Y lo hemos hecho desde la AEB sin recursos" y a pesar de los partidos "que llegan a acuerdos que conculcan los derechos de los ciudadanos".

Abandono del Gobierno

Losada ha denunciado, en este contexto, el "abandono de la Alta Inspección de Educación", que se ha inhibido en el mantenimiento de las cautelares para las familias que ya tenían sentencias favorables. Esas medidas "se han mantenido sin su apoyo y ni siquiera nos ha contestado", ha lamentado. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Educación, al que llevan "un año esperando" para que reciba a la AEB.

Domingo ha recordado, por su parte, que el Govern de Pere Aragonés forzó al Gobierno a no recurrir el decreto "para blindar que el catalán fuera lengua única de enseñanza y la sentencia hace fracasar ese proyecto". Por tanto, ha añadido, esta sentencia "tiene una gran importancia política" porque "acaba con la estrategia fraudulenta" de la Generalitat.

Domingo y Losada han advertido además del nuevo subterfugio aplicado por algunas escuelas, en las que ya no se habla de asignaturas sino de proyectos, tal como recoge la nueva normativa catalana. Sin embargo en algunos casos esto sirve para eliminar también la clase de castellano.

"Con el engaño del trabajo por proyectos" algunos centros "minimizan más el castellano, no imparten ni una hora " ha denunciado Losada. La ley obliga a un mínimo de 2,5 horas de castellano por semana. "Alertamos a los padres para que verifiquen que eso se está haciendo, los equipos docentes no pueden engañar a los padres".

Nuevas reclamaciones

Un total de 26 centros educativos catalanes mantienen las medidas cautelares dictadas por el TSJC que les obligan a impartir al menos un 25% en castellano. Pero esta nueva sentencia abre la vía a nuevas reclamaciones, ha explicado Losada, porque esquiva la reforma legal de la Generalitat.

El Tribunal Superior de Justicia catalán consideró la pasada primavera que, vistas las reformas legales aprobadas por el Parlament, que vetan explícitamente la fijación de porcentajes en el uso de las lenguas, su sentencia, ratifica por el Tribunal Supremo, es inaplicable.

El TSJC consideró en el mismo auto que las dos leyes aprobadas por la Generalitat y el Parlament tienen visos de inconstitucionalidad y ya las ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Pero este recurso no frena la aplicación de la nueva legislación. Por tanto, se mantiene suspendida la sentencia del 25% en castellano.