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12.600 pensionistas vascos 'pobres' reciben 9.500 euros al año en ayudas sociales

Se trata de perceptores de prestaciones sociales en la comunidad autónoma con las pensiones más altas de España, que tras la subida aprobada pasarán de media de 1.543 a 1.658 euros al mes.

Una persona mayor sostiene monedas en sus manos.

Imagen de Freepik

Es la tierra con las pensiones más altas del país. También en Euskadi este mes de enero verán incrementar sus pensiones un 8,5%. En su caso ese porcentaje representará, de media, percibir 115 euros más que en la última ‘nomina’ de diciembre. De media, los 377.500 jubilados vascos pasarán de percibir una media de 1.543 euros por su pensión a los 1.658 euros, de un mes a otro. En términos absolutos el importe se distanciará un poco más de la pensión media en el conjunto de España, que pasará de los 1.259 a 1.366 a casi 300 euros de diferencia.

Pero la realidad de los trabajadores jubilados es muy dispar, incluso en la comunidad autónoma con los jubilados más ‘ricos’. En Euskadi existen alrededor de 377.500 perceptores de una pensión de jubilación, pero entre ellos no todos lo hacen con esos importes. No son pocos los ‘pensionistas’ o jubilados sin apenas ingresos que necesitan de un complemento social para poder llegar a fin de mes. Según los últimos datos aportados por el Ejecutivo vasco en diciembre pasado uno de cada cuatro perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos era pensionista: 12.686 perceptores en total.

Se trata de hombres y mujeres que perciben una prestación media de alrededor de 9.500 euros anuales, lo que equivaldría a algo menos de 800 euros al mes. En muchos casos también tienen derecho a percibir una ayuda complementaria por vivienda, que alcanza los 275 euros.

El número de perceptores de la RGI entre el colectivo de jubilados se mantiene ligeramente por debajo del registrado en 2021 pero sigue representando alrededor de un 25% del total de beneficiarios de estas ayudas en Euskadi. La llamada RGI en el País Vasco es la prestación social más antigua de toda España y la que utilizó como referencia el Gobierno de Pedro Sánchez para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital. El IMV también está gestionado en la actualidad por la oficina de empleo vasca, Lanbide, que en el último año ha reconocido su derecho a percibirla a 19.794 titulares, casi la mitad de ellos sin derecho a cobrar la RGI. En el resto de los  casos los perceptores podían recibir ambas ayudas, en importes ajustados y a modo de complemento, tanto la RGI como el IMV.

476 millones en ayudas sociales

Euskadi destinó durante el año 2022 un total de 476 millones de euros en ayudas sociales como la RGI, que absorbió el importe mayoritario -302 millones de euros-, seguido del IMV -87,5 millones- y la ayuda a la vivienda -77,6 millones- y otras.

La leve recuperación del empleo y la crisis económica en la economía vasca ha permitido reducir un 6,6% el número de titulares de la RGI respecto al pasado año.

En términos generales la situación de precariedad severa en el tejido social vasco es la menos grave del Estado. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el impacto del Covid ha agudizado en el conjunto del país el número de casos de pobreza severa. En el caso de Euskadi, estima en un 4% de la población la que se encuentra en esta situación de extrema necesidad. Este organismo estima en un umbral de 530 euros mensuales la renta por debajo de la cual se vive en pobreza severa.

Pobreza severa

En España 4,8 millones de personas se encontraban en esta situación a finales de 2021, fecha de referencia del estudio, lo que equivale al 10,2% de la población. Una parte importante de las mismas se encuentran en esa situación pese a tener empleo, vivienda o un nivel educativo medio-alto. La precariedad de ingresos en la que se encuentran es la que les lleva a no poder hacer frente a todas las necesidades básicas.

El País Vasco con el 4% de la población en esta situación es la que registra el menor porcentaje, seguida de Navarra con un 5,9% y Cantabria con un 6% de su población en situación de pobreza severa. En el extremo opuesto se encuentran las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía y Extremadura, con porcentajes que oscilan entre el 12,5% y el 16,8% de su población.

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