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El año arranca con dos candidatos a presidir el TC, el CGPJ estancado y el ajuste de penas del 'procés' en el Supremo

PSOE y PP tienen que nombrar también al magistrado que sustituya a Alfredo Montoya, quien renunció por motivos de salud

Imagen general de la Sala del Supremo durante una de las sesiones del juicio del procés.

Imagen general de la Sala del Supremo durante una de las sesiones del juicio del procés. EFE

Este 2023 comienza, en lo que respecta a la actualidad judicial, con el foco puesto en el Tribunal Constitucional (TC). Este lunes toman posesión de su cargo como magistrados los cuatro juristas elegidos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa.

Con su entrada y la salida del hasta ahora presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, la composición del Alto Tribunal invierte su mayoría conservadora por otra progresista. A partir de ahora, el tribunal de garantías tendrá siete miembros de tendencia progresista y cuatro, progresista.

La primera tarea de los magistrados del TC será la de elegir a su propio presidente. El magistrado de mayor edad Ricardo Enríquez, quien ocupará la vicepresidencia del órgano, tendrá que convocar el pleno al efecto. Lo novedoso del proceso de renovación es que, en esta ocasión, no hay una única persona que opte a la presidencia, sino dos: el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer, ambos progresistas. El primero cuenta con el apoyo de los magistrados progresistas del tribunal, se da por hecho que también los del exministro socialista Campo, nombrado por el Gobierno, y la jurista Díez. La segunda levanta más simpatías entre los magistrados conservadores. De ahí que el voto de la magistrada de sensibilidad progresista Segoviano, nombrada por el CGPJ, será clave para que sea una u otra persona quien finalmente presida el TC, intérprete supremo de la Constitución.

Para recuperar los 12 miembros del Alto Tribunal, puesto que después de los nombramientos son 11, PSOE y PP tendrán que ponerse de acuerdo para nombrar al sustituto del magistrado Alfredo Montoya, quien renunció al cargo por motivos de salud. Puesto que en su momento fue designado por el Senado a propuesta del grupo popular, se espera que también sea el PP quien proponga a quien le reemplace. De esta manera, continuaría habiendo una mayoría progresista en el tribunal, aunque algo más ajustada, de siete miembros frente a cinco conservadores.

Reforma de la sedición y malversación

También esta semana, el día 12, entrará en vigor la reforma legal de los partidos del Gobierno que elimina el delito de sedición, sustituyéndolo por otro de desórdenes públicos agravado y reduce las penas para el delito de malversación, incluyendo una distinción entre lucro personal y desvío de fondos públicos sin beneficio propio.

El Tribunal Supremo, de acuerdo con el nuevo marco legal, tendrá que revisar la sentencia del procés, en la que los políticos independentistas como el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras fueron condenados por los delitos de sedición y malversación, ajustando las penas impuestas.

En realidad, puesto que todos los políticos condenados a penas de prisión en la sentencia de la Sala Segunda ya vieron éstas indultadas. El Gobierno únicamente les dejó las condenas de inhabilitación que, según la nueva redacción de la ley, deberían reducirse. Distintos juristas han advertido de que no sólo los condenados en la sentencia del procés, el expresidente catalán Carles Puigdemont que huyó de la Justicia española y no ha podido ser juzgado y tres consejeros de su gobierno también residentes en Bruselas y Reino Unido, se beneficiarán de la reforma de la sedición y malversación. Consideran que habrá una avalancha de rebajas de penas por delitos de corrupción como ha ocurrido con la ‘Ley del sólo sí es sí’ por el principio de aplicación de la ley más favorable.

Mientras tanto, cuatro años y un mes después de que venciera el mandato de sus 20 miembros, el órgano de gobierno de los jueces continúa bloqueado por la falta de acuerdo político entre PSOE y PP para su renovación. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de deslealtad institucional pero lo cierto es que desde octubre no se han retomado las conversaciones, que llegaron a ser directas entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para renovar el CGPJ. En un período preelectoral, en el propio consejo de jueces y entre las asociaciones judiciales no hay muchas esperanzas de que esa renovación vaya a acordarse próximamente.

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