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Anticorrupción ve que la reforma del delito de malversación dificulta su trabajo

La propuesta del partido del Gobierno traerá consigo rebajas de penas y una prescripción más pronta de los delitos, algo que afectará tanto a casos de corrupción con sentencia como a los que aún no han sido juzgados

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante el 25 aniversario de la Fiscalía especializada.

La reforma en marcha de los partidos del Gobierno para reformar el delito de malversación, que beneficiará directamente a los políticos independentistas condenados en la sentencia del procés del Tribunal Supremo, aunque también a otros, pondrá trabas al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción si finalmente sale adelante, como reconocen fuentes del Ministerio Público.

La proposición registrada por PSOE y Podemos para reformar el delito de sedición, a la que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) añadió una enmienda sobre la malversación ligeramente rectificada por una transaccional del PSOE, recoge una rebaja significativa de las penas para quienes desvíen dinero público, diferenciando entre quienes lo hacen buscando el lucro personal o para un tercero (apropiándose de los fondos públicos) y quienes no.

Fuentes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción trasladaron este miércoles que no comparten ni entienden dicha separación porque el delito de la malversación supone desviar dinero público sin importar el fin con el que se haga. En Anticorrupción ven claramente que la reforma, si finalmente sale adelante, supondrá un goteo de peticiones de revisión de sentencias y afectará tanto a casos para los que ya hay sentencia como a otros que aún tienen que ir a juicio o en los que el Ministerio Fiscal todavía no ha presentado escrito de acusación.

Puede afectar al ‘caso Kitchen’

Precisamente la Fiscalía tiene que presentar en los próximos días -en caso de que el Juzgado ponga a disposición de todas las partes personadas información que aún no ha colgado en su servicio web, como adelantó El Independiente– el escrito de acusación de la pieza Kitchen del caso Villarejo. En ésta figuran como investigados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, así como la ex cúpula de la Policía, por supuestamente poner en marcha un operativo parapolicial para recuperar información sensible para altos cargos del Partido Popular en manos del extesorero de dicha formación, Luis Bárcenas.

Anticorrupción ya tiene ultimado su escrito de acusación -las acusaciones populares ya presentaron los suyos-, pero en caso de que la reforma legal entre en vigor antes de que el Juzgado cuelgue la información pendiente, fuentes de dicho departamento no descartan modificarlo teniendo en cuenta los cambios que ésta introduce, lo que podría beneficiar a los acusados en cuanto a las peticiones de penas.

El Gobierno ha argumentado que su rebaja no beneficiará a los acusados en el caso Kitchen considerando que en esta causa hubo un «lucro», el del comisario José Manuel Villarejo. Sin embargo, en la Fiscalía no comparten esta interpretación porque no ven claro el lucro personal ni de Fernández Díaz ni de Martínez. Hay que tener en cuenta que en la instrucción de dicha causa se investigó la utilización de fondos reservados del Estado para el operativo «parapolicial», como consideró la Fiscalía, de espionaje a Bárcenas, y no la sustracción de fondos públicos en beneficio de alguno de los investigados.

No dar «pasos atrás» en la lucha contra la corrupción

Este miércoles, durante la celebración del 25 aniversario de la Fiscalía, el fiscal jefe Alejandro Luzón pidió a los políticos que no den «pasos atrás» en la lucha contra la corrupción y no «degraden y diluyan la respuesta penal ante las conductas corruptas», en clara alusión a la pretendida reforma del Código Penal.

El responsable de Anticorrupción ha insistido en que es importante que se «profundice en el ámbito preventivo de la corrupción», animando a ciudadanos y medios de comunicación a investigar y presentar denuncias para que la Fiscalía pueda continuar investigando, así como ha insistido en que, por su parte, los poderes públicos deben trabajar para que haya mayor transparencia y controles rigurosos contra las puertas giratorias o la contratación pública.

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