España

García-Page arremete contra la enmienda de ERC a la Ley de universidades que avala las declaraciones políticas de los claustros

Más de un millar de profesores universitarios, con 350 catedráticos, reclaman eliminar la enmienda de ERC y Bildu y que la LOSU incluya "una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación"

Acto en la Universidad Politécnica de Valencia.

Acto en la Universidad Politécnica de Valencia. EP

La Ley de Universidades «no puede amparar que en sus claustros se puedan hacer pronunciamientos ideológicos». Lo han denunciado el millar largo de catedráticos y profesores universitarios firmantes del manifiesto que exige salvaguardar la neutralidad de las universidades. Y se ha sumado a la denuncia el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El barón socialista ha vuelto a evidenciar sus discrepancias con algunas propuestas del Gobierno -la Ley de Universidades es obra del ministro Joan Subirats, de Podemos- tachando de «grave» la enmienda de ERC y Bildu introducida en el texto propuesto por el Gobierno. Una enmienda que «se sale por completo de marco constitucional».

Page se suma así a la denuncia del manifiesto impulsado por la plataforma Universitaris per la Convivència en respuesta a la enmienda de los republicanos, que busca blindar declaraciones como las adoptadas por diversos claustros universitarios catalanes en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés independentista.

Nombres como Fernando Savater, Félix de Azúa, Teresa Freixas, Carlos Rodríguez Braun, Jon Juaristi o Francisco Sosa Wagner figuran entre los 1.046 profesores universitarios que se han adherido ya a la denuncia, remitida a los diputados y senadores para frenar este punto.

La carta comenzará a circular a partir de hoy públicamente para que se sumen los profesores que consideren que «las universidades no han de tener un pensamiento oficial sino constituir un foro abierto para el debate libre de ideas». Desde Universitaris per la Convivència se ha pedido una entrevista urgente al ministro Subirats en la que se le haría entrega de todas las firmas recogidas hasta ese momento.

Libertad ideológica

En concreto, el manifiesto reclama que se suprima el artículo 45.2. g de la LOSU. Advierte que «no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos “posicionarse” sobre) cuestiones de índole no académica». Y señalan que este artículo puede ser interpretado «de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de cátedra».

A los promotores del manifiesto les preocupa especialmente la repetición de pronunciamientos como los vividos en diversas universidades catalanas. Declaraciones «que generan una fuerte controversia social -alineándose siempre con los posicionamientos políticos de la Generalitat- y que ya han sido declarados contrarios a la libertad ideológica por el Tribunal Supremo, recuerdan.

Corregir a los tribunales

En este sentido, denuncian que en el debate de totalidad del texto de la LOSU en el Congreso «ha quedado patente» que la enmienda de ERC y Bildu «busca corregir las resoluciones de estos tribunales, por más que se apoyan en derechos fundamentales y principios constitucionales que en modo alguno pueden ser contrariados por una ley orgánica».

De hecho, en la defensa de esta enmienda la diputada republicana Marta Rosique lamentó las denuncias a las universidades de Barcelona o la Politècnica de Catalunya. «Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión» argumentó la republicana.

Referencia clara a la neutralidad

Los impulsores del manifiesto, por contra, reclaman la eliminación de la enmienda y que se incorpore al texto de la LOSU «una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas».

Entre los firmantes se encuentran 350 catedráticos de universidad y profesores de la práctica totalidad de las universidades públicas españolas y de gran parte de las privadas. La lista incluye a profesores a exmagistrados del Tribunal Constitucional y altos cargos en diversos gobiernos españoles.

Te puede interesar

Comentar ()