El doctor uruguayo al que la Fiscalía ha dado el visto bueno para su extradición, Carlos Américo Suzacq Fiser, ya tuvo que enfrentarse a un tribunal español en el pasado. Fue en San Sebastián, en 1994, cuando estuvo implicado en la muerte de un etarra.

El nombre del preso era Mikel Zalakain y sufrió una parada cardiorrespiratoria en la cárcel donostiarra de Martutene. La Fiscalía pidió para él y otros tres médicos un año de prisión por un delito de imprudencia temeraria. La defensa elevó la petición a seis años. La defensa alegó que el fallecido no atendió las insistentes recomendaciones médicas de que abandonara el tabaco, "al que estaba habituado con un consumo aproximado de 3 paquetes diarios y entre 6 y 8 puros", según recogió El País en su día.

Pero ahora se sienta en la Audiencia Nacional por otros motivos. Picana eléctrica, submarino seco, golpes, insultos, vejaciones, torturas, personas esposadas y encapuchadas, ataduras con alambre de espino o amenazas. Es una breve lista de las prácticas durante la operación llevada a cabo por la dictadura Uruguaya contra los militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) entre los años 1972 y 1975. Y de todas ellas fue testigo, cuando no instigador, Suzacq Fiser.

Este hombre, con nacionalidad uruguaya y española, fue médico en el Regimiento de Caballería Mecanizado número 6. Ubicado en el barrio de Piedras Blancas, en el norte de Montevideo, el regimiento funcionó como centro de detención y tortura de los detenidos bajo la responsabilidad del Ejército y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Ahora el relato de nueve víctimas ha llegado a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde se estudia su extradición.

El médico, especializado en cardiología, tiene una clínica en Móstoles. Es español desde 1978 y vive en la Comunidad de Madrid con su mujer, hijos y nietos. La Fiscalía se ha mostrado favorable a que Suzacq sea entregado a las autoridades de su país natal, donde se le requiere por delitos de lesa humanidad.

Testimonios

A. M. M. N. llegó al Regimiento encapuchada. Allí la desnudaron, le ataron los tobillos con alambrada, le aplicaron la picana eléctrica y la amenazaron con bañarla con ácido o fusilarla. Todo ello estando embarazada, aunque Suzacq le dijo que no lo estaba. Le obligó a firmar el acta bajo amenaza de volver a torturarla.

J. M. P. E. fue golpeado mientras estaba detenido. Lo esposaron, lo encapucharon y, como era corriente en las dictaduras sudamericanas de los 70, le aplicaron la picana mientras estaba empapado en agua. Suzacq, según el testimonio de la víctima, asesoraba a sus captores. 

B. T. L. y J. M. P. E. pasaron por situaciones similares: los desnudaron, golpearon y les torturaron con la picana eléctrica. G. S. A., por su parte, sufrió el “submarino seco”, una técnica por la que a la víctimas se le coloca una bolsa de plástico apretada al cuello para que no pueda respirar. Suzacq también estuvo presente. 

E. N. R. vio como el cardiólogo afincado en Madrid “específicamente autorizaba a seguir torturando” y E. Z. afirma que pasó su martirio delante de su esposo, quien también sufrió castigos físicos. Esta mujer también estaba embaraza pero, como su estado era más evidente que el de su compañera, su situación fue utilizada como elemento de coacción psicológica.

Todos ellos afirman que, tras su paso por el Regimiento de Caballería bajo la atenta mirada de supervisión del cardiólogo, sufren secuelas tanto físicas como psicológicas que se reproducen en la actualidad.

El 'caso González'

Según recogen medios uruguayos, la extradición de Suzacq puede ser clave para la ampliación y el esclarecimiento de uno de los símbolos de los desaparecidos en el pequeño país sudamericano, Luis Eduardo González. Visto por última vez el 25 de diciembre de 1974, este estudiante de medicina era militante del PCR. Fue secuestrado junto a su esposa, embarazada de cuatro meses, en Montevideo. El Ejército informó de que se había fugado.

Durante la vista de este miércoles el médico se opuso a su extradición. A juicio de la abogada defensora el tratado de extradición entre España y Uruguay impide entregarle si los delitos han prescrito en la legislación española, como ha ocurrido al haber transcurrido más de veinte años desde su comisión. En el país que lo requieren siguen vigentes.

El fiscal asegura que Suzacq "participó en tal condición asesorando a los interrogadores del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) para con coerción física obtener testimonios de los detenidos, hechos que se encuadran en la operación contra el Partido Comunista Revolucionario (PCR) desarrollada entre los años 1972 y 1975" y "como consecuencia de las confesiones obtenidas mediante el uso de la violencia se obtuvieron condenas de los interrogados y de terceras personas". El juez decidirá su extradición en los próximos días, según fuentes de la Audiencia Nacional.