Un juzgado de Madrid investigará la 'operación Cataluña' a raíz de una querella de Sandro Rosell contra Villarejo

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid investigará la 'Operación Cataluña' tras admitir la querella presentada por el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y varios policías por los delitos de organización criminal, falsedad documental, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detenciones ilegales.

En concreto, el juez Hermenegildo Alfredo Barrera, en una providencia de 15 de febrero, adelantada por La Vanguardia a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que tras recibir el informe del Ministerio Público, su juzgado es competente para esta causa y en consecuencia avanza que procede tomar declaración a los investigados, por lo que oficia a la Policía para que le haga llegar el nombre completo y la dirección actual de los mismos.

En la querella de Rosell, a la que también ha tenido acceso Europa Press, se apunta a que el comisario Villarejo, el inspector jefe de la UDEF Alberto Estévez, el antiguo inspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Giménez Raso y el agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri están implicados en la emisión y presentación de informes policiales "mendaces" que tuvieron como destinatario el Juzgado Central de Instrucción que acordó la prisión provisional del empresario catalán durante dos años. Añade que además se celebraron reuniones entre miembros de cuerpos policiales, confidentes supuestamente retribuidos con fondos reservados y agentes de la Embajada de los Estados Unidos en España.

El equipo legal de Rosell, indica en la querella que si bien actúa contra estas cuatro personas, de momento no va contra la senadora 'popular' Alicia Sánchez-Camacho, "considera (...) que el papel que se le atribuye en el relato de hechos podría otorgarle sobradamente la condición de querellada".

Y apunta que, dado que los querellados "tenían en el momento de los hechos la condición de autoridades y funcionarios públicos del Estado español y actuaron en el ejercicio de sus respectivos cargos", emprende también la acción civil "en reclamación de todos aquellos perjuicios económicos y morales (...) contra los querellados personas físicas y contra el Estado al que representaban".