El diputado del Partido Popular Alberto Casero a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados
El diputado del PP, Alberto Casero ha transmitido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que renuncia al acta de diputado para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido. Esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor.
La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación. En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Poco después de conocerse esta decisión del Supremo, fuentes del PP anunciaron este mediodía que el propio Casero había solicitado de motu propio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido. Ahora, acaba de transmitir a Gamarra que renuncia al acta de diputado "para evitar cualquier daño que su situación pueda producir al partido". El PP ha señalado que "esta decisión la ha adoptado de manera voluntaria, antes de que le haya sido notificado el auto del juez instructor", han añadido las mismas fuentes.
Renunciar al acta de diputado antes de que se haya dictado auto de apertura de juicio oral supone la pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Así las cosas, cabe esperar que el procedimiento --que se dirige contra Casero por presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos cuando era alcalde de Trujillo (Extremadura)-- regrese a los juzgados de dicha localidad, donde se inició la investigación.
Este mismo viernes, se ha dado a conocer que el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo había propuesto juzgar al hasta ahora diputado del PP por cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
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