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La Fiscalía denuncia que el Barcelona pagó a Negreira a cambio de "favorecer en la toma de decisiones de los árbitros"

El Ministerio Público dirige la denuncia por los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) contra el Barcelona como persona jurídica y sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad

Imagen del Camp Nou, el estadio del Barcelona

Imagen del Camp Nou, el estadio del Barcelona AFP7 / Europa Press

La Fiscalía denuncia que el Fútbol Club Barcelona alcanzó un acuerdo con el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbritos (CTA), José María Enríquez Negreira, y le pagó para que favoreciera al club "en la toma de decisiones de los árbitros".

El Ministerio Público ha presentado este viernes la denuncia que venía anunciando durante esta semana contra el FC Barcelona como persona jurídica, contra el propio Negreira y contra los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, consultado por El Independiente, el Ministerio Fiscal afirma que "a través de los presidentes ARF y JMBF [en referencia a Rosell y Bartomeu] el FCB alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado JMEN [Negreira], a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales".

La denuncia se dirige contra el expresidente del club Josep María Bartomeu a pesar de que fue él quien puso fin a los pagos a Negreira porque los supuestos informes verbales de "asesoramiento" se extendieron desde 2001 hasta 2018, cuando él estaba al frente del club. La sorpresa respecto a lo que se habría filtrado ha sido que el Ministerio Público también ha dirigido sus acciones contra el expresidente Sandro Rosell a pesar de que hay dudas de que los supuestos delitos cometidos durante el periodo en que estuvo frente al club hayan prescrito.

La denuncia finalmente se ha presentado por los presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad. También se dirige contra Negreira y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler.

La Fiscalía cifra en más de siete millones los importes cobrados por Negreira del Barça entre 2001 y 2018: "Los pagos realizados por el FCB al denunciado JMEN, desde el 2001 al 2018 durante su vicepresidencia en el CTA, superaron los 7,3 millones de euros según el histórico de importes facturados anualmente por las entidades D 95 S.L y N SCP, confeccionado a partir de los datos declarados en el Modelo 347 y SII por la AEAT. Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del Club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", se lee en la denuncia.

En ésta se repasan las diligencias de investigación practicadas, tanto la petición de información al club como la comprobación de datos con la Agencia Tributaria.

"La Inspección Fiscal requirió al FCB copia de las facturas y de los medios de pago utilizados, descripción de la naturaleza de los servicios prestados referidos al contenido de cada factura y su relación con la actividad de la entidad. Asimismo, interesó el contrato de prestación de servicios o de otra naturaleza suscrito entre el FCB y las mercantiles referidas y, finalmente, el acuerdo adoptado por el órgano o persona facultada según los Estatutos de la entidad para realizar las citadas contrataciones. Una vez que fueron aportadas las facturas recibidas de los proveedores N SCP y D 95 S.L [las sociedades de Negreira] y a fin de justificar la concreta naturaleza y efectividad de los servicios descritos, la Inspección Tributaria interesó la identificación de los profesionales, técnicos o personal auxiliar que desarrollaron esos servicios así como copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FCB fue que no se había encontrado la documentación requerida. En consecuencia, se consideró no deducible el gasto en el Impuesto sobre Sociedades así como el IVA soportado por el obligado tributario por cuanto no existía conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento y tampoco se individualizaba el servicio prestado ni relación directa con la actividad empresarial o profesional del Club. Fue entonces cuando se estimó mera liberalidad, gasto fiscal no deducible en la base imponible cualquiera que fuera su denominación: i) disposición gratuita de una cosa a favor de otro que la acepta; ii) producto de una voluntad unilateral que carece de función retributiva; iii) entrega de dinero por la que no se obtiene contraprestación. El día 21/07/2021, la propuesta de regularización, referida al Impuesto sobre Sociedades modelo 129, que planteó la Inspección se aceptó por el FCB en Acta núm. 825. 94343A02 de conformidad, procediéndose a la corrección de la base imponible e incrementándola en una cuota de 404.249,52 euros, más otros 52.324,74 de intereses de demora. Asimismo, en Acta núm. 82594946, referida al Impuesto sobre el Valor Añadido modelo 210, el FCB mostró la conformidad con la propuesta de liquidación de una cuota de 473.050,11 euros, más otros 84.991,54 de intereses de demora. Por tanto, las facturas perdieron la presunción de validez del acto que incorporaban, a pesar de acreditar el pago efectivo, cuando de la actuación de comprobación e investigación llevada a cabo por la Inspección de los Tributos se concluyó que dichas facturas no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas antes referidas ante la falta de una prueba que acreditara la realidad de la actividad desarrollada por aquellas", explica el fiscal en la denuncia presentada este viernes.

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