La denominada operación Cataluña, la presunta utilización de medios del Estado para un espionaje a líderes independentistas en beneficio del Gobierno de Mariano Rajoy, vuelve a estar en el candelero. El PSOE quiere que se aborde en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados si ésta existió. Por otro lado, un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella del expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por supuestamente investigarle junto a otros objetivos. Otras personalidades catalanas, como el exconsejero de Economía Jaume Giró, han visto abierta la posibilidad de que un juzgado investigue si fueron espiados por el Gobierno en una campaña para desestabilizar al independentismo. También han presentado sus querellas ante el mismo juzgado que admitió la querella de Rosell aportando declaraciones públicas de Villarejo y anotaciones de sus agendas como indicios.

A las reuniones de coordinación asistieron los DAO de Policía y Guardia Civil, y miembros de la Comisaría General de Información y el Servicio de Información de la Guardia Civil, pero el que no estuvo jamás fue Villarejo

En dichas querellas se da por hecho que "a partir del año 2012 y en años posteriores, coincidiendo con el importante auge del movimiento independentista catalán, varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, incluso determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de operación Cataluña".

El Independiente se ha puesto en contacto con Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad o número dos del Ministerio del Interior desde 2013 hasta 2016, quien, rompiendo su silencio, ha autorizado a dar su versión sobre el asunto por primera vez fuera de sede judicial o parlamentaria.

Martínez sostiene que entre finales de 2012 y principio de 2013 -cuando él pasó a ocupar el cargo de secretario de Estado procedente del Gabinete del Ministerio de Fernández Díaz, que dirigía- "existía una estrategia en el ámbito de la Inteligencia policial o de la información para frenar cualquier amenaza de graves delitos contra el orden constitucional y esta amenaza (el independentismo) pasó a ser de primera magnitud".

Después de la Diada de 2012 es cuando el Gobierno tuvo "conciencia del salto cualitativo" que había dado el independentismo y se entendió que ya no se estaba ante un problema político, sino de Estado". Martínez revela que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en dicha estrategia, liderados por los Directores Adjuntos Operativos (DAO) de ambos cuerpos, Eugenio Pino y Cándido Cardiel Ojer, coordinados por el propio Martínez, elaboraron informes de evaluación de esa amenaza que entregaban de forma periódica al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Igualmente, afirma que se mantuvieron reuniones de coordinación en el Ministerio del Interior para abordar los avances de dicha estrategia contra "la amenaza del independentismo catalán".

"El ministro del Interior (Jorge Fernández Díaz) recibía informes de evaluación de esa amenaza independentista"

"Asistieron a dichas reuniones los DAO (directores adjuntos operativos) de Policía y Guardia Civil, miembros de la Comisaría General de Información y del Servicio de Información de la Guardia Civil. Yo asistí a algunas y el que no estuvo jamás en esas reuniones fue Villarejo", recuerda Martínez. "Unas veces Pino le pasaba la información al director de la Policía, Ignacio Cosidó, en ocasiones también a mí y otras era Cosidó quien me la pasaba a mí", asegura.

El ex alto mando de Interior diferencia entre la mencionada estrategia para recabar información "dirigida a la prevención de delitos, porque la prevención también es una función policial" y la que se hiciera por parte de la Policía Judicial una vez se encontrara algún tipo de actuación sospechosa de ser delictiva. También de la que llevara a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la que asegura no haber estado informado.

Lo que deja claro el ex secretario de Estado es que el papel de Villarejo fue bastante marginal en dicha estrategia, que, dice rotundo, nunca se conoció en el Ministerio como 'operación Cataluña'. El ex comisario nunca informó a la cúpula de Interior de la filtración de un borrador de informe de la UDEF justo unos días antes de las elecciones que se celebraron el 25 de noviembre de 2012 y en las que CiU perdió 12 escaños. Según Martínez, Villarejo tampoco intervino en el descubrimiento de una cuenta que la familia Pujol tenía en la Banca Privada de Andorra (BPA), información que acabó con la carrera política del histórico líder de CiU y ex presidente de la Generalitat.

El ex numero dos de Interior abre la puerta a que, en el marco de dicha estrategia de información o prevención policial ante la amenaza que suponía el independentismo se "emplearan los instrumentos habituales del trabajo policial en el ámbito de la Información, como seguimientos en espacios públicos, no en domicilios ni sedes de partidos políticos", o se contactara con "colaboradores o informadores que podían ser desde personas del propio mundo independentista o mossos d'esquadra, algo que es totalmente legal y necesario", defiende, pero nunca que se "pincharan teléfonos porque dicha acción requiere un mandamiento judicial". Como reconoció en sede parlamentaria la propia ex directora del CNI, Paz Esteban, el servicio secreto intervino, con autorización judicial, dieciocho teléfonos de líderes independentistas. Entre ellos, el del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

"No se pincharon teléfonos"

En la querella presentada recientemente ante los Juzgados de Madrid por parte del exconsejero catalán Giró, su defensa, que ejerce el letrado Jordi Pina, expuso que "el 6 de noviembre de 2012 tuvo lugar una reunión entre el comisario de Policía Nacional D. José Manuel Villarejo (ahora jubilado) y la entonces presidenta del Partido Popular catalán, Sra. Alicia Sánchez-Camacho, en el domicilio de esta última. Nótese que dicha reunión tuvo lugar pocos días antes de las elecciones del Parlamento de Catalunya, que tuvieron lugar el 25 de noviembre de ese mismo año". La querella, consultada por este diario, se basa en una información publicada en el digital El Món sobre dicho encuentro y un audio de éste en el que la diputada del PP "facilitó al comisario una auténtica 'lista negra' de personas que debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo, sin que tuviera conocimiento o la más mínima sospecha de que por parte de las mismas se hubiera realizado hecho delictivo alguno que pudiera, en su caso, justificar el inicio de una investigación policial", se afirma en el escrito en representación de Giró.

El número dos de Interior admite que se pudieron producir seguimientos, "pero nunca pinchazos telefónicos"

Según el audio, Villarejo habría anotado a mano los nombres y teléfonos que le facilitó la dirigente política, entre ellos el del exconsejero y ex ejecutivo de la Caixa. Para la defensa del político catalán, "la gravedad tanto de la grabación de la conversación entre Villarejo y Sánchez-Camacho como de las anotaciones realizadas en las agendas del comisario (en las que se hacía expresa mención a Dolores de Cospedal, a quien la Sra. Sánchez-Camacho denomina 'la jefa'), se ve incrementada en la medida en que pone de manifiesto el conocimiento de la operación Catalunya por parte de altos mandos policiales y cargos políticos del Gobierno español, que también formaban parte de dicha trama delictiva". La querella también se dirigió contra la propia Cospedal y contra Francisco Martínez.

"Me he enterado ahora de esa reunión de Villarejo con Alicia Sánchez, al parecer, donde ella le da una serie de nombres y me parece muy confuso. Ni siquiera sabía que Villarejo tenía relación con ella. Eso sí que me descuadra en el contexto de actuación del Ministerio porque ella ni era miembro del Gobierno ni ocupaba cargos en el mismo. ¿Por qué se reúne con ella y le da una lista de gente, si es que eso es verdad? No encuentro una explicación", afirma el ex secretario de Estado de Seguridad, quien deja abierta la posibilidad de que hubiera otra vía política de investigación al independentismo en paralelo a la estrategia policial de prevención que él reconoce en la que no cree que estuviera Fernández Díaz pero no puede descartar la implicación de otras personas, como Cospedal, aunque tampoco le consta.

Respecto al conocimiento de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy sobre los trabajos de "inteligencia o información policial legales" alrededor del independentismo que veían como una amenaza, sitúa indudablemente a Fernández Díaz como conocedor de los pasos policiales. "Recibió informes en su mesa de esa amenaza al orden constitucional. Como las hubiera recibido cualquier ministro del Interior en esas fechas", sostiene.

Y sobre otras personas que pudieran estar informadas dentro del Ejecutivo, afirma que estarían al corriente aquellos "a quienes quisiera informar el ministro del Interior". "Lógicamente de la vicepresidenta dependía el CNI, con lo cual tendría lo que le diera el CNI y del presidente dependían todos, así que tendría la información que pidiera y que le dieran. Pero no me consta que hubiera reuniones monográficas del Gobierno para hablar específicamente de Cataluña, al menos en las que yo participara", zanja.