El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la primera ley de Vivienda de la democracia, pactada por el PSOE y Unidas Podemos, así como con ERC y EH Bildu. El pleno ha refrendado el proyecto de ley de la coalición un a semana más tarde de que las fuerzas políticas involucradas consiguieran desbloquear la norma y rescatarla del tintero, donde permanecía en stand by desde hace casi un año. Por su parte, PP, Vox, Ciudadanos han votado en contra. A ellos, se han adherido otros socios externos cotidianos del Ejecutivo, como el PNV o el PDeCAT, que como Junts, consideran que esta legislación les roba competencias.

El resultado final de la votación ha sido de 176 'síes', añadidas las de Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe; 167 'noes' y 1 abstención del BNG. Ahora, el proyecto deberá pasar por el Senado para su refrendación última antes de pasar al BOE. Pedro Sánchez, que no ha acudido al debate, sí ha ido a la votación. Posteriormente, ha comparecido en el patio de Floridablanca, algo poco usual cuando las Cortes refrendan una ley. En concreto, la ley limitará la subida de los precios del alquiler a un 2% a nivel nacional -subirá un punto de máximo para el próximo año-, rebajará de diez a cinco la figura de gran tenedor en determinados casos y no permitirá desahucios de inquilinos vulnerables sin mediación y conciliación previa. Además, se creará un nuevo índice de referencia independiente al IPC.

La negativa del PNV a apoyar en esta ocasión al Gobierno, que ha acelerado por vía urgente la puesta a punto de la norma, ha sido justificada por el diputado y portavoz de la comisión de Vivienda Íñigo Barandiaran. Éste ha considerado que "interfiere las capacidades" de las autonomías en sus propias competencias de vivienda. "Se extralimita en sus competencias e invade las de las CCAA. Es una recentralización y una invasión competencia", explicaba desde la tribuna de oradores. Igualmente, el representante vasco ha incidido en que la ley desprotege a los afectados por la ocupación, porque "traslada" el problema de los impagos a los propietarios. El del PNV, además, por su competencia directa con EH Bildu, ha cuestionado a Sánchez que saque adelante Vivienda con "partidos de supuesta conciencia soberanista".

Sobre ello se había pronunciado con anterioridad Oskar Matute, el coportavoz de Bildu en el Congreso. Ha advertido que el apoyo a la norma se debe a la necesidad de abordar "un debate a fondo" entre los distintos actores políticos, pero hay fuerzas -en referencia directa al PNV- que "se empeñan" a desviar la atención a "problemas competenciales y de ocupación". Con la crítica a "las derechas" por su posición, incluido PP o Ciudadanos, ha recalcado que este "no es un texto recentralizador", sino "habilitante" para que los territorios cuenten con instrumentos con los que supervisar las políticas de vivienda.

Como la izquierda abertzale, ERC repitió el mismo patrón de acusaciones contra Junts y el PDeCAT, este último de corte más nacionalista que independentista. De hecho, la diputada Pilar Vallugera acusó a las otras dos fuerzas catalanas de no querer "parar los desahucios" ni "contener las rentas" de alquiler. Asimismo, ha valorado positivamente el trabajo de confección de la nueva norma. Desde una propuesta "impresentable" de la que "no ha quedado ni un artículo igual". Aunque Vallugera ha instado a la construcción de un "Estado propio" si realmente se pretende tener "competencia plena en vivienda".

El Gobierno, frente a la "ley de la selva" del mercado

Ione Belarra y Raquel Sánchez han sido las encargadas de defender el dictamen sometido a votación. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha definido las políticas de Vivienda desempeñadas en el país como una "gran estafa", porque se han convertido en "un negocio" guiado por "el consenso del pelotazo y la especulación" a costa de "las clases populares". Por su parte, Sánchez, titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha defendido que la norma va en la línea de la agenda urbana del Ejecutivo para "fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda". Para el Gobierno, la ley es "ambiciosa" y rompe con el modelo de "luces y sombras" implantado.

La ocupación, eje del debate de PP, Vox y Ciudadanos

Ana María Zurita, del PP, ha mencionado durante el debate que la ley solo beneficia a los 'okupas' y que no tendrá recorrido una vez una comunidad acuda a la justicia mediante recurso. El PP ya anunció que ninguno de sus feudos autonómicos la seguiría. Vox, por su parte, en palabras del portavoz Iván Espinosa de los Monteros, ha valorado la norma como un "amparo de la ocupación" que "deteriora la seguridad jurídica" y "dispara" los precios del alquiler. "Consolidan a España como un paraíso de los okupas", ha mencionado en su turno de intervención.

Por último, la portavoz de los naranjas Inés Arrimadas ha definido el interés "electoral" de la "contraproducente" ley, y el "vacío" que tiene. Intervenir los precios "no funciona" y genera "inseguridad jurídica a los propietarios", ha considerado.