España es el kilómetro cero de la producción de cannabis en Europa. La lacra que sufren los vecinos de localidades como Algeciras, Granada, Toledo o Murcia preocupa y mucho a las autoridades competentes de acabar con ella. Policía, Guardia Civil y autoridades judiciales no ocultan la gravedad del asunto.

La Memoria anual de la Fiscalía General, presentada este jueves en la sede del Tribunal Supremo, dedica un extenso capítulo a este tema. Para la fiscal jefe de la materia, Rosa Ana Morán, el del cannabis siempre ha sido un tema que le ha inquietado. "Las circunstancias, el clima y la geografía" han hecho de España el lugar idóneo para la siembra de esta planta.

Uno de los principales problemas para la Fiscalía, además del aumento de consumo, es que el crimen llama al crimen, y bandas organizadas de todo el mundo han puesto el ojo en nuestro país para asentarse y operar desde aquí. Estas organizaciones internacionales se valen de las estructuras que los grupos nacionales tienen implantadas. Estas organizaciones son, según ha constatado la fiscal jefe, "cada vez más violentas como revela una mayor incautación de armas y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre organizaciones", los llamados vuelcos.

Geografía de la marihuana

Andalucía es donde más evidente se ha hecho este asentamiento de bandas extranjeras relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Con Algeciras y Granada a la cabeza, seguidas de algunas regiones de Cataluña y Murcia, "son utilizadas por las organizaciones para la producción de esta sustancia, tanto en grandes extensiones en el exterior como en cultivos indoor".

Además, la autoridad fiscal ha detectado que el aumento del uso y la producción lleva consigo la "banalización del consumo" y que "proliferan informaciones confusas e interesadas que requieren una respuesta" que no está en la mano del Ministerio Público. Se refiere el texto a los derivados del cannabis, muchas veces disponibles incluso en máquinas expendedoras.

Gasolina en altamar

El narcotráfico, así como la producción de cannabis, se nutre de la colaboración ciudadana allí donde se produce. El mercado negro que se produce alrededor de él fomenta el apoyo y la connivencia de los vecinos de aquellas localidades donde se da este fenómeno.

Uno de estos apoyos se da en alta mar. Cuando las lanchas motoras intentan cruzar desde el norte de África a la Península suelen esperar en mitad del Atlántico aguardando el mejor momento para hacerlo. Para cubrir el desgaste de combustible, otras "gomas", como se conoce a estos métodos de transporte, se acercan para suministrarles gasolina. "Petaqueros" los llama la Fiscalía.

Ante este fenómeno, la Fiscalía pide "la tipificación del transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminado al narcotráfico, conducta que tiene lugar dentro de ese fenómeno criminal por parte de las personas conocidas como «petaqueros»".

Antidroga asume las "dificultades" para perseguir estos delitos "tanto por la complejidad de acreditar en el proceso penal la vinculación de esos transportes o almacenamientos con el narcotráfico, como por los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en algún otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jurídico-penal vigente".

Tráfico de cocaína

El número de procedimientos por tráfico de drogas en general sigue incrementándose anualmente y pasa de los 18.923 de 2019, 19.996 en 2020, 20.890 en 2021 a 21.740 en 2022, un 4,07 % más que el año anterior, según los datos de la Memoria.

Como ya apuntó el informe mundial de drogas de 2022 y el informe de Naciones Unidas sobre la cocaína de 2023, hay más polvo blanco y de mayor pureza que nunca. Las aprensiones han crecido en toda Europa. Aunque Bélgica y Países Bajos son la puerta de entrada principal, España sigue siendo un referente para los narcos. En nuestro país hay tres focos importantes: Galicia y Andalucía, como puertos principales, y Valencia, que ha cogido fuerza en los últimos años. También ha subido en las Islas Canarias.

"La situación inquietante que se observa en Valencia, Barcelona o Algeciras como puertos con gran tráfico de mercancías debe dar lugar a extremar las estrategias, el control y el trabajo coordinado con todos los implicados en el trabajo de los puertos, evitando que puedan lle gar a las extremas situaciones en las que se encuentran Amberes o Rotterdam" apunta el documento.

Discrepancias con Francia

Los narcos están usando cada vez más veleros para introducir la cocaína en España. Y de eso se ha percatado la Fiscalía. Una parte importante de las causas que se llevan en la Audiencia Nacional tiene que ver con este ‘modus operandi’. Los agentes de Policía y Guardia Civil tienen que realizar abordajes en aguas abiertas para dar con las sustancias.

Estas embarcaciones, en muchas ocasiones, tienen banderas extranjeras, y la operación se realiza en altamar, siempre con conformidad con los convenios internacionales. "Cuando no existe investigación previa en España, la competencia, al ser delito cometido fuera del territorio nacional, corresponde a la Audiencia Nacional", explica el informe. En 2022 se han presentado cinco querellas para estos supuestos.

En muchos de estos casos tiene lugar una concurrencia de competencias, la del estado del pabellón como preferente y la del país que realiza el abordaje. Esto suele gestionarse sin problema, aunque el año pasado hubo dos ‘encontronazos’ con Francia. El país galo carece de jurisdicción propia para el "enjuiciamiento de incautaciones realizadas en aguas internacionales". Por ello, solicitan la capacidad española para llevar a cabo los abordajes de embarcaciones españolas por parte de la marina francesa.

"La respuesta en estos casos ha sido diferente y las conclusiones nos llevan a considerar que es más conveniente no ceder jurisdicción en estos casos", resume el texto.

Reestructuración

La Fiscalía Antidroga ha cumplido 35 años. En todo ese tiempo, los delincuentes se han profesionalizado, han llegado a crear cárteles y han innovado en sus métodos para introducir estupefacientes en España. El Ministerio Público cree que la Audiencia Nacional tiene "reducidas competencias" para perseguir estos delitos y reclama más.

Resalta las "limitaciones" de los juzgados ordinarios de las poblaciones donde el narcotráfico golpea con dureza para instruir y juzgar macro causas en las que se investigan grandes organizaciones criminales. "Su relevancia exige una atención y seguimiento de cuestiones sensibles y urgentes, como las que derivan de las autorizaciones y seguimientos de las medidas tecnológicas de investigación, imposibles de compatibilizar con las tareas de un juzgado mixto".

Dice la Fiscalía que este tipo de causas no deberían "ser atendidas por jueces sin experiencia suficiente y en juzgados colapsados por causas de todo tipo". Esta reestructuración debería ir acompañada, en opinión de Rosa Ana Morán, de la creación de "jurisdicciones regionales especializadas", al modo de las JIRS francesas. Las localizaciones de estas futuribles audiencias están claras: la Costa del Sol, Algeciras, Cataluña o Galicia.