Todavía no se conoce la factura final de la conversión del Congreso en una Cámara plurilingüe, pero la Secretaría General ha hecho una primera aproximación del coste en este periodo de sesiones, que se extiende hasta diciembre. Una provisión máxima de 279.849 euros. Es la cantidad que los servicios técnicos de la Cámara baja estiman para hacer realidad el uso del catalán, del euskera y del gallego, y que incluye tanto la compra y alquiler de material como la contratación de 12 intérpretes y de una empresa externa para las labores de traducción al castellano en las publicaciones oficiales. No hará falta una movilización extraordinaria de recursos, ya que se tira de remanentes y de contratos de mantenimiento activos. A partir de 2024 se implantará, previsiblemente, un sistema más estable.

La Secretaría General del Congreso ha elevado a la Mesa para su aprobación este martes una propuesta de gasto necesaria para afrontar a partir de ahora la actividad plurilingüe. Justo este 19 de septiembre el pleno de la Cámara baja tomará en consideración la reforma del reglamento para posibilitar el uso del catalán, el gallego y el euskera en toda la actividad parlamentaria. Modificación que será tramitada de forma exprés: el jueves 21, quedará definitivamente ratificada, lista antes del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo de la próxima semana. Pero en estos dos primeros plenos, el de este martes y el del jueves, sus señorías ya podrán hacer uso de las lenguas cooficiales, compromiso que contrajo la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, tras su elección el pasado 17 de agosto y que forma parte del acuerdo que alcanzaron PSOE y Sumar con ERC y Junts.

A los intérpretes se les irá "llamando en función de las necesidades". Es seguro, dicen en la Presidencia del Congreso, que no facturarán 15.000 euros cada uno de ellos porque no hay previsión de apenas plenos de aquí a fin de año

Fuentes de la Presidencia del Congreso y de la propia institución precisaban este lunes que se redactado una propuesta de máximos, ya que no se puede gastar por encima de lo presupuestado, de modo que se prevé que los 279.849 euros totales se queden en una cifra menor al final del periodo de sesiones.

¿Cómo se distribuye esa cantidad? El montante más importante, de 217.799,88 euros, se lo lleva la contratación de los intérpretes. Se crea una bolsa de 12 traductores homologados, trabajadores autónomos que son los mismos que se encargan de las traducciones simultáneas en el Senado. Cada uno de ellos ha firmado un contrato menor de 15.000 euros —la suma máxima que permite la Ley de Contratos del Sector Público—. Multiplicando esos 15.000 euros por los 12 intérpretes y sumándole el 21% de IVA, resulta la cifra de 217.799,88 euros. Una asignación que en modo alguno se piensa completar porque no se prevé que haya apenas plenos hasta que se materialice la investidura del presidente del Gobierno, para la que no hay fecha y que aún no es segura.

Fuentes de la Cámara baja subrayan que se les "irá llamando en función de las necesidades". En el pleno de este martes, por ejemplo, trabajarán seis traductores —tres titulares y tres suplentes—, dos para cada lengua: dos para catalán, dos para euskera y dos para gallego. Los diputados también podrán utilizar el aragonés, el bable o el aranés, pero en estos casos ellos mismos deberán autotraducirse, pues no habrá intérprete.

¿Cuánto cobrará cada traductor? Desde el Congreso no tienen todavía una estimación oficial, porque dependerá, dicen, de la tarifa que tenga cada uno de ellos y además el informe de los servicios técnicos no indica el montante, pero en todo caso de aquí a diciembre no podrán percibir más que lo que la ley fija de cuantía para un contrato menor, 15.000 euros. Si llegan a ese tope, no se les podrá contratar más. Es decir, que cada traductor facturará según el número de horas trabajadas, pero en ningún caso sus ingresos serán más de 15.000 euros hasta diciembre. La estimación no oficial es que pueden percibir entre 50 y 100 euros a la hora.

Auriculares de un oído ya adquiridos

No hará falta, al menos por ahora, acomodar el palacio de la Carrera de San Jerónimo para alojar cabinas de traducción, pues los traductores "tienen ya sus lugares de trabajo". Es decir, que podrán trabajar a distancia, en remoto, como hacen ahora mismo para el Senado. En la Cámara alta los senadores pueden emplear las lenguas cooficiales desde 2011, pero solo para el debate de las mociones en pleno. El Congreso, en cambio, extenderá su uso a todos los ámbitos de la actividad parlamentaria.

En el hemiciclo se instalarán dos pantallas para que se pueda seguir el pleno con subtitulación al castellano, pantallas que ya estaban adquiridas

La siguiente partida más importante es la que se destina al material. De aquí a diciembre se gastarán 53.579,13 euros, IVA incluido. De ellos, 7.671,79 euros se han destinado a la compra de 450 auriculares de un oído, equipos que se suman a los 200 auriculares de diadema que ya tenía la Cámara disponibles de antemano. El Congreso cree que ese total de 650 casos serán suficientes para distribuir a los diputados (y a los senadores, en caso de sesiones conjuntas Congreso-Senado), a los periodistas que accedan a la tribuna de prensa o a los invitados al hemiciclo.

Los 45.907,34 euros restantes se usarán para el alquiler, hasta final de año, de todo el operativo de transmisión y recepción: desde las petacas hasta el sistema de radiofrecuencia, que se compone de seis radiadores de alta eficiencia y un transmisor de infrarrojos digital, informa EFE. Esta partida de casi 46.000 euros se libra con cargo al contrato de servicio de mantenimiento y mejoras ya activo. Es decir, un contrato que existía y del que ahora se reservan esos 46.000 para el alquiler del dispositivo de transmisión y recepción.

Vista del hemiciclo durante la sesión constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, el pasado 17 de agosto de 2023, que eligió a la socialista balear Francina Armengol como presidenta de la Cámara. EUROPA PRESS / ALBERTO ORTEGA

En el hemiciclo también se instalarán dos pantallas para que se pueda seguir el pleno con subtitulación al castellano, pero ambas ya estaban adquiridas y de hecho se utilizaron en abril de 2022, cuando el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino por videoconferencia ante sus señorías. La señal del pleno llegará traducida a las televisiones y las cabinas de prensa y por streaming, con el audio original y la voz por encima del intérprete, con subtítulos en castellano.

La última partida, de 8.469,99 euros, IVA incluido, es la que se reserva para los servicios de traducción. El Congreso contrata a una empresa externa para que traduzca al castellano y transcriba al Diario de Sesiones las intervenciones que se hagan en pleno o en comisión en catalán, gallego o euskera, ya que el equipo de taquígrafos y estenopistas de la Cámara baja solo se encarga de la transcripción de los discursos en castellano. Del mismo modo, se trata de una cifra máxima, ya que todo dependerá de la actividad parlamentaria que haya hasta final de año.

Periodo interino

No hay una asignación para la traducción de las iniciativas que los diputados registren por escrito. Y es que la propia reforma establece un periodo interino de seis meses, en el cual los textos podrán presentarse en cualquiera de las lenguas cooficiales, pero siempre con la traducción al castellano. Cumplido ese plazo, podrán registrarse las iniciativas en catalán, euskera o gallego, sin necesidad de acompañarla de la traducción al español.

Los 279.849 euros suponen solo un 0,25% del presupuesto total del Congreso, que alcanza los 110,4 millones

El Congreso ha diseñado, por tanto, un sistema provisional para que sea posible el uso de los idiomas cooficiales de manera inmediata, pero aún tiene que estudiarse qué operativo se despliega a partir de 2024, para el periodo de sesiones de febrero a junio. Una decisión que podrá tomarse es si se recluta un cuerpo fijo de traductores o bien se sigue tirando de autónomos. Todo está por perfilar de cara al año próximo.

La provisión máxima total, de 279.849 euros, es una pequeñísima parte del presupuesto anual del Congreso, que alcanza los 110,4 millones de euros. Es, en concreto, el 0,25% del total. El Senado presupuestó para todo 2023 una cantidad prácticamente idéntica, 280.000 euros, el 0,44% de los 64,1 millones que maneja.