El PNV no se fía. Ni de Pedro Sánchez, ni de la solidez de la próxima legislatura. La primera desconfianza viene del final de la pasada legislatura, en la que los incumplimientos y la ausencia de sintonía derivó en aquella sentencia del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, “a los socios nos trata como un ‘kleenex’”. La segunda, de la complejidad de la alianza multipartita de la que dependerá el PSOE para sostener el Ejecutivo, “necesitará todos los votos todo el tiempo”, reiteran en Sabin Etxea. Pese a ello, el PNV ha firmado un nuevo acuerdo para dar el sí de sus cinco diputados al candidato del PSOE a la reelección. Pero lo ha hecho blindándose y protegiéndose para que los incumplimientos esta vez no se repitan o al menos se limiten.

El acuerdo hecho público ayer incluía, además de medidas como el traspaso de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social, el reconocimiento de Euskadi como nación o mejoras en el Concierto Económico, las competencias de la Ertzaintza o 100 millones para impulsar el euskera, clausulas contentar al PNV a las que sumó su firma en el documento junto a la del presidente del EBB.

El PNV teme que el Gobierno no pueda agotar la legislatura. Es lo que se respira en el documento de diez páginas rubricado. En todo el acuerdo, los plazos en los que se maneja no superan los dos años. Para desbrozar el camino que impulse la aprobación de un nuevo estatuto vasco que sustituya al de Gernika de 1979 el periodo que se ha fijado para acordarlo, aprobarlo y ratificarlo en referéndum es de sólo 18 meses y de poco más, 24 meses, para completar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika.

Cumbres Urkullu-Sánchez

Como garantías de cumplimiento la formación de Ortuzar se ha rodeado de comisiones bilaterales. Lo ha hecho al más alto nivel. Cada seis meses Urkullu y Sánchez tendrán que verse las caras físicamente –no vale reuniones virtuales, según se apunta- para analizar el cumplimiento de los acuerdos, en especial en lo relativo al cumplimiento de los traspasos de competencias pendientes. En dos años, un plazo “improrrogable”, el Estatuto de Gernika de 1979, y sus 28 competencias pendientes, deberán estar en manos del Gobierno vasco, bajo amenaza de que el PNV deje caer a Sánchez. Este compromiso ya se pactó en 2019 e incluso se firmó un cronograma, gestión de Seguridad Social incluida al menos en su estudio, sin que apenas se haya avanzado. Ahora, el PNV no quiere sorpresas y amenaza con no seguir apoyando al Gobierno si no se cumple lo firmado.

El plazo es aún menor para cerrar las primeras competencias a transferir, entre ellas los ferrocarriles. En tres meses deberá estar en manos del Ejecutivo vasco.

Además, se refuerza el papel de otra comisión bilateral, la de Cooperación, como foro para resolver diferencias en los proyectos normativos del Estado que puedan ponerse en marcha en los próximos meses.

Esta vez el PNV también se ha querido blindar ante las reiteradas invasiones competenciales que ha venido denunciando la pasada legislatura. Para ello, PSOE y Sabin Etxea han pactado que todos los proyectos de ley futuras que afecten a competencias en manos del Gobierno vasco deberán incluir una “cláusula foral” por la cual se deberá pactar con el PNV para establecer las condiciones de aplicación que la norma tendría en el País Vasco para que se respete la competencia de la que es titular la Administración vasca.

La LOREG, inalterable

Junto a ello, el PNV también logra limitar la capacidad del próximo Gobierno en la aprobación de decretos ley, una de las quejas más repetidas la pasada legislatura la formación de Ortuzar. De este modo, el acuerdo conocido ayer establece que no podrá abusar de la fórmula del Decreto-ley y que sólo se empleará “en los casos de excepcional y urgente necesidad” y que en cualquier caso, “con antelación a su aprobación”, su contenido deberá ser conocido y, en su caso, pactado con el PNV.

Tampoco se ha descuidado la tentación de que el marco electoral pueda cambiar y perjudicar al futuro peso de las formaciones nacionalistas. El PNV ha logrado que el PSOE se comprometa a “no impulsar ninguna modificación de la LOREG”. En caso de “extraordinaria necesidad” de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General el Gobierno tendrá que hacerlo “con acuerdo previo” con el PNV. De este modo se evita que una futura alteración del actual marco legislativo modificar el peso que la normativa electoral española otorga a las formaciones de ámbito regional, capaces de obtener mayor representación con un menor número de votos.