El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado este martes a las once de la mañana ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez a raíz de la negociación de la ley de amnistía; la cuál el PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados. Ésta fue anunciada la semana pasada, bajo la justificación de cometimiento de "tres delitos", sin embargo, y pese a ser reiterado en la rueda de prensa de este lunes, finalmente la acusación recoge cuatro delitos y se extiende más allá de Moncloa. Son "cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y por negociaciones prohibidas de funcionarios públicos". En la querella se añade a Carles Puigdemont, el expresidente de Cataluña y actual eurodiputado. Igualmente, engloba a las formaciones de ambos, el PSOE y Junts.

Esta querella incorpora, además, la solicitud de que el TS paralice el debate de investidura que arranca mañana miércoles en la Cámara Baja, dado que el partido relaciona estos delitos con que Sánchez haya conseguido sumar los apoyos de las fuerzas independentistas catalanas. El PSOE, por su parte, descarta esta posibilidad. El portavoz socialista, Patxi López, ha asegurado que no temen que el Supremo impida el debate, reconociendo que "no sabemos cuál es el argumento" para esa suspensión cautelar. "La ultraderecha nos tiene acostumbrados a estas cosas", ha añadido horas posteriores a la presentación, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

"Mañana se inicia un periodo trágico si no lo evitamos. Mañana un presidente en funciones sin escrúpulos se dispone a pisotear el estado de derecho, acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, a pisotear la independencia judicial, y a traer un cambio de régimen por la puerta de atrás", ha asegurado Abascal en la Plaza de la Villa de París, donde ha atendido a los medios de comunicación antes de la presentación del texto jurídico. Ha estado acompañado por el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, quien es corresponsable de la materia judicial parlamentaria. Ambos han sido arropados por simpatizantes y gente cercana a Solidaridad y Revuelta, satélites sindical y juvenil próximos.

"La amnistía no es que sea inconstitucional, es que supone un proceso constituyente", ha valorado el líder de Vox. "Todas las asociaciones fiscales, el CGPJ y la Sala de gobierno de este TS han hablado en términos alarmantes" sobre ella. En varios comunicados, las entidades judiciales han hablado de "abolición del Estado de derecho", del "fin de la democracia" y de un "ataque a la división de poderes", ha añadido Abascal, que ha defendido que la querella no responde a partidismos, sino a una protección "de la ley por encima de cualquier planteamiento ideológico".

Desde Vox se confía en que el TS acepte tomar medidas cautelares y suspender la investidura. "Si esta Sala -de lo penal- y las asociaciones hablan de este ataque, confiamos en que usen sus herramientas a mano".

El PP respetará la decisión del Supremo

Preguntada por la querella en rueda de prensa, desde el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "no teme a la separación de poderes". Cree que "deben ser los tribunales quienes se pronuncien" al respecto. Y de prosperar, la decisión será "respetada". El PP, por tanto, avala la acción de Vox, que podría paralizar el debate de investidura.

Tampoco temen la posibilidad de que, de tramitar -como de obligado cumplimiento- la amnistía en el Senado y que ello dé pie a otra oleada de querellas contra representantes como Pedro Rollán y la mayoría del PP en la Mesa de la Cámara Alta. Así lo ha anunció Vox la semana pasada y ha vuelto a recalcar. "No tememos nada, nada de los instrumentos que se puedan impulsar desde lo democrático. Creemos en la separación de poderes, y les corresponderá a los tribunales", ha afirmado Gamarra, dando a entender que de darse esa ofensiva judicial no prosperará porque seguirán lo estipulado en el Reglamento del Senado. El cuál se ha reformado para sí poder prolongar dos meses esa tramitación y valoración de la proposición de ley venida del Congreso.

No obstante, Gamarra ha centrado el foco en la calificación de la PL en la Mesa del Congreso. Se opondrán como hicieron en 2021, y como hizo, ha señalado, el PSOE.