La patada al tablero que propinó Junts el pasado martes al rechazar la ley de Amnistía que previamente había negociado y transaccionado con el Gobierno, ha tenido efectos también en la estrategia de los populares en el Senado, donde su amplia mayoría absoluta y el control de la Mesa ha convertido esta Cámara en una de las puntas de lanza de la oposición al Ejecutivo de coalición y sus socios. Así, los cálculos de centrar entre febrero y marzo el calendario de comparecencias de expertos constitucionalistas contrarios a la legalidad de esa ley de impunidad -con la que justificar la ampliación de los plazos de tramitación parlamentaria-, quedan congelados.
Del mismo modo, todos los informes que requirió la mesa del Senado, presidida por el popular Pedro Rollán, han quedado en suspenso al volver la proposición de ley socialista a la Comisión de Justicia, donde queda sometida a una nueva negociación agónica en la que Junts quiere sacar más cesiones a un gobierno acorralado. Si bien el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazó informar al Senado sobre la constitucionalidad de la norma, el Consejo General del Poder Judicial -como órgano consultivo- se mostró dispuesto a atender la petición de la Cámara Alta.
No obstante, el CGPJ solicitó a la mesa del Senado quince días más de plazo para poder estudiar la ley, esto es, hasta el 24 de febrero, pero el rechazo de Junts les impide opinar sobre un texto que aún no es definitivo, si es que, finalmente, sale del Congreso incluyendo las exigencias leoninas de los independentistas para blindar a su jefe de filas, Carles Puigdemont. Lo mismo ocurre, según ha podido saber El Independiente, con los dos informes solicitados a los letrados del Senado, uno sobre el procedimiento a seguir una vez aterrizara el texto en el Palacio de la Marina Española, y otro sobre el contenido.
El Senado ha pedido dos informes a sus letrados sobre la tramitación de la ley y su contenido
Con el primer informe, los populares pretenden cerrar la boca a Vox, pues el partido de Santiago Abascal ha vuelto a la carga para exigir al PP que no admita a trámite la ley remitida por el Congreso. Los populares se han cansado de señalar que si no tramitan la norma, ésta vuelve intacta al Congreso y se considera aprobada, es decir, se le agiliza el trámite parlamentario conforme quiere Pedro Sánchez y parecía querer el prófugo de la Justicia. El informe de los letrados les servirá, confían fuentes populares del Senado, para que Vox no siga insistiendo en una estrategia fallida y también para sustentar sus posiciones si acaban recurriendo ante el TC.
Además, la Mesa de la Cámara Alta quiere que sus letrados entren también en el contenido de la ley tal y como hicieron los juristas adscritos a la comisión de Justicia del Congreso. Éstos, contra el criterio del letrado mayor elegido por Francina Armengol, Fernando Galindo, -que aseguró no ver "palmaria" inconstitucionalidad en una medida de gracia que no contempla nuestra norma fundamental- dijeron que una ley de estas características solo es posible con una reforma de la Carta Magna.
Los populares se muestran discretos sobre la lista de expertos constitucionalistas que quieren llamar al Senado para que expresen su opinión sobre una ley de tanto calado y trascendencia. Una amnistía por la que se van a perdonar los delitos cometidos por el ex presidente de la Generalitat al proclamar, en 2017, la independencia de una parte del país y usar para ese fin ilegal fondos públicos y al que ahora se le complica la situación tras situarle el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el vértice de la organización de Tsunami Democratic, a la que investiga por terrorismo.
La lista de expertos del PP
Pero los populares llevan semanas organizando jornadas en el Congreso con expertos constitucionalistas y de Derecho Penal y antiguos magistrados del TC como Francisco Pérez de los Cobos, José Rodríguez Zapata, Andrés Ollero, Teresa Freixes, José Manuel Vera Santos, Rafael Rubio, Nicolás González-Cuéllar y Enrique Gimbernat, entre otros. También han contado para estas jornadas con algunos expertos de la Comisión de Venecia, como es el caso del ex ministro de Exteriores croata Ivo Stihr. Es muy probable que gran parte de ellos también pasen por la comisión constitucional del Senado, llegado el caso.
En marzo, además, arrancarán las tres semanas de plenos que anunció el propio Feijóo en una reunión con sus Grupos Parlamentarios, propuesta que no cayó demasiado bien en todos sus senadores, sobre todo entre los más alejados de Madrid. Control al Gobierno, interpelaciones, mociones, comparecencias... en definitiva todo aquello que no pueden sacar adelante en la mesa del Congreso, lo llevarán al Senado, donde, por otro lado, esperan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero con el cuchillo en los dientes para tirarle abajo la senda de déficit previa a la elaboración de los Presupuestos,
Con el contador parado, en el Partido Popular, creen que los socialistas intentarán no dar ahora ningún paso de la mano con Junts hasta celebradas las elecciones gallegas del domingo 18. Tampoco los populares tienen ninguna prisa porque salga adelante la ley. No está evaluado el impacto que pueda tener en estas autonómicas la imagen de una legislatura al albur de Junts con una amnistía llevada al límite, pero acaso no quieran correr más riesgos de los necesarios. Otra cosa es el PP, que explotará este tema en campaña, sobre todo Núñez Feijóo, quien se volcará en su tierra.
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