Una delegación de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, viajará a España a finales de esta semana para analizar la proposición de ley de Amnistía, según ha podido conocer El Independiente de fuentes parlamentarias. La presencia de dicha delegación responde a una petición de la Mesa del Senado, cursada en diciembre de 2023, a un organismo bastante reputado en sus opiniones jurídicas.

Esta delegación, cuya composición todavía no se conoce así como la agenda completa que desarrollará, se entrevistará con el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, y los representantes de los distintos grupos de la Cámara Alta para recabar sus opiniones sobre la controvertida ley de impunidad para Carles Puigdemont. La mayoría del PP en la Mesa del Senado solicitó un dictamen de urgencia antes de que el texto fuera sometido a votación en esta Cámara. La idea de la Comisión es tener preparado dicho dictamen para su pleno del mes de marzo y su carácter es sólo consultivo, no vinculante.

El cálculo del PP era que la proposición de ley socialista hubiera superado para estas fechas el trámite del Congreso de los Diputados, congelado el pasado martes 30 de enero tras votar Junts a favor de dictamen de la ley, pero en contra del texto final resultante. Este martes la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Sumar- la remitirá a la comisión de Justicia para volver a debatir sobre las enmiendas que quedaron vivas, dado que no se pueden introducir otras nuevas.

El informe de esta comisión, dependiente del Consejo de Europa, no es vinculante

En todo caso, independientemente de que la ley aún no esté aprobada, la Comisión de Venecia podrá analizar el contenido de la misma una vez, además, que el Gobierno asegura por activa y pasiva que no cambiará nada de la redacción del texto y ofrece a cambio una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en lo que se refiere a la potestad para alargar las prórrogas de la instrucción de los casos, tal y como adelantó este medio y confirmó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que los proyectos de ley el Gobierno se remiten a los órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social antes de pasar por el trámite parlamentario, proceso del que están exonerados las proposiciones de ley de los Grupos Parlamentarios. Quiere decir que la comisión de Venecia puede expresar su opinión, independientemente de que el texto no sea el definitivo.

Además, a pesar de su carácter no vinculante, sus dictámenes en materia de estado de Derecho, derechos fundamentales y Justicia son muy prestigiosos y, en caso de ser contrario a la amnistía, le puede servir al Partido Popular para apuntalar su recurso ante el Tribunal Constitucional, una decisión que ya está tomada a pesar de las reticencias que en su momento expresó el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien llego a calificar la composición del tribunal de garantías de "cáncer del Estado", definición que luego rectificó.

El papel de la Comisión de Venecia

El papel de la Comisión de Venecia, según explica la página web del Ministerio de la Presidencia, "es brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho". También ayuda "a garantizar la difusión y consolidación de un patrimonio constitucional común, desempeñando un papel único en la gestión de conflictos y brindando colaboración constitucional de emergencia a los Estados en transición", que no es, sin duda, la situación de España.

En su estrategia de impedir que prospere la amnistía para Carles Puigdemont la Mesa del Senado ha apurado al máximo todos los recursos posibles a su alcance para dificultarla. Primero fue una reforma unilateral del Reglamento de funcionamiento interno para poder alargar dos meses el periodo de tramitación -cuestión recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional- y, más tarde, pedir todo tipo de informes.

Además de a la Comisión de Venecia, se solicitó otro al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, que desestimó la petición por no considerar a la Fiscalía competente para ello. También esperan un dictamen del Consejo General del Poder Judicial, -órgano que pidió una prórroga hasta el día 24, aunque ahora todo depende de lo que pase con la ley- y otros dos de los letrados del Senado, uno sobre el procedimiento una vez llegue el texto a la Cámar Alta y otro sobre su contenido, también congelados de momento.

Comparecientes en el Senado

Todo ello se une a una lista de comparecientes en el Palacio de la Marina Española con catedráticos de derecho constitucional y penal. Una andanada que, en todo caso, hubiera servido para retrasar la ley, pero no para bloquear su tramitación. Ahora es Junts la responsable de un paréntesis que ha desatado duras críticas del Ejecutivo de coalición y de ERC. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró ayer convencido de que la amnistía saldrá adelante y "todos los independentistas encausados estarán acogidos" a la misma, según manifestó en una entrevista en La Sexta.