Las dudas surgieron el mismo día en que saltó el escándalo, el pasado 21 de febrero. 20 personas habían sido detenidas por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas, entre ellos, Koldo García Izaguirre, mano derecha y hombre de confianza del ex ministro José Luis Ábalos. Las ramificaciones llegaban hasta las comunidades de Baleares y de Canarias. "Esa misma tarde-noche comencé a intercambiar mensajes con mi presidente y algún cargo más. Había que revisar si durante la pandemia se habían contratado mascarillas con la empresa de la trama", esto es, con Soluciones de Gestión, explican fuentes de una de las Comunidades gobernadas ahora por el PP y que estaban en manos socialistas en 2020, cuando estalló la pandemia.

El Independiente ha podido confirmar que hasta cuatro comunidades populares investigaron si los tentáculos del asistente de Ábalos llegaron hasta sus territorios. Es el caso de Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura. Valencia es una de las excepciones. Arguyen fuentes próximas al presidente Carlos Mazón que "todas las contrataciones están en el portal de transparencia para quien quiera verlas" y agregan que, si la justicia requiriera su colaboración, ahí estarían para darles toda la información necesaria de los tiempos del socialista Ximo Puig en la presidencia de la Generalitat.

"No hubo instrucción de Génova"

Los distintos medios consultados explican a este medio que no fue una instrucción salida de la dirección nacional de Génova, "sino por decisión propia y pura lógica", aunque todos se pusieron a la tarea casi de inmediato.

En Aragón, tras sumergirse en todo el papeleo de aquellos años en que se suspendió la ley de contratos de las administraciones públicas para agilizar la compra de material sanitario, "no se ha detectado ningún contrato con la empresa de la trama", aunque aún está bajo supervisión la compra de mascarillas defectuosas que el Departamento de Asuntos Sociales de la Comunidad hizo a una empresa bajo sospecha, aunque nada que ver con Koldo y compañía, aseguran fuentes de la Comunidad gobernada por Jorge Azcón. Además, el montante de ese contrato, dadas las cifras astronómicas que se manejan en el "caso Koldo", no deja ser menor, esto es, 240.000 euros, un pago cuestionado por la Cámara de Cuentas y que nunca fue reclamado.

Por su parte, en La Rioja, donde gobernaba en 2020 Concha Andreu siendo sustituida por Gonzalo Capellán, explican que "en el primer análisis realizado no constan contratos vinculados con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas", aunque en su caso, y a diferencia de Aragón, sí han dado por cerrada la investigación abierta tras el estallido del caso de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes.

Aragón sigue investigando algún caso, sin vinculación con la trama corrupta

El gobierno extremeño de María Guardiola también investigó si los contratos de mascarillas de la época de Guillermo Fernández Vara estaban contaminados por la trama, independientemente de que ninguna información en los primeros días, ni tampoco una semana después, apuntara a este territorio. Finalmente se concluyó que no se tenía constancia "de que se firmasen contratos en la pandemia y pospandemia" con la empresa de Íñigo Rotaeche, controlada por Juan Carlos Cueto, ambos imputados también en la investigación. Lo más cerca que ha estado Extremadura de esta trama ha sido por la propiedad de dos fincas de Cueto en la localidad cacereña de Salorino, registrada por la UCO a raíz del estallido del caso.

El PP de Castilla-La Mancha también está encima de todos los contratos firmados durante la pandemia según instrucciones de su líder territorial, Paco Núñez. En su caso reviste algo más de dificultad porque, a diferencia de las Comunidades antes citadas, el gobierno autonómico lo sigue ostentado el socialista Emiliano García Page. Lo cierto es que aunque parezca que ha pasado ya mucho tiempo, ha transcurrido apenas semana y media, lo suficiente para haber acabado con la carrera política de José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto.

"Retiro" cordobés

El jefe de filas de los barones populares, Alberto Núñez Feijóo, tendrá ocasión de hablar de este y otros temas durante el "retiro" que compartirá con ellos el próximo fin de semana en Córdoba. El PP ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias y petición de comparecencias, entre ellas las de los ministros de Presidencia y de Transportes, Félix Bolaños y Óscar Puente, respectivamente. También ha registrado una comisión de investigación en el Senado cuyo debate de constitución tendrá lugar entre los días 12 y 13 para echar a andar a finales de mes, aunque las vacaciones de Semana Santa puede retrasar el calendario previsto.

El pasado viernes, el portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó tajante que "no descartamos nada y nadie estará libre de dar explicaciones ante una comisión de investigación en el Senado, nadie". Fue en respuesta a si llamarían a comparecer a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a quien se atribuye trato con algún implicado en la trama y se apunta a cierto papel relevante en el rescate de Air Europa. En todo caso, el salto cualitativo lo dieron también el viernes al exigir la dimisión, nada menos, que de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo gobierno balear sí compró mascarillas a la trama.

De momento no se han lanzado a pedir la comparecencia del propio Sánchez ante el pleno de la Cámara Alta, a donde le pueden llevar sin problema gracias a la mayoría absoluta de la que disfrutan. Esa es una bala que todavía se guardan en la recámara.