La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar si el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat fueron demasiado tolerantes con las conductas "violentas" de los okupas de la "La Ruïna" y el "Kubo", dos edificios ocupados en la zona alta de Barcelona. El desalojo de este espacio marcó las últimas elecciones municipales en la capital catalana, entre acusaciones de pasividad al consistorio de Ada Colau y el Govern de Pere Aragonès.

Ahora, la Audiencia se ha pronunciado sobre una denuncia presentada por el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, en la que acusaba al Ayuntamiento de la ciudad y a la Generalitat de tolerar conductas "violentas" de los okupas de las casas "El Kubo" y "La Ruïna" de La Bonanova. Ambos edificios, que fueron finalmente desalojados el pasado noviembre, llevaban 15 años ocupados. En los últimos años se repitieron las quejas vecinales y recogida de firmas para instar al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto, pero fue en las semanas previas a la campaña de las elecciones municipales cuando la tensión escaló por las denuncias de PP, Cs, Valents y Vox.

La Sareb, propietaria de ambos edificios, denunció su ocupación y obtuvo un primer pronunciamiento favorable de la justicia la pasada primavera, pero los Mossos d'Esquadra rechazaron llevar a cabo el desahucio del primero de los edificios fijado para el 23 de marzo, para evitar un enfrentamiento violento con los okupas. La policía autonómica descartó el desalojo de "El Kubo" hasta que se pudiera expulsar a los okupas de ambos edificios, por temor a que utilizaran "La Ruïna" como parapeto para atacar a los agentes.

Demanda del PP

En su auto, la Audiencia estima el recurso de apelación que presentó el PP contra la decisión del titular del Juzgado de instrucción número 25 de Barcelona de archivar su denuncia por supuesta inacción ante los okupas de La Bonanova.

En su denuncia, Sirera acusaba a la Guardia Urbana y a los Mossos d'Esquadra de "inacción" ante las actitudes violentas de los okupas de La Bonanova, especialmente los días previos al primer intento de desalojo de las casas. La denuncia pedía al juzgado que depurara responsabilidades por la inacción policial contra los okupas, tanto de la entonces alcaldesa, Ada Colau, como del actual, Jaume Collboni, cuyo partido gestionaba el área de seguridad del Ayuntamiento en el anterior mandato.

El juez instructor descartó investigar lo denunciado por Sirera, al entender que no estaba justificado que los hechos que relataba el líder popular pudieran constituir delito. La Audiencia ha revocado ahora la resolución judicial, en un auto en el que advierte al instructor de que, antes de archivar la denuncia, debe practicar "diligencias tendentes a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas responsables de los mismos".

Sin esas diligencias, añade, no se puede concluir que los hechos denunciados "carecen de significación delictiva" ni que el delito no está debidamente justificado.