El próximo 17 de julio Pedro Sánchez presentará ante el Congreso su propuestas de "regeneración democrática". Regeneración en la que tendrán un papel central los medios de comunicación, tras meses denunciando la existencia de una "fachosfera" mediática centrada en atacar a su entorno. Sánchez ha confirmado que ese día presentará una reforma de la ley de publicidad institucional dentro del debate que quiere abrir sobre la propagación de bulos en medios digitales.

Un contexto en el que algunos señalan el modelo del Consejo Audiovisual catalán (CAC), similar a otros entes de control habituales en el entorno europeo, como modelo a replicar para estrechar el control sobre los medios audiovisuales. Una entidad que tiene "competencias de supervisión" sobre los contenidos de todas las radios y televisiones de ámbito local y autonómico, públicas y privadas. Y un gran poder, la concesión de frecuencias de radio y TDT.

El CAC no puede sancionar, pero sus informes preceptivos -en el caso de las coberturas de campañas electorales, por ejemplo- o solicitados por partidos y entidades pueden incidir en las licencias de emisión, en tanto que las radios y televisiones son concesionarios de un bien público, el espacio radioeléctrico.

Escapan de su control los contenidos online. Aunque su anterior presidente del CAC y actual presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia, Roger Loppacher, propuso ampliar sus supervisión a todos los medios de comunicación online: desde las plataformas de los medios convencionales a Telegram o Whatsapp.

De las radios locales a Telegram

Loppacher propuso la aplicación de un sistema regulador más estricto en el que se definieran claramente unos indicadores clave de rendimiento para las plataformas. También las herramientas con las que los reguladores podrían desarrollar su labor de monitorización y aplicación de las normas. Y por último, un sistema que permitiera al regulador instar a la retirada de contenidos ilícitos si se diese el caso.

El entonces presidente del CAC planteó esta ampliación de competencias al calor del debate abierto por Ursula von der Layen en la Unión Europea con la Digital Service Act (DSA). Un nuevo marco regulatorio sobre plataformas, servicios y productos digitales propuesto por la Comissió Europea para "exigir más responsabilidad a los nuevos medios de internet en ámbitos como la protección a menores, los discursos de odio y la desinformación" apuntaba el informe elaborado por Loppacher.

Era junio de 2020, empezábamos a salir del gran encierro del Covid y las plataformas se habían convertido en el centro de muchas vidas. Además las redes adquirían un protagonismo político que fue especialmente relevante en el procés independentista iniciado en Cataluña años antes. Y el presidente del CAC advertía que la autorregulación no es suficiente cuando hablamos de redes sociales.

La autorregulación no basta

Se acababa de hacer público el primer informe sobre la efectividad del Código de autorregulación pactado entre la Unión Europea y las principales plataformas -Google, Facebook y Twitter-. Y la conclusión del presidente del Consejo Audiovisual fue que esa autorregulación no era suficiente. Loppacher abogó por una regulación más estricta para combatir la desinformación en las plataformas digitales. E incluyó en su informe jurídico tanto a las grandes redes como a canales alternativos como Telegram y Whatsapp, aunque en la nota de prensa remitida en su momento por el CAC no se concretaba ninguna plataforma.

"Uno de los puntos más destacados del nuevo paquete legislativo debe ser la no discriminación entre los diferentes tipos de contenidos digitales, sean vídeo, audio o texto" señalaba Loppacher en su informe. El objetivo, añadía, era "igual las obligaciones de las plataformas de internet con las de los prestadores audiovisuales", sometidos a una regulación "mucho más estricta".

Para el supervisor, la cuestión principal en el debate sobre los nuevos medios es "que los valores fundamentales que han sustentado la regulación del audiovisual, como la libertad de expresión y la protección a los menores, deben tener la misma relevancia en el escenario online". Por tanto, concluía, "es necesaria una regulación específica de los contenidos digitales" difundidos por la plataformas de internet.