El próximo 24 de septiembre, un policía nacional de Sanlúcar de Barrameda se enfrenta a cinco años de cárcel. Su delito, denunciar corruptelas de sus compañeros. La historia de Federico arranca en 2015, cuando "documentó y denunció" las prácticas que otros agentes, con su mismo uniforme, estaban llevando a cabo.
Federico es el delegado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la ciudad gaditana. Hace más de 10 años, en una operación contra el narcotráfico los investigadores se incautaron de un barco, propiedad de un clan. La embarcación quedó en el depósito, y con el tiempo pasó a engrosar parte de la flota que la propia Policía tiene a su disposición para luchar contra la drogra. Pero sólo para eso, para investigaciones.
"Esto es una ciudad muy chica, todo se sabe", señala el secretario provincial de la organización a este periódico. Explica así cómo Federico comunicó a sus superiores lo que era un secreto a voces: que "cuatro o cinco" policías estaban utilizando ese barco para su uso particular y recreativo.
Recopiló informaciones y fotografías, y con las pruebas acudió a un inspector jefe, ya jubiliado, que "miró para otro lado". Ante la falta de iniciativa, fue a contar lo que había descubierto al comisario provincial, quien a grandes rasgos le indicó que "se estaba equivocando" y que estaba relacionando cosas que no tenían nada que ver.
Las fuentes consultadas aseguran que "con los actuales mandos" nada de esto habría pasado. El comisario provincial lleva dos años y medio y el local medio año, más o menos. "Son súper íntegros", aseguran quienes los conocen.
El juicio, en 12 días
Los agentes señalados aseguraban que utilizaban el barco en el marco de investigaciones, "pero es mentira", señalan fuentes conocedoras. Por todo ello, sus compañeros denunciados internamente han iniciado un proceso penal contra Federico por revelación de secretos. El juicio empieza en 12 días.
El SUP, el sindicato al que pertenece, se ha hecho cargo de su defensa legal. "Denunció como representante sindical", explican. La denuncia contra Federico se archivó dos veces por jueces distintos. Esta es la tercera, que ha llegado a la Audiencia Provincial de Cádiz. En la organización no tienen dudas de que volverá a suceder lo mismo, pero piden reflexionar por la figura del denunciante de corrupción interna en el Ministerio del Interior.
"¿Qué modelo policial queremos? ¿Qué mensaje estamos enviando a aquellos agentes que, día a día, se enfrentan a dilemas éticos en el cumplimiento de su deber? ¿Estamos fomentando una cultura de integridad y transparencia, o estamos alimentando el miedo y el silencio cómplice?", se pregunta el SUP en un comunicado.
La Ley 2/2023 regula la protección a las personas que informen de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La legislación busca que los denunciantes no se sientan cohibidos o teman represalias por informar sobre determinados asuntos, sobre todo cuando implican a superiores. Los policías tienen el deber de guardar confidencialidad sobre sus actuaciones, pero no con las actuaciones irregulares de sus compañeros, como en el caso de Federico.
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