Otro modelo. Otro enfoque completamente distinto al del PP. Si este fin de semana Alberto Núñez Feijóo se enclaustraba con sus barones en Asturias para armonizar las medidas de vivienda en las autonomías que su partido gobierna —algunas ya vigentes— y para anunciar como compromiso estrella la bajada al 4% del impuesto de transmisiones patrimoniales, Pedro Sánchez lanzaba este lunes un conjunto de 12 medidas con tres objetivos: disponer de más viviendas, armar una "mejor regulación" y poner en marcha "más ayudas". El hilo que une todas esas iniciativas, explicó, es el de la "intervención pública" de un mercado que, recalcó, no funciona, y que hay que equilibrar, poniendo coto a los especuladores, dejando atrás las "políticas neoliberales", de "nefastas consecuencias", liberalizadoras, de los gobiernos del PP. Para el Ejecutivo de coalición, lo que necesita España es una "política basada en la evidencia científica", que estudie los datos que han funcionado en otros países, y no aplique la "ideología neoliberal fracasada y fallida", una política "ambiciosa" frente a la "sed especuladora de algunos".

El plan del Gobierno se traduce en medidas como la puesta a disposición de la nueva empresa pública estatal de vivienda de casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial, el lanzamiento de un PERTE proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, nutrido con fondos europeos— específico sobre la vivienda, la creación de un sistema de garantías públicas que protejan tanto a propietarios como a inquilinos, la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia o el incremento del 100% del gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran casa aquí, para limitar así la adquisición de inmuebles por parte de los extracomunitarios no residentes. Un conjunto de anuncios que vertebraron su intervención de clausura de este 13 de enero en el foro Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en el madrileño Museo del Ferrocarril, en presencia de buena parte de sus ministros, ninguno de ellos de Sumar, el socio minoritario de la coalición.

En los años de Rajoy, critica, "no hubo política pública de vivienda", se aplicó una "ideología neoliberal fracasada y fallida" mientras que su Gobierno ha desplegado una alternativa "valiente", que moviliza "recursos del Estado"

Sánchez arrancó su discurso advirtiendo de la "alarmante tendencia" que se observa no solo en España, sino en las sociedades occidentales, el peligro de construir una población dividida en "propietarios ricos e inquilinos pobres": los precios medios de la vivienda en Europa han crecido una media de un 48%, una cifra "absolutamente insoportable", casi dos veces más que la renta de los hogares. Y tras una década en la que "no hubo política pública de vivienda", la de los gobiernos de Mariano Rajoy, el Ejecutivo progresista, reivindicó, sí que fue poniendo en marcha una alternativa "valiente, social, comprometida", "coherente, consistente" y que "moviliza recursos del Estado".

Así, recordó, se ha multiplicado por ocho, en casi siete años, el presupuesto estatal destinado a vivienda, se ha impulsado un bono de alquiler de 250 euros mensuales del que disfrutan más de 66.000 jóvenes, se han lanzado políticas de rehabilitación por valor de 3.000 millones, se han dedicado otros 3.600 a combatir el sinhogarismo y la precariedad de los hogares más vulnerables, se ha aprobado el fin de las golden visa, se ha limitado la proliferación de pisos turísticos, se ha ampliado la moratoria de desahucios y se ha desplegado un programa de 4.000 millones de euros en financiación y avales ICO para construir 20.000 viviendas. Y se aprobó, en 2023, una ley "puntera", "buena", la de vivienda, que está dando "sus primeros resultados positivos allí donde se aplica", como en Cataluña, donde el precio del alquiler ha caído entre un 3% y un 5%. Las medidas ya desplegadas por el Gobierno han ayudado, subrayó, a "más de 1,5 millones de personas", y con ello se ha "atenuado" la subida del precio de la vivienda, menor que en otros países de la UE.

"Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer, tenemos que ser sinceros", reconoció Sánchez, advirtiendo así que este, el de la vivienda, es un problema capital en España, que la situación es "crítica" y que por tanto se exige "más trabajo y medidas contundentes por parte de la Administración General del Estado". La vivienda es ya la primera inquietud ciudadana, según el último barómetro del CIS, y fuente de preocupación sobre todo para el electorado progresista. 

El presidente saca pecho de las acciones de su Gabinete en estos siete años, pero admite que queda "mucho por hacer" ante una situación "crítica"

El primer objetivo del plan anunciado por Sánchez es, por tanto, que haya más número de viviendas. El presidente ilustró la carencia de pisos con un dato: en la época del boom inmobiliario se creaban 400.000 hogares al año y se construían 600.000 viviendas, mientras que hoy se forman 300.000 hogares y apenas se construyen 90.000 casas. Datos que dan prueba de la "envergadura" del desafío hay por delante, ya que solo hay un piso por cada tres hogares. "Necesitamos construir más viviendas privadas, pero sobre todo viviendas protegidas", porque son las que permitirán "garantizar el acceso" a los más vulnerables y estabilizar los precios, justificó, de nuevo en una pretendida afirmación de contraste con el PP.

Del 9% al 2,5% de vivienda pública

Otra cifra más: en los años ochenta, en España se construían más de 100.000 viviendas protegidas al año, de manera que en 2012 se llegaron a acumular 2,3 millones, un número "enorme" que hoy representaría el 9% del parque de viviendas de España. ¿Qué ocurrió? Que muchas pasaron al mercado libre y "dejaron de cumplir con su función social". Hoy solo hay un 2,5% de vivienda pública, lo que sitúa a nuestro país "a la cola" de otras naciones de nuestro entorno, como Francia (14%) o Países Bajos (34%).

El Gobierno se propone revertir esta situación. Sánchez anunció entonces la primera medida concreta: el Estado acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva empresa pública de vivienda para construir "miles y miles de viviendas sociales de alquiler asequible". A lo largo del primer semestre de 2025 se incorporarán 13.000 viviendas de la SAREB —el banco malo—, y otras 17.000 se sumarán de manera progresiva.

El Estado pondrá a disposición de la nueva empresa de vivienda casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir "miles y miles de viviendas sociales". Se blindará la vivienda protegida del Estado, para mantener su titularidad pública

Esa nueva empresa pública de vivienda —cuya creación Sánchez anunció en la clausura del 41º Congreso del PSOE, en Sevilla, el pasado 1 de diciembre— tendrá "prioridad en la compra de viviendas y suelo". Además, se blindará la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantenga de manera indefinida su titularidad pública, de forma que "lo que se construya o rehabilite con dinero público siga siendo siempre de los españoles, de sus hijos y nietos, y no acabe en manos de fondos buitre y grandes especuladores, como ocurrió con el PP".

Cuarta medida: el Gobierno lanzará un PERTE para la "innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España". Se trata, explicó, de construir más casas "en menos tiempo", respetando la sostenibilidad. Se desarrollará en la provincia de Valencia, precisó, para ayudar a la reconstrucción del tejido económico tras la DANA y "generar valor añadido en la Comunitat Valenciana y en toda España". Con este PERTE se pretende igualmente "fortalecer al sector de la construcción".

Uno de los anuncios más ambiciosos del Ejecutivo es la creación de un sistema de garantías públicas que "protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos" que participen en un alquiler asequible. El Estado pondrá dinero y los avales necesarios para que los dueños puedan arrendar sus viviendas "con garantías y sin asumir riesgos". Esta medida se ha probado "con éxito en Francia", explicó, y entrará en funcionamiento este año, empezándose a aplicar a los propietarios que alquilen a los menores de 35 años. Con este sistema se asegura al propietario el cobro de la renta y al inquilino se le proporciona una mayor oferta a precio asequible.

Se otorgarán ayudas a las personas que reformen un piso para arrendarlo a un precio asequible durante al menos cinco años

También se otorgarán ayudas a las personas que reformen un piso para arrendarlo a un precio asequible durante al menos cinco años. Con esta medida, la sexta, se persigue movilizar por tanto el parque de cerca de 4 millones de pisos vacíos o infrautilizados, 400.000 en zonas tensionadas, para que regresen al mercado del arrendamiento.

El Ejecutivo propondrá al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el índice de precios de referencia, sin necesidad de que estas se hallen en zonas declaradas tensionadas. Sánchez recalcó que con estas medidas "ganan todos". Los propietarios, porque tendrán "incentivos, apoyos adicionales y mayores seguridades", y el conjunto de la ciudadanía, por la mayor oferta de alquiler, de mejor calidad y a mejor precio.

Sobran Airbnb y faltan viviendas", sostiene, para adelantar que llevará una reforma al Congreso para que los pisos turísticos tributen como una actividad económica. Se cambiará el régimen de las socimis

El segundo objetivo es el de una "mejor regulación", para proteger a los ciudadanos de los "abusos del mercado". El jefe del Ejecutivo incidió en que en una situación de emergencia habitacional como la actual, "sobran Airbnb y faltan viviendas", así que el deber de las administraciones es priorizar el uso residencial y procurar que no haya un uso especulativo.

En este sentido, el Gobierno llevará al Congreso una reforma fiscal para que los pisos turísticos sean considerados como un negocio y tributen como tal, como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA en aquellas zonas donde haya dificultades en el acceso a la vivienda o la saturación turística. Asimismo, novena medida, se cambiará el régimen de ventajas fiscales de las socimis —sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria—, condicionándolas a la promoción de vivienda en alquiler asequible.

El ejemplo de Dinamarca y Canadá

Tras un trabajo "minucioso" del Gobierno y tras la eliminación de las golden visa, se ha decidido limitar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes, de forma que se incrementará hasta el 100% el impuesto que deben pagar los no europeos que no viven en España cuando compran aquí una casa, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes. Es una medida "inédita", admitió, pero que ya "se aplica en otras democracias", como Dinamarca o Canadá, y que es "adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual". Solo en 2023, ilustró Sánchez, los no residentes de fuera de la UE compraron 27.000 casas, no para vivir en ellas, sino "para especular, para ganar dinero con ellas". Las casas "no pueden servir como activo financiero o como depósito bancario". El Ejecutivo confía en que esta reforma sea avalada por los grupos cuando llegue a las Cortes Generales.

Se limitará la compra de vivienda por parte de los extracomunitarios no residentes, para que las casas no sirvan como "activo financiero o depósito bancario", para que no especulen con ellas

El Gobierno también se propone endurecer la regulación que persigue el fraude en los alquileres de temporada y crear un fondo para que los gobiernos autonómicos y locales refuercen las inspecciones de viviendas turísticas ilegales y otros usos fraudulentos.

Última medida, la número 12: la aprobación de un nuevo plan estatal de vivienda, para su entrada en vigor en 2026. Aumentarán los programas de ayuda hoy vigentes y se prestará mayor atención a las personas mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a las que vivan en zonas degradadas. Estas son las respuestas "a corto plazo", porque la construcción de viviendas no es inmediata.

Todas estas medidas, precisó el presidente, han de ir acompañadas con la reforma de la ley del suelo, que el Gobierno tuvo que retirar en mayo por falta de apoyos y que se ha vuelto a comprometer a tramitar. La norma, muy demandada por los municipios, facilitará la reducción de la burocracia, acelerará la construcción de vivienda y ampliará la disponibilidad de suelo para edificar pisos privados.

Se pondrá en marcha un plan estatal de vivienda para su entrada en vigor en 2026 que supondrá la respuesta a corto plazo, con más ayudas. El Gobierno cuenta también con poder reformar la ley del suelo

Sánchez hizo hincapié en que el "objetivo claro" del Ejecutivo es "proteger" a la ciudadanía, facilitar el acceso a la vivienda y encontrar un "mejor equilibrio entre turismo e inversión". "Podemos lograrlo", animó, porque se han ordenado y equilibrado mercados "complejos" como el energético y será posible hacerlo con el de la vivienda, aunque un problema estructural como este no se conseguirá arreglar "de la noche a la mañana".

El líder socialista se mostró convencido de que el plan presentado este lunes ayudará a solucionar el problema, pero también recalcó que el "impacto" sería "más rápido" si los gobiernos autonómicos —el PP preside 11 comunidades, más Ceuta y Melilla, y gobierna en Canarias— "abandonaran el modelo de especulación de [José María] Aznar" que "cebó la crisis financiera, se llevó al 50% del sector de la construcción y dejó a miles de familias en la calle".

Las críticas a Feijóo

La receta que extiende el Ejecutivo, por tanto, es la de la "intervención pública". También la colaboración público-privada. Y la "perseverancia" para que los esfuerzos "den sus frutos". Un modelo, por tanto, que pintó como alejado del presentado el domingo por Feijoo. El de un PP cuya política de vivienda fue, en sus años en la Moncloa, permitir que los especuladores "hicieran negocio", que se abrieran heridas que aún hoy "supuran".

El líder socialista defiende la "intervención pública" y una política que "une" a propietarios e inquilinos frente a la cultura del "pelotazo" y la "burbuja" de los gobiernos del PP. Promete "dejarse la piel"

Pero "lo peor de todo", y "visto lo visto", criticó Sánchez, en clara alusión al fin de semana de encierro de Feijóo con sus barones, es que los populares "no se arrepienten". A su juicio, quieren "volver a esa política nefasta, la del pelotazo, la de la burbuja inmobiliaria y que luego venga papá Estado y pague los platos rotos con los impuestos de la clase media y trabajadora, que es la principal víctima de esa burbuja que otros inflaron".

Frente a un modelo "injusto y fallido", el del PP, la política de vivienda del Gobierno es la que se niega a repetir los errores del pasado y que rechaza volver a dejar el mercado inmobiliario a manos de los especuladores. Es, sostuvo, la política que "une a inquilinos y propietarios", no solo a estos últimos, porque los arrendatarios también necesitan del "apoyo" de las administraciones —"son nuestros hijos, nuestros camareros, nuestros enfermeros"—, y sin olvidar que buena parte del parque de vivienda en alquiler residencial pertenece a pequeños propietarios.

El Gobierno está "comprometido", proclamó el presidente, y pondrá "todo" lo que esté en su mano para que la vivienda sea un bien "asequible". Se volcarán "todos los recursos del Estado en esta causa", no se dejará "ni un ápice de esfuerzo" en lograr el propósito de hacer accesible la vivienda. "Nos vamos a dejar la piel", prometió. Ahora falta por ver cuántas de estas medidas pueden desplegarse, porque algunas dependen de su aprobación en las Cortes y la mayoría de investidura es muy frágil, demasiado frágil.