Esta vez sí. Salvo que las cosas se tuerzan en la ultimísima curva, ya está hecho: PSOE y Junts han logrado alcanzar un "principio de acuerdo" para la delegación a la Generalitat de las competencias migratorias, tal y como adelantó este lunes por la tarde TV3 y confirmaron a este diario fuentes socialistas del máximo nivel. Se espera que el anuncio se materialice de manera "inminente". En las próximas horas, "muy pronto". Culminará así un año largo de negociaciones entre los dos partidos. Muy costosas, repletas de idas y venidas, de aceleraciones y parones. Pero ya no habría vuelta atrás, tal y como creen los socialistas. El punto que hasta ahora había atascado las conversaciones, el control de fronteras y la gestión de las expulsiones, se ha desbloqueado finalmente, y eso ha hecho posible llegar al consenso entre el Gobierno y su aliado más inestable. El pacto se plasmará, previsiblemente, en una proposición de ley que se registrará en el Congreso y que, para salir adelante, requerirá el apoyo de todo el bloque de investidura, al tratarse de una iniciativa de carácter orgánico. Y esos respaldos no están todavía claros, precisamente por lo sensible que es este tema y las posiciones cercanas a la ultraderecha catalana que ha mantenido la formación de Carles Puigdemont.

Ninguna de las dos partes ha querido anticipar aún el contenido de ese principio de acuerdo, todavía no solemnizado. PSOE y Junts han mantenido el celo máximo durante todos estos meses precisamente para preservar un diálogo muy difícil, y por eso apenas han dado detalles. Hace semanas, no obstante, sí confirmaron que los trabajos estaban muy avanzados, e incluso los posconvergentes dieron a conocer cuáles eran los escollos. Siempre reclamaron, insistían, en un traspaso "integral" a Cataluña de la competencia en inmigración. E "integral", subrayaron, es "integral", y "no casi integral".

Baviera ha creado una policía migratoria propia. Aquí serán los Mossos, que no es una policía solo migratoria, y cooperarán con Policía y Guardia Civil", señalan fuentes conocedoras de los contactos

El partido de Puigdemont ha venido exigiendo que los Mossos y la Administración autonómica sean quienes tengan la primera y la última palabra en inmigración. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a ceder una amplia batería de competencias, pero desde el principio remarcó que lo que no podía traspasar era el control de fronteras o la gestión de las expulsiones. La justificación técnica era que aunque el artículo 150.2 de la Constitución permite al Estado delegar poderes a las comunidades autónomas vía ley orgánica, hay facultades que, sin embargo, ha de retener el Ejecutivo central.

Así, lo que Interior ofrecía era que los Mossos pudieran colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que el control de fronteras sería "compartido", tal y como avanzó en una entrevista la consellera de Interior, la socialista Núria Parlon. Junts siempre respondía que ese formato, inspirado en el modelo que opera en Baviera, uno de los land más prósperos de Alemania, le parecía insuficiente. También estaba en disputa la expedición del Número de Identidad de Extranjero (NIE) o el proceso de expulsión. Ahora, cuando se conozca la letra pequeña del acuerdo, se comprobará quién ha cedido más. Junts o el PSOE.

Fuentes conocedoras de las conversaciones indicaban a este periódico este lunes, una vez sellado el principio de pacto, que lo acordado es justo ese control compartido, bajo la premisa de "cooperación y coordinación". O sea, una cogestión de las fronteras. "Baviera ha creado una policía migratoria propia. Aquí serán los Mossos, que no es una policía solo migratoria, y cooperarán con Policía y Guardia Civil". Desde la Moncloa rubricaban que "evidentemente" no se cruza ninguna línea de la Carta Magna. Hay una precisión técnica importante: en todo momento se habla de delegación vía artículo 150.2 de la Constitución, no de un traspaso, porque la inmigración es una competencia exclusiva del Estado. "Hablamos de gestión. Gestión es aplicación de las leyes, acción administrativa. Se aplica toda la legislación del Estado, la ley y el reglamento de extranjería, que son detalladísimos. Y delegar es solo delegar, y por tanto sería reversible, pero el PP, si llegara al poder, no lo haría. El PP catalán tiene difícil oponerse". Quien tendrá que gestionar la nueva competencia, si la aprueban las Cortes, será el Govern del socialista Salvador Illa.

La proposición de ley se registrará, previsiblemente, como indican fuentes de la dirección socialista, en las próximas horas en el Congreso. Queda la duda de si será una iniciativa firmada por los dos grupos, que sería lo previsible, o bien solo por uno de ellos. En cualquier caso, arrancará a partir de entonces su camino parlamentario: admisión a trámite por la Mesa de la Cámara baja, debate de toma en consideración, presentación y debate de las enmiendas de totalidad (es muy probable que las haya), y discusión de las parciales en ponencia, comisión y pleno, y de ahí viaje al Senado y, si sufre cambios, vuelta al Congreso. Socialistas y posconvergentes tendrán que convencer al resto de socios de investidura para que la apoyen. De nuevo, se opta por una fórmula, la proposición de ley —la que se empleó con la amnistía—, que es algo más corta, ya que al no tratarse de un proyecto de ley del Gobierno, se evita la petición de informes preceptivos, aunque no vinculantes, a los órganos consultivos del Estado.

El cierre del acuerdo permite al Ejecutivo pensar en la aprobación de los Presupuestos, que serían los primeros de la legislatura y los que conferirían estabilidad al presidente. Pero aún es pronto

ERC ha tenido más foco en las dos últimas semanas de febrero. Estado y Generalitat pactaron primero la constitución de una empresa mixta, con participación mayoritaria de la Administración autonómica, para que gestione Rodalies a partir del 1 de enero de 2026. Era una demanda integrada en el pacto de investidura con ERC, igual que la condonación de 17.104 millones de euros a Cataluña, quita que después Hacienda extendió a todas las comunidades del régimen común. Ahora, el foco se desplaza al otro socio independentista, la formación de Puigdemont.

Junts puso sobre la mesa la delegación de las competencias migratorias en enero de 2024, como contraprestación a su apoyo a los primeros decretos leyes del Gobierno en esta legislatura. Desde entonces, las negociaciones se fueron desarrollando y el partido de Puigdemont convirtió la iniciativa en central. En la llave que podía abrir las siguientes puertas. En particular, con este acuerdo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya puede pensar en la posibilidad de amarrar sus primeros Presupuestos Generales del Estado de esta legislatura, los que podrían concederle ese horizonte de estabilidad que tanto persigue. Nada es, obviamente, seguro, porque Junts siempre negocia "pieza a pieza" y primero quiere que se garantice la ejecución de las cuentas públicas de años anteriores.

Que el acuerdo sobre inmigración estaba un palmo más cerca se empezó a atisbar tras la última reunión de las dos partes en Suiza, el pasado 21 de febrero, una cita a la que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acudió acompañado de José Luis Rodríguez Zapatero. El encuentro, esta vez, sí salió bien. Y fue positivo, como expresó el propio expresidente al ministro Félix Bolaños en la apertura del congreso regional del PSOE andaluz, al día siguiente. El domingo 23, el mediador internacional pidió a los posconvergentes que levantaran el pie del acelerador y retirasen su petición de cuestión de confianza para que no se quebrasen las relaciones entre las dos formaciones. El lunes 24, Junts lo hizo. Quitó de circulación su iniciativa en el Congreso, argumentando que daba su voto de confianza al verificador, Francisco Galindo Vélez. Concedía "tiempo" al Ejecutivo para cumplir sus compromisos atrasados. Y este, el pacto migratorio, era el gran obstáculo a remover. A los dos días, Puigdemont dejó claro que no se opondrá a una quita de 17.104 millones de euros a Cataluña pactada con ERC, porque aunque querría una condonación total, esa cantidad es "mejor" que nada. Este lunes, 3 de marzo, el acuerdo migratorio está, en principio, cerrado. La relación trabajosa entre los dos socios está cogiendo una mayor velocidad.