El Gobierno de España mantiene activos al menos otro nueve contratos con empresas israelíes del sector armamentístico. Así lo denuncia la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), que agrupa a más de 600 organizaciones y colectivos españoles horas después de que Moncloa ordenara la rescisión unilateral de un contrato con la compañía IMI Systems para la compra de munición.

Desde RESCOP señalan que, aunque el Gobierno ha anunciado medidas para limitar las relaciones militares con Israel, la realidad muestra una continuidad preocupante en la colaboración. “Estaremos pendientes y vigilantes de que realmente se cancele, ya que el Gobierno ha mentido con anterioridad”, advierte el comunicado emitido por la plataforma.

1.000 millones de euros en compras de material israelí

La red denuncia además que en los últimos meses, "el Ejecutivo ha destinado más de 1.000 millones de euros en dinero público a empresas israelíes del ámbito militar y de seguridad". Una cifra que, aseguran, pone de manifiesto la complicidad del Estado español con lo que califican como un “modelo de seguridad construido sobre el colonialismo, la ocupación ilegal, el genocidio y el apartheid”.

“No se trata sólo de solidaridad con Palestina —afirma RESCOP—, sino de qué modelo de seguridad queremos como sociedad”, en referencia a un contexto internacional marcado por el rearme y la creciente militarización.

De hecho, los ministerios de Defensa e Interior han firmado recientemente contratos con empresas israelíes. El Ministerio del Interior mantiene un contrato por valor de 319.000 euros para chalecos antibalas para la Guardia Civil con la misma empresa israelí con la que el Gobierno ha rescindido unilateralmente el que tenía para la adquisición de 15,5 millones de balas por más de 6 millones de euros.

Según fuentes de Interior, ese contrato, publicado en el BOE el pasado de abril, para las placas de los chalecos antibalas no se considera sujeto al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes, ya que se trata de un material de protección. Las mismas fuentes han precisado que concursaron otras tres empresas, pero fueron declaradas "no aptas" por la Mesa de Contratación porque sus productos no cumplían los requisitos técnicos fijados en el pliego de licitación. Así, la adjudicataria del contrato resultó ser la empresa Guardian Homeland Security, filial española de la israelí IMI Systems.

Entretanto, el Ministerio de Defensa mantiene dos programas con tecnología de ese país. El Consejo de Ministros aprobó el 3 de octubre de 2023 la compra de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2 para el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, un contrato con un valor estimado de 285 millones de euros, que desarrolla la compañía española Pap-Tecnos, cuyo proveedor tecnológico, según Defensa, es la empresa israelí Rafael, y que "no es sustituible".

Además, también está en marcha el programa del lanzacohetes de largo alcance SILAM, de cuyo desarrollo y fabricación en España se encarga Escribano y Expal, propiedad de la compañía alemana Rheinmetall. En la cadena de suministros Expal podría incluir un componente tecnológico bajo licencia de la israelí Elbit, que tampoco es sustituible, señala Defensa.

En cuanto al programador M339 Setter espoleta 120 mm, con el que se pretendía mejorar la eficacia de la munición de los carros de combate Leopard, su licitación fue paralizada el 26 de noviembre al comprobar que la empresa a la que podría adjudicarse era la israelí IMMY, por lo que no se formalizó ningún contrato.

Tránsito de comercio armamentístico

El comunicado de la red solidaria también hace alusión al papel de los puertos españoles en el tránsito de material militar hacia el Estado hebreo, y exige su desvinculación total del comercio de armas con Israel. En este sentido, las organizaciones reclaman al Gobierno español la aprobación urgente de un embargo total de armas, mediante Decreto Ley o una reforma legislativa que garantice un marco legal estable y vinculante.

Entre las principales demandas figuran, además, la cancelación inmediata de todos los contratos militares con empresas israelíes; la prohibición de nuevas adjudicaciones y la revocación de las actuales; la suspensión de toda cooperación institucional, formativa o logística con el régimen israelí; ya exclusión de empresas israelíes en ferias o eventos públicos en España.

“Cada contrato militar con Israel refuerza su capacidad de matar con impunidad a personas palestinas”, apunta RESCOP, que exige al Gobierno un cambio de rumbo inmediato para evitar lo que consideran "una participación directa en la maquinaria de guerra y represión en Palestina".