La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha dictado una instrucción en la que ordena a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que no sancionen el consumo o tenencia de drogas dentro de vehículos particulares estacionados, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La instrucción del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, que ha consultado El Independiente, advierte a los agentes de que los vehículos particulares gozan de una protección reforzada por pertenecer a la esfera de privacidad de los ciudadanos. "El consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la ley".

No obstante, advierte de que el consumo o tenencia sí que se podría tratar de una conducta subsumible en el Código Penal, concretamente un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial, si el vehículo estuviera en movimiento.

En concreto, deja sin efecto las sanciones administrativas de la ley de seguridad ciudadana —la conocida como 'ley mordaza', aprobada en 2015 por el Partido Popular en el Gobierno de Mariano Rajoy— respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los vehículos particulares utilizados "exclusivamente como medios de transporte estacionados".

Interior cita los artículos de la ley que sancionan el consumo de drogas, recordando que esto supone "un daño para el bien jurídico protegido en el que se conforma la seguridad de las personas". Dicho esto, la instrucción advierte de que el Tribunal Supremo considera que los vehículos, si bien no son considerados domicilios, son objetos "que por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares, en cuanto son propicios y apropiados para albergar en su interior objetos y elementos reveladores del área más íntima de la persona".

Los sindicatos muestran su rechazo a la instrucción

En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) se pregunta si esta instrucción no responde a otros motivos, como "la futura enmienda que busca reducir a infracción leve el consumo de drogas en la vía pública". Consideran que se trata de un intento de blanqueamiento del consumo y la tenencia de sustancias, lo cual, en su opinión, poco contribuye a la seguridad ciudadana ni a la lucha contra el tráfico de drogas.

En la misma línea se ha expresado el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, que ha expresado su "rotundo rechazo" a la orden de Interior, y advierte de que puede tener "consecuencias graves y contraproducentes" para la seguridad, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales. "La exclusión de sanción administrativa en este tipo de contextos transmite una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo", manifiestan.

Explican que, aunque el vehículo esté detenido, su ubicación en la vía pública lo convierte en un entorno visible y potencialmente influenciable, especialmente para
colectivos jóvenes o vulnerables. "Esta permisividad no hace más que normalizar el
consumo de drogas, generando una falsa percepción de legalidad o aceptación social e
incrementar el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas, ya que no existe
garantía de que el conductor no se pondrá en marcha tras haber consumido".

Por su parte, el SUP (Sindicato Unificado Policía), que ha catalogado la instrucción como una "enorme irresponsabilidad". Sostienen que, a partir de ahora, cualquier persona podrá consumir sustancias estupefacientes y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos, quedando "completamente fuera del alcance de la actuación policial hasta que sea demasiado tarde"

También señalan que Interior dificulta la detección temprana de problemas de adicción, ya que los consumos discretos en espacios cerrados impiden la actuación preventiva de familiares o servicios sociales, y debilita la presencia policial en zonas sensibles.