La empresa Villafuel, investigada en la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Hidrocarburos', ha solicitado al juez Santiago Pedraz, que instruye la causa, que reclame a trece despachos y consultoras —entre ellas KPMG y Andersen— la documentación de los trabajos que realizaron para la compañía. La empresa trata así de desvincularse del núcleo de la presunta trama de fraude fiscal y blanqueo vinculada a la importación y comercialización de combustibles, que estaba liderada por los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, que son los principales investigados en esta causa.

En un escrito presentado este 14 de mayo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia, al que ha tenido acceso El Independiente, la compañía solicita que se libre oficio a estas firmas de asesoría legal y fiscal para que remitan toda la documentación contractual, hojas de encargo, informes y facturas elaborados para Villafuel, así como la identificación de toda persona que colaborase en la redacción de estos documentos. Pide un plazo de un mes para responder e indican también que esta documentación no obra en su poder "por causas ajenas".

La empresa sostiene que, en relación a los hechos que están bajo el foco de la Justicia, actuó bajo el amparo "del asesoramiento puntual recibido por terceros", y que la documentación requerida es "pertinente para el esclarecimiento de los hechos". Asegura que sus actuaciones se ajustaron a las directrices económicas, legales y tributarias aportadas por sus asesores.

Según indican a este periódico fuentes jurídicas, tanto Villafuel como su actual administradora y propietaria, María Luisa Rivas, buscan desmarcarse de las actividades delictivas atribuidas a los principales investigados, quienes supuestamente defraudaron más de 212 millones de euros a la Hacienda pública mediante el uso de sociedades pantalla.

Asimismo, subrayan que incluso antes del inicio de la causa penal, la propia Villafuel había iniciado acciones judiciales contra tres sociedades —Carburantes Jalón Plaza, Skyward Tech y Salamanca Fuel Center— por impagos y presuntos delitos de falsedad documental y blanqueo.

Entre las firmas incluidas en el escrito figuran también European Tax Law Global Audit Assurance, Complianzen —encargada del cumplimiento normativo de Villafuel entre 2021 y 2023— y Andersen, que asumió esa función a partir de septiembre de 2023, además de gestionar la obtención de la certificación de 'Bureau Veritas'.

Esta maniobra procesal llega después de que la Fiscalía Anticorrupción señalara indicios de que Villafuel operó como una de las piezas clave en la trama para simular la compraventa de carburantes sin declarar correctamente los impuestos especiales ni el IVA. La empresa defiende ahora que actuó bajo asesoría profesional y se desmarca así de cualquier actuación delictiva ante la Audiencia Nacional.