Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron el informe clave en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, han ratificado este viernes sus conclusiones ante el Tribunal Supremo. En el documento se le atribuía una “participación preeminente” en la presunta filtración de datos privados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La declaración de los investigadores, en calidad de peritos, fue solicitada por la Abogacía del Estado, que defiende tanto a García Ortiz como a la otra imputada en el procedimiento, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Durante cerca de una hora, los abogados de los fiscales han tratado de cuestionar la solidez del documento, elaborado tras el análisis del contenido del teléfono móvil de Rodríguez. Este dispositivo fue intervenido el 30 de octubre de 2024 durante un registro ordenado por el magistrado instructor, Ángel Hurtado.

La declaración de los agentes de la UCO se acordó tras una resolución de la Sala de Apelación del alto tribunal, que estimó parcialmente un recurso del fiscal general. En él reclamaba diligencias adicionales, incluida la ratificación de los autores del informe y la declaración del propio González Amador, prevista para el próximo 23 de mayo. Aunque el juez rechazó inicialmente esta diligencia —al entender que una simple ratificación no aportaba nada nuevo y que las aclaraciones debían reservarse para el juicio oral—, la Sala recordó que la ley permite requerir explicaciones a los peritos también en fase de instrucción.

El informe que han ratificado resulta crucial en la investigación por la supuesta revelación de secretos en tres momentos clave: la filtración a la prensa de que González Amador estaba siendo investigado por delitos fiscales; la divulgación del correo en el que su abogado se mostraba dispuesta a pactar con la Fiscalía; y la nota de prensa difundida por el Ministerio Público el 14 de marzo para desmentir una información publicada por El Mundo la noche anterior, en la que se afirmaba que fue el fiscal del caso, Julián Salto, quien ofreció un acuerdo al empresario.

El documento elaborado por la UCO detalla un relato cronológico de las comunicaciones internas entre fiscales en la semana clave de marzo en que se produjeron las filtraciones. Según concluyen los investigadores, en el escaso intervalo de tiempo entre que García Ortiz recibió un correo clave y la posterior publicación de su contenido en prensa —menos de dos horas— sólo un reducido grupo de personas tenía acceso a esa información.

La nota de prensa

La Guardia Civil sostiene que la filtración parte del entorno de la Fiscalía, y la acota a un pequeño círculo: la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Provincial, la Fiscalía Superior de Madrid, la decana de delitos económicos y el fiscal del caso. Señalan directamente a García Ortiz como quien dirigió y ordenó la elaboración del comunicado que sirvió de base para la nota de prensa emitida el 14 de marzo.

El informe también recoge cómo Pilar Rodríguez solicitó al fiscal general una dirección a la que enviar los correos electrónicos cruzados entre Salto y la defensa de González Amador. García Ortiz le facilitó una cuenta de correo electrónico a la que Rodríguez remitió los mensajes. Esa cuenta fue después eliminada, según confirmó la UCO al Supremo, lo que impidió recuperar los contenidos del teléfono móvil del fiscal general.

La investigación también analiza la filtración a la prensa de la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por delitos fiscales. Según la Guardia Civil, esa información se publicó el 12 de marzo, apenas cuatro días después de que la Fiscalía General recibiera la denuncia completa desde la Fiscalía Provincial. Este informe ha cobrado aún más relevancia después de que los intentos del juez para recuperar los mensajes borrados por García Ortiz a través de WhatsApp y Google resultaran infructuosos. Ambos remitieron datos sin interés para el procedimiento.