La Audiencia Provincial de Madrid apunta en una resolución hecha pública este viernes que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pudo haberse aprovechado de su posición para vender favores a cambio de "contraprestaciones" destinadas a "proyectar" su carrera profesional: "[...] ésta debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias".

El tribunal se expresa así en un auto en el que delimita el objeto del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado y que tiene como principal investigada a la mujer del jefe del Ejecutivo. Circunscribe esas contraprestaciones en el marco de un "sector novedoso”, como es el de “la captación de fondos por entidades, en relación a establecimiento de criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad”. Además, en su escrito, los magistrados avalan que Peinado tomase declaración como testigo a Pedro Sánchez por su condición de cónyuge de la investigada.

En este punto, los magistrados subrayan que las empresas del Grupo Barrabés, propiedad de Juan Carlos Barrabés, también imputado en el procedimiento, fueron una “pieza clave” en el desarrollo e implementación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense. Según la resolución, dicha cátedra habría servido como plataforma para el lanzamiento y consolidación de su “supuesta excelencia profesional”, desde la cual “se habrían urdido el resto de actividades sobre la que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara desviación de poder”.

Este pronunciamiento forma parte de una resolución de 24 folios en la que la Sección 23ª de la Audiencia madrileña estima parcialmente los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía. El tribunal corrige al instructor, levanta dos imputaciones —la del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y la del exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes— y redefine los límites del procedimiento: deberá centrarse exclusivamente en los hechos vinculados a la cátedra universitaria, dejando fuera de la causa tanto la contratación de Gómez en el Instituto de Empresa como el rescate público a Air Europa y el papel que ésta pudo jugar en él.

La investigación judicial se inició el 24 de abril de 2024, tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias. Inicialmente, Peinado imputó a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionados con su actividad profesional Universidad Complutense. Posteriormente, en octubre, el magistrado amplió la investigación al admitir parcialmente una querella de la asociación Hazte Oír, y la imputó también por apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el desarrollo de un software vinculado a la cátedra que codirigía en la universidad.