La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha levantado la imputación sobre el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.

Así consta en una resolución de 24 folios fechada el 13 de mayo, a la que ha tenido acceso El Independiente, en la que el tribunal rectifica — y critica— varias de las decisiones que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha venido adoptando a lo largo de los últimos meses. No obstante, mantiene la condición de investigados de la propia Gómez y del empresario Juan Carlos Barrabés. En lo que se refiere a la imputación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, aún está pendiente de recurso.

Asimismo, la Audiencia avala que se tomara declaración como testigos a Goyache y a los vicerrectores que participaron en la gestión de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad, así como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de cónyuge de la investigada. También justifica que la letrada de Vox, que forma parte de la acusación popular, estuviera presente durante la declaración del jefe del Ejecutivo. No obstante, los magistrados advierten de que no debió entregarse la grabación de esa testifical, ya que el presidente se acogió a su derecho a no declarar.

Respecto a Barrabés, la Audiencia critica que se le tomara declaración como testigo para, cuatro días después, cambiar su condición a investigado sin las debidas garantías procesales. Considera que existían desde el inicio elementos suficientes para citarle directamente como investigado, dada su implicación en la obtención de contratos públicos por más de 21 millones de euros entre 2021 y 2022 a través de su empresa Innova Next S.L., que fue adjudicataria de once contratos públicos con distintas administraciones, ganando a propuestas más ventajosas de otras compañías. Los magistrados señalan que, en algunos de esos procesos, Gómez intervino prestando su aval como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense.

La Audiencia subraya que la relación entre ambos constituye la "clave" del caso, al situar la cátedra como plataforma desde la que se urdieron las actividades bajo sospecha. Según el auto, la rápida expansión de la cátedra se vio favorecida por la captación de fondos procedentes de empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de adjudicaciones públicas. Además, añaden que la declaración de Barrabés como testigo fue improcedente, puesto que tendría que haber adquirido la condición de imputado desde el primer momento, y sus manifestaciones no podrán usarse como prueba si no son ratificadas como investigado.

El rescate de Air Europa

Sobre la investigación del rescate a Air Europa y el papel que pudo tener Begoña Gómez en él, la Audiencia considera que debe quedar fuera del procedimiento y recuerda que ya lo excluyó en dos resoluciones anteriores. Deja sin efecto el requerimiento de Peinado para recabar información de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) sobre la operación y advierte de que sólo podría retomarse esa línea de investigación si surgieran hechos nuevos que justifiquen abrir una causa separada.

La Sala también excluye del objeto del procedimiento los hechos relativos a la contratación de Gómez por el Instituto de Empresa en 2018, cuando fue designada directora del África Center. "Consideramos que esta diligencia resulta innecesaria porque excede de lo que es objeto de esta instrucción", señala la resolución, que deja sin efecto la imputación de Güemes. El tribunal destaca que el exconsejero manifestó conocer a Gómez desde 2017 y valoró su experiencia para el cargo, sin que existan indicios de que su contratación estuviera relacionada con su condición de esposa del presidente del Gobierno.

La Audiencia ha resuelto estos recursos tras anular parcialmente una resolución anterior del juez Peinado, en la que desestimaba de forma conjunta dieciséis recursos de reforma presentados contra decisiones adoptadas entre junio y noviembre de 2024. Los magistrados de la Sección 23 advierten que ese modo de proceder es impropio y que "no debería haberse concentrado en una sola resolución" asuntos de naturaleza tan distinta, entre los que se encontraban recusaciones de diligencias, cambios de condición procesal e incluso denegaciones a las acusaciones populares. Dos de esos recursos, además, habían quedado sin respuesta.