Las prácticas de María Leire Díez han puesto sobre el foco, aunque de manera burda, el papel de los fontaneros en las organizaciones políticas, de aquellos que se encargan de que todo funcione de manera eficiente, desde el núcleo más próximo de un presidente de partido hasta el territorio más recóndito. Esencialmente, se ocupan de acallar a las voces más críticas con el mando del aparato y que todo carbure de arriba a abajo sin fisuras. Todo cuando las formaciones cada vez son más amplias y se tiende a dar lugar a pequeños feudos con intereses no necesariamente similares a los de la cúpula. Eso les sitúa en una posición de rechazo interno y sobre todo mala fama.

Están los que lideran estas operaciones y son reconocidos públicamente. Suelen ser, aunque no estrictamente, los responsables de Organización de las organizaciones, caso del diputado Santos Cerdán en el PSOE, que hace la labor de garantizar que los pactos con partidos como Junts no se fisuren. También de la diputada Carmen Fúnez y vicesecretaria de esa materia en el PP, Ignacio Garriga en Vox o Laura Moreno en el Movimiento Sumar. Bajo su mando, se esconden perfiles que, en cambio, no son públicos y a quienes les corresponde esas tareas de ordenación y de, cuando sea necesario, extinción de incendios. De hecho, esa es la ventaja de la ausencia de reconocimiento mediático, poder moverse con libertad.

La frontera que distingue a unos de otros, en todo caso, son las herramientas de las que se nutren. Y más si estas las apropiadas o se alejan de la legalidad. Hay quienes en ocasiones, para que todo goce de serenidad en sus partidos, debe enfangarse y descender a las 'cloacas del Estado' para relacionarse con personajes antagonistas de las buenas prácticas que son capaces de dotar de ese estado a las organizaciones.

El concepto también puede extenderse a un Gobierno y a un ministerio. Por ejemplo, ante las últimas informaciones que apuntan a la existencia de supuestos fontaneros bajo la batuta del PSOE que se movieron para atacar a entidades como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ministro socialista de Interior, Fernando Grande-Marlaska apeló a la utilización de su Ministerio durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para la edificación de una 'Policía Patriótica' que actuase contra enemigos políticos, caso de Podemos. Pero también en beneficio del PP. "Actuaban como auténticos fontaneros" para tapar la corrupción y los asuntos turbios, lanzó desde el Congreso esta semana Marlaska al principal partido de la oposición.

El 'caso Leire' y de nuevo las "cloacas"

La falta de transparencia en relación con la fontanería de un partido resuena ahora fuerte con el caso Leire, y por el que ahora el PP ataca al Gobierno acusándoles de recurrir a las "cloacas del Estado" para conseguir acallar aquellos supuestos casos de corrupción que están siendo investigados y que rodean al PSOE, al Gobierno y al entorno directo del presidente del Gobierno. La alerta no solo viene de la derecha, sino que Podemos se ha sumado a las críticas a los socialistas, les piden "dar explicaciones públicas" lo antes posible y advierten de la situación en la que quedarían si para atajar a esas "cloacas" que apuntaron contra los morados en el pasado, ahora el PSOE ha recurrido a "las mismas prácticas antidemocráticas".

La situación es la siguiente. El Confidencial desveló unos audios el lunes en los que una militante socialista y periodista se reunió en febrero con abogados y un empresario, Javier Pérez Dolset, en el despacho del letrado Jacobo Teijelo. Todos de forma presencial hicieron una videollamada con otro empresario acusado por corrupción en un negocio de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn. Tanto Díez como Dolset aseguran estar investigando asuntos de corrupción y sobre las cloacas. De ahí el objetivo del encuentro. Ella para conseguir documentación para un libro que escribe. Él asegura que llevan seis años de proceso, desde que fue acusado por un delito de fraude a causa de la 'Policía Patriótica'.

Lo cierto es que en los 53 minutos de audio, en ningún momento se menciona esa función de investigación. Es más, se pide discreción, "coordinación" entre todos los presentes y evitar las filtraciones. A ello se unen los temas sensibles tratados en ese encuentro y otros que han salido a la luz, que hacen caer esa versión al menos de Díez, y la aproximan hacia asuntos que encajan con los intereses que podría tener el Gobierno o el PSOE.

En la conversación se aborda con Hamlyn la posibilidad de aportar información comprometida del teniente coronel Antonio Balas, que es jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO. De ella dependen investigaciones paralelas a la de la justicia como las del caso Koldo o las del hermano del presidente, David Sánchez. Lo más llamativo es que Díez, como contraprestación, ofrece supuestos tratos con la Fiscalía y Anticorrupción para beneficiar al empresario huido a Dubái. Lo que, de ser cierto, la vinculan con las altas esferas de poder.

El PSOE, con todo, la define como una "militante de base" y desmiente cualquier tutela desde Ferraz. Incluso habla de "montaje político" o de "cacería" contra el partido. El propio Cerdán niega tratarla o haberla coordinado. Lo que genera controversia es el ascenso meteórico de una afiliada rasa y apenas conocida por los socialistas a puestos de relevancia pública. De su paso como concejal y teniente de alcalde de Vega de Pas (Cantabria), con apenas 800 habitantes, a ser jefa de Comunicación de Enusa (2018-2021) y luego directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2021-2022) sin formación en ese área. Pero más controversia sugiere que a esa búsqueda de trapos sucios de Balas, como ha publicado El Independiente, también le siguiese un intento similar con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El PSOE denuncia una cacería política y califica de montaje el caso Leire. Ella se defiende y afirma que tiene la conciencia tranquila

Más impactante es que Díez se haya reunido en varias ocasiones con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, como desveló este diario, para recabar información sobre la Operación Cataluña, de las cloacas, —de la etapa de Mariano Rajoy— y rebajar la tensión con Junts. Siendo Boye uno de los más afines de Puigdemont y Cerdán el interlocutor con Junts para la supervisión del pacto de investidura de Pedro Sánchez, hay poco margen que impida seguir vinculando a Ferraz de la fontanera. Podemos, que sostiene al Gobierno con sus cuatro votos, ya ha adelantado que a su juicio el PSOE tiene media pierna en el barro y que de confirmarse estas maniobras sería un escándalo.

Medio siglo plagado de trabajos de fontanería

La fontanería asociada a la vieja política se ha caracterizado por la discreción. El concepto lo empleó por primera vez en España el expresidente Adolfo Suárez durante su etapa de Gobierno. En concreto, para aludir a la etapa de la Transición, y a la gente dedicada a que el Estado siguiese funcionando mientras se apuntalaba la democracia. El concepto se había difundido en Estados Unidos durante el Gobierno de Richard Nixon y a raíz del caso Watergate. El presidente creó un núcleo de personas de confianza para evitar filtraciones sobre la implicación de los republicanos en ese robo de documentos al Partido Demócrata.

Los fontaneros elegidos por Suárez al comienzo de la democracia, para esa puesta apunto del Estado, fueron personalidades de élite con trayectorias bien asentadas y de reconocimiento público. Se puede destacar a Alberto Aza y Eugenio Bregolat, ambos diplomáticos de carrera, o el técnico comercial y economista del Estado, Alberto Recarte. No obstante, para Suárez fue esencial la labor de su cuñado, Aurelio Delgado, alias Lito, empresario de la comunicación o del mundo inmobiliario. Fue su mano derecha y desempeñó la jefatura de la Secretaría de Despacho en La Moncloa. Estuvo implicado en muchas de las operaciones y gestiones políticas de la Transición. Las salidas profesionales posteriores acreditan sus rangos. Aza terminó como jefe de la Casa del Rey, Bregolat de embajador en China y Recarte terminó de consejero en distintas empresas del Ibex.

De la etapa de Felipe González, desde el principio se intentó evitar la sensación de un equipo privado de confianza en las sombras compensándolo con una amplia estructura dividida en secciones dependiendo de las materias a tratar. Papeles clave tuvieron Julio Feo y José Enrique Serrano. Feo, que fue secretario y subsecretario de Estado durante dos gabinetes y Serrano fue mano derecha de Narcís Serra en Defensa, para luego convertirse en director del Gabinete de la Presidencia entre 1995 y 1996 hasta la victoria del PP de José María Aznar. Urdían discretamente y asumían su rol con normalidad para conseguir que acuerdos difíciles prosperasen. A Serrano se le atribuyen papeles clave en la lucha contra ETA o para abordar la huida de Luis Roldán.

En la etapa de Aznar. Ángel Acebes jugó un rol clave en el partido y en el Gobierno como coordinador general, secretario general y luego ministro de Justicia y de Interior. Destacan figuras de gobierno como Alfredo Timmermans, que llegó a ser secretario de Estado de Comunicación. Miguel Ángel Cortés fue uno de los principales respaldos al comienzo de la andadura nacional de Aznar, quien le empezó, de hecho, a escribir los discursos a partir de 1987. Fue una de las voces que alentó a Aznar a desplegar FAES, y quien en las dos legislaturas del popular ocuparía la secretaría de Estado de Cultura y de Cooperación Internacional. La misma senda siguieron Gabriel Elorriaga, Baudilio Tomé o Ramón Gil Casares. Miguel Ángel Rodríguez, que fue relevante por entonces, ahora se ha convertido en el principal muñidor de Isabel Díaz Ayuso.

Carlos Aragonés es otro de los engranajes clave para Aznar. Nada más entrarse en los noventa asume las competencias de Estudios y Programas del PP, para luego ser adjunto a la presidencia del partido y finalmente director del Gabinete de Aznar en Moncloa. A nivel orgánico Francisco Álvarez-Cascos fue también determinante. Durante su etapa, José Luis Rodríguez Zapatero recuperó a Serrano. Pero una de las piezas clave fue la del periodista Miguel Barroso, que se encargó de pilotar la Secretaría de Estado de Comunicación y de asesorar posteriormente a Presidencia. José Blanco fue el engranaje clave en el partido, el más reconocido.

En la etapa Rajoy, Jorge Moragas, Alfonso de Senillosa, Álvaro Nadal y Carmen Martínez han sido los fontaneros de sus gobiernos. El primero como director de Gabinete, el segundo como adjunto, el tercero como director de su Oficina económica y la cuarta como secretaria de Estado de Comunicación. Ya en la etapa de Sánchez puede mencionarse al asesor político Iván Redondo y a Óscar López, ambos exdirectores de Gabinete, y a José Luis Ábalos y Cerdán en lo que al control interno se refiere. Sánchez fue fontanero, de hecho, de Blanco junto a Antonio Hernando y López.

Hay casos llamativos de fontaneros que, ya inmersos en la nueva política post ruptura del bipartidismo, dejan esa imagen de técnicas cuestionables. Uno de los que más resonancia tuvo fue el caso de Fran Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos que, en pleno declive del partido, pasó al PP bajo una oferta labora y con el objetivo de ayudar a la dirección de Pablo Casado y al secretario general, Teodoro García Egea, a dar la puntilla al partido naranja. Jugó un rol fundamental en el partido junto a José Manuel Villegas, el secretario general de los naranjas, pero tras el desplome electoral de 2019, buscó una salida. En 2021 fichó por los populares, pero la caída en desgracia de Casado supuso su posterior despido en febrero de 2022. Pasó de una fontanería de primera a una secundaria.

En ese contexto, y también en el PP, destacó Ángel Carromero. Se hizo "omnipresente" por la confianza que logró en el PP de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre y ya con Casado durante su etapa de presidente de NNGG. Eso le catapultó a ser uno de los hombres fuertes de José Luis Martínez-Almeida y tejer un nexo directo con Génova. Tuvo que dimitir tras conocerse el supuesto espionaje a Ayuso y a su entorno para dañar su imagen pública frente a la competencia de Casado.

En Vox, durante la secretaría general de Javier Ortega Smith, figuras como Tomás Fernández, el responsable de Organización, han ejercido una presión férrea en los territorios. Contra las protestas provinciales a las imposiciones del aparato. También destacan las amenazas publicadas por este periódico a Macarena Olona después del resultado en las andaluzas de 2022. Le amenazó con quitarle la portavocía andaluza si no obedecía las directrices del partido. Ahora una de las fontaneras troncales es Montse Lluís, vicesecretaria de Acción de Gobierno y adjunta a Garriga, pero en las sombras, en lo más polémico del partido, destacan los asesores de Abascal: Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio.