El Ejecutivo da un paso más en su defensa absoluta y sin matices del fiscal general del Estado. Ya cuestiona abiertamente la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de proponer el procesamiento de Álvaro García Ortiz sin ningún tipo de "pruebas". "A estas alturas, algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender".

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Lo aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros. Una frase medida al milímetro por la Moncloa, para mostrar su descontento absoluto con el auto de Hurtado, para deslizar la idea de que realmente lo que persigue es un objetivo político, pero sin llegar a acusarle explícitamente de ningún tipo de delito —prevaricación, en este caso—. Claro que las palabras de la ministra, expresadas en la comparecencia semanal más importante del Ejecutivo, eran suficientemente elocuentes.

El Gobierno traslada su "máxima confianza en la Justicia, en la honestidad y en el buen trabajo de la gran mayoría de jueces y fiscales", pero "hay algunos jueces" que para la Moncloa hacen cosas "difíciles de entender", una acusación muy medida

A las preguntas de los periodistas, Alegría primero recordó que el auto que deja muy cerca del banquillo al fiscal general por presunta revelación de secretos —a él y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez— no es todavía firme, por lo que cabe recurso ante el propio juez y ante la Sala de Apelación del Supremo. "Lo que les quiero decir es trasladar máxima confianza en la Justicia, en la honestidad y en el buen trabajo de la gran mayoría de jueces y de fiscales en este país. Ahora bien, es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender", siguió literalmente.

Cuando se le preguntó a la portavoz de si lo que estaba queriendo decir es que Hurtado estaba tomando una decisión injusta a sabiendas —la definición del delito de prevaricación—, Alegría buscó no traspasar la frontera que ella misma se había marcado. Y que era la que se había marcado la Moncloa deliberadamente. "Yo creo que con la expresión difíciles de entender se explica bastante bien, y creo que se entiende perfectamente". La expresión que ella había empleado, sostuvo, "es lo suficientemente prudente, pero también lo suficientemente explícita".

No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada", dice Alegría, y sí hay "pruebas" de varios periodistas que contaron al juez que conocían el mail entre el letrado de González Amador y la Fiscalía antes que lo tuviera García Ortiz

"Y creo que ustedes han tenido también la oportunidad, en este caso, de leer el auto y de comprobar lo que yo les acabo de trasladar —abundó la ministra—. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada". Y, sin embargo, sí hay "pruebas", contrastó, de varios periodistas que declararon al juez como testigos —con obligación por tanto de decir verdad— que ellos tuvieron conocimiento del mail de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía antes de que, en la noche del 13 de marzo de 2024, obrara en poder del propio García Ortiz.

Ese correo electrónico es la clave de bóveda de todo este caso. La primera versión, la que filtró el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y que recogieron medios como El Mundo, es que había sido la Fiscalía quien había ofrecido a la pareja de Ayuso, al empresario Alberto González Amador, un pacto de conformidad. Sin embargo, la realidad era la contraria: había sido el letrado de González Amador el que había ofrecido un trato al ministerio público, por el que aceptaba la comisión de dos delitos fiscales para esquivar la cárcel.

Los testimonios de los informadores "no se han tenido en cuenta", han acabado "en la basura", reprueba la portavoz. En la Moncloa señalan que sería "impropio" que el Ejecutivo acusara de un delito al juez

Los periodistas que declararon ante Hurtado señalaron que habían conseguido la información "no a través" del fiscal general, recordó Alegría, y sin embargo esos testimonios "no se han tenido en cuenta", han acabado "en la basura". El magistrado los ha desdeñado y no han servido de descargo de la actuación de García Ortiz.

¿Estaba por tanto el Gobierno acusando de prevaricación al juez? Fuentes de la Moncloa señalaron que sería "impropio que el Ejecutivo acusara de un delito" a un magistrado del Supremo. "Deliberadamente", indicaron, habían elegido la expresión pronunciada por la portavoz —"hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender"— por ser "descriptiva y respetuosa". Eso sí, el Ejecutivo no va a hacer nada contra el auto, que aún no es firme porque todavía tendrán que resolverse los recursos.

La confianza del Gobierno en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto es "total", por la "magnífica labor que realizan persiguiendo siempre el delito", reiteró Alegría, reproduciendo las palabras de ayer del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Y, también como él, negó "rotunda y categóricamente" que Presidencia del Gobierno diera "indicaciones" a García Ortiz para que desmintiera la versión dada por la Comunidad de Madrid. "Esto no sucedió nunca y lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haya hecho este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba", mantuvo.

Alegría tampoco quiso hablar de "campaña contra nadie". Y eso que ayer el titular de Transportes, Óscar Puente, denunció en X que la "oposición real" al Gobierno la están ejercitando los jueces ante los "desaguisados" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No quiso ir más allá. El Ejecutivo, dijo, siempre ha defendido la "honestidad de los jueces", aunque ahora sea "evidente" que algunos envíen señales "difíciles de comprender y entender".

El contraste con el 'caso Ábalos' es absoluto. Alegría reitera, tras el registro de la casa del exministro, el "respeto" y la "colaboración con la Justicia", pero insiste en que el PSOE actuó "con absoluta contundencia" contra el exministro

El apoyo a García Ortiz se extenderá "hasta el final", recalcan desde la Moncloa. No creen en el Gobierno por tanto que tenga que dimitir, pese a la presión creciente, "por algo que no está demostrado, cuando no hay pruebas". El fiscal general se enfrenta a penas de hasta cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación.

El contraste con el caso Koldo / Ábalos, el caso judicial más grave e inquietante para el Ejecutivo, es evidente. Este mismo martes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del juez instructor del Supremo Leopoldo Puente, procedió al registro del domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia. Alegría quiso mostrar total distanciamiento con el exsecretario de Organización del PSOE, sin cuestionar la actuación judicial.

La portavoz manifestó el "máximo respeto" a la labor de registro y al trabajo dictado por el TS. "A este Gobierno siempre lo encontrarán colaborando con la Justicia y no tenemos nada más que decir que respeto absoluto". Alegría agregó que "desde el primer momento" el PSOE actuó con Ábalos "con absoluta contundencia, apartándolo del grupo parlamentario, pidiéndole el acta y abriéndole también un expediente de expulsión".