Una de las primeras citas claves de la semana para Pedro Sánchez ya está superada. La reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado para alumbrar las bases —solo las bases, la "arquitectura"— del modelo de financiación singular para Cataluña y "generalizable" al resto de comunidades autónomas que lo deseen. Con el acuerdo sellado este lunes por los dos gobiernos, y que se plasma en un inconcreto acuerdo de seis páginas, el presidente avanza en su alianza con ERC, uno de sus socios capitales de investidura, a costa, eso sí, de reabrir una dura batalla con el PP y con los dos barones socialistas al mando de dos CCAA del régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias. Pero, en términos prácticos, el proyecto de reforma financiera sigue en el mismo punto, porque le faltan detalles y plazos y porque no está nada clara su aprobación en Congreso y Senado, ya que Junts, cuyos votos son imprescindibles, avisa de que no respaldará nada que se aleje del concierto catalán. No es este un tema menor, en absoluto, porque la financiación autonómica, que es el reparto del dinero para la cobertura de los servicios públicos, es una cuestión muy inflamable y extraordinariamente sensible. Más en un momento de debilidad del Ejecutivo por el caso Koldo / Ábalos / Cerdán.

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La bilateral de este lunes en el Palau de la Generalitat, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, plasma el acuerdo que alcanzaron hace un año el PSC y ERC y que posibilitó la investidura de Salvador Illa como president. Aquilata los principios del nuevo modelo de financiación —el vigente está caducado desde 2014—, pero poco más. Así, se dice que el Ministerio de Hacienda y el Departamento catalán de Economía y Finanzas mantendrán "los contactos y los trabajos necesarios para acordar un nuevo modelo de financiación en que se tengan en consideración las necesidades de Cataluña y su singularidad", pero no se fija ningún plazo, aunque el Govern espera tener amarradas algunas concreciones antes de final de año.

El documento de la bilateral, de seis páginas, no fija calendarios ni las cifras de, por ejemplo, la aportación que hará Cataluña al Estado y al resto de CCAA. Son cinco los principios del nuevo modelo

Son cinco los principios que inspiran el nuevo sistema. Por un lado, la financiación básica, definida a partir de "los porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden" y cuyo resultado se corresponderá "con la contribución al sostenimiento de los gastos del Estado y la financiación de las competencias homogéneas de Cataluña y del resto de CCAA". Dos, una parte de los recursos derivados de esta cesta de tributos se empleará "como elemento de nivelación y solidaridad entre las CCAA". Pero esa aportación deberá hacerse, se precisa en el texto, de manera "transparente". No hay cifras ni cálculos. Tres, una vez hecha la nivelación, el reequilibrio territorial, habrá una "financiación adicional" para cubrir el coste de las competencias específicas de la Generalitat —como prisiones o Mossos d'Esquadra— o de las CCAA que tengan funciones adicionales y singulares respecto al resto. Cuatro, los gobiernos autonómicos ganarán en capacidad normativa, siempre dentro de los márgenes que marca la normativa europea y "con la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja", el dumping fiscal. Y cinco, desaparecerán los mecanismos de entregas a cuenta.

¿Y el principio de ordinalidad? No figura dentro del desarrollo de los acuerdos concretos entre las dos administraciones, no está en la parte dispositiva. En el preámbulo, se alterna lo que defiende la Generalitat con el punto de vista del Ejecutivo central, y en esos párrafos solo el Govern cita la ordinalidad. Es decir, que Cataluña no pierda posiciones en el ranking de recursos per cápita una vez hecha la redistribución territorial. Así, se dice que Cataluña considera que la aportación a la solidaridad con el resto de CCAA "debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos, y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final".

La ordinalidad no figura como uno de los ejes del nuevo diseño. La Generalitat sí lo considera necesario, pero el Gobierno habla de "suficiencia" del sistema y de la combinación de la multilateralidad con una "mayor presencia" de la bilateralidad. El modelo sería singular pero a la vez se pretende "generalizable"

En cambio, el Gobierno de Sánchez "considera que la aspiración de Cataluña de atención a su singularidad, para mejorar su financiación, autonomía fiscal y autogobierno con un mayor espacio para la bilateralidad, es compatible con una reforma general del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que garantice su suficiencia, con nuevas reglas comunes que den coherencia al sistema, conciliables con el adecuado tratamiento de las necesidades y singularidades de todos los territorios, y reconocimiento de la multilateralidad como elemento clave en la definición del sistema de financiación y sus reformas, sin perjuicio de que la bilateralidad tenga mayor presencia".

Acuerdo para la financiación singular de Cataluña emanado de la comisión bilateral Generalitat-Estado (14 de julio de 2025)Descarga

PSC y ERC firmaron hace un año que para 2026 la Agència Tributaria de Catalunya (ATC) asumiría la campaña de la renta del ejercicio anterior. No será así. El propio Govern admitió que su entidad "no está preparada" para asumir una multiplicación gigante de la recaudación, de los 5.000 millones actuales, por impuestos propios o cedidos, a unos 30.000 solo del IRPF. A lo que se comprometen los dos gobiernos es a trabajar conjuntamente para "impulsar los cambios legislativos pertinentes" a fin de que la ATC asuma "progresivamente competencias de gestión en el IRPF, sin perjuicio de futuros acuerdos en otros tributos, dentro de un modelo en red de gestión del sistema tributario", pero "con participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las administraciones tributarias autonómicas, con reglas de coordinación que aseguren que el sistema tributario se gestiona de forma eficaz y eficiente y con plenas garantías en la prevención y lucha contra el fraude". Las dos administraciones analizarán si es posible que, a lo largo de 2026, y previo acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, los contribuyentes catalanes presenten sus declaraciones de la renta del ejercicio 2025 ante la ATC.

Mayoría absoluta, 176 votos

La materialización del acuerdo, por tanto, es más que complicada. Pero tan difícil o más será su aprobación parlamentaria. Porque el Ejecutivo de Sánchez necesitará tener a todos sus socios de investidura con él. El cambio de sistema requiere, para empezar, de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y, por ese carácter orgánico, necesita de mayoría absoluta en el Congreso. 176 votos a favor.

El obstáculo, como se esperaba, no está en ERC. Su portavoz adjunto, Isaac Albert, calificó los acuerdos de la bilateral de este lunes como "un paso", un "punto de partida". "La música suena bien", dijo. Pero le falta mucha concreción, advirtió, y le sobra "escenificación". "Hemos conseguido que el PSC y el PSOE se muevan, que den pasos adelante, pero el país necesita más, mucho más. El país necesita menos escenificación y mucha más concreción", subrayó el dirigente en una rueda de prensa en la que acusó al Gobierno central de "avanzar arrastrando los pies".

A ERC la música le suena "bien", pero cree que falta concreción y sobra "escenificación". "Podríamos haber avanzado más", se queja, sin romper. No avanza cuándo presentará la proposición de reforma

Albert recordó que el principio de ordinalidad es un elemento "innegociable", aunque sí celebró que las dos administraciones hayan asumido que Cataluña "debe recaudar todos los impuestos". "Seguramente en 12 meses no hay tiempo suficiente para definir un modelo de financiación, pero podríamos haber avanzado un poco más", concedió, informa EFE. En definitiva, que "no termina nada y empieza poco". Fuentes de ERC no adelantaron si registrarán ahora o más adelante la proposición de ley de reforma del modelo que aterrizaría el pacto de la bilateral, y si lo harán en solitario o con la firma del PSOE.

Sin Junts, no hay modificación legislativa posible. Sus siete votos en la Cámara baja son necesarios para el Gobierno. Y aunque su posición nunca puede darse por segura hasta el último minuto, la cúpula de los posconvergentes ratificó que el texto de la bilateral no les convence. Su apuesta, ya lo dejaron claro en sus acuerdos de investidura de 2023, es un concierto económico para Cataluña, de modo que "todo lo que se aleje" de él no tendrá su respaldo.

Los posconvergentes califican el acuerdo de "decepcionante" porque la Generalitat no recupera "ni un euro" de los 22.000 que creen que le adeuda el Estado. Insisten en un concierto catalán, y lo que "se aleje" de ese modelo no tendrá su respaldo

Lo dijo este lunes Antoni Castellà, vicepresidente del partido, tras conocerse el pacto emanado de la bilateral. Con un aviso claro a los republicanos, sus competidores directos: "ERC se tendrá que posicionar si esto es lo que realmente pactaron o no, que den respuesta a si merecía la pena o no la investidura [de Illa] a cambio de un concierto económico y el resultado es una reforma de la LOFCA para recaudar administrativamente". En resumidas cuentas, para Junts se trata de un mero "acuerdo de gestión administrativa", que es "profundamente decepcionante" ya que no se recupera "ni un euro" de los 22.000 millones que su partido calcula que el Estado debe a Cataluña.

Podemos lo achaca al intento de querer "tapar" el 'caso Cerdán'

Los votos de los cuatro diputados de Podemos también son necesarios para el Gobierno. El portavoz de los morados, Pablo Fernández, no avanzó cuál sería la posición de su partido, pero sí acusó a los socialistas de querer "tapar" sus casos de corrupción con la financiación singular catalana. "El Partido Socialista está absolutamente desesperado por intentar ganar tiempo y oxígeno hasta que aparezca otro informe de la UCO" sobre el caso Cerdán, sancionó. Y es que el acuerdo en la bilateral (traslación del pacto con ERC) llega en un momento muy delicado para Sánchez, por el avance de la investigación judicial que ya tiene imputados a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y, en prisión, Santos Cerdán, y que aún podría escalar.

Torres anuncia que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá tras el verano. Quien no viaja a Barcelona es Montero, porque no forma parte de la comisión bilateral, alegan el ministro y Hacienda

A la reforma del modelo de financiación le quedan muchos capítulos por delante. El ministro Torres garantizó que será abordada en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convocará tras el verano. El acuerdo, apuntaló el titular de Economía, Carlos Cuerpo, no perjudicará a ninguna comunidad autónoma. Más bien lo contrario, añadió el responsable de Transformación Digital, Óscar López, "van a ganar todas". La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, no acudió este lunes a la reunión en Barcelona —se lo había reclamado el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a primera hora en TV3—, con el argumento, esgrimió Torres, de que ella no forma parte de la comisión bilateral Generalitat-Estado. Sí estaba presente su secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, protagonista de las negociaciones de estos meses.

En todo el texto firmado por las dos administraciones, se insiste en que el nuevo sistema, un "cambio de paradigma" para el Govern, es "generalizable" a todas las CCAA que lo pidan, como había reiterado Montero en los últimos días. "Es que María Jesús no puede firmar nada que no pueda ceder al resto de territorios", señala un cargo de mucho peso en el PSOE andaluz. "Es que aunque no se llegue a aprobar —prosigue—, le tiene que servir para erosionar a Juanma Moreno, para que quede retratado, como cuando dijo que no a la quita de la deuda, que eran 18.791 millones de alivio para Andalucía. Siendo como es ella nuestra candidata para la Junta, no va a adoptar ningún acuerdo que le haga dejarse pelos en la gatera aquí". Por lo pronto, lo que rehuyó es la foto en Barcelona.

Page pide que no se les tome "por tontos" y afirma que si fuera la Comunidad de Madrid planteara los cambios firmados este lunes se diría que es "una barbaridad". Se habla de financiación, se queja, para "pagar favores, chantajes"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró igual de beligerante que en días pasados. Pidió que no se les tome "por tontos", y afirmó incluso que si fuera la Comunidad de Madrid —gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso— quien planteara los cambios abrazados este lunes en la bilateral "estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades". "Parece mentira que la primera vez que se habla en serio [de financiación] tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes", denunció el barón socialista, muy alejado de Ferraz y de la Moncloa.

El PSOE extremeño: rechazo "frontal"

Sí es un presidente autonómico más próximo a Sánchez el jefe del Principado, Adrián Barbón, pero en esta materia su valoración es la misma que la de hace meses. Él ya advirtió el pasado sábado, a su regreso de la baja médica por infección bacteriana que la ha mantenido siete días en reposo, que estaría en contra de cualquier "privilegio" hacia una comunidad o de cualquier trato discriminatorio hacia Asturias.

El Gobierno asturiano rechaza el acuerdo porque el modelo financiero debe negociarse entre todas las CCAA en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en plano de igualdad". Advierte de que "no puede ser un contrato de adhesión"

Este lunes, tras conocerse el texto emanado de la bilateral, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Peláez, fue igualmente duro: "Debemos rechazar este acuerdo desde un punto de vista formal porque lo que afecta a todas las comunidades autónomas debe negociarse entre todas las CCAA en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera [CPFF], que es el órgano legitimado para reformar el modelo, como establece la LOFCA. La financiación de las CCAA de régimen común no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad [Cataluña] con el Estado en forma de o lo tomas o lo dejas para el resto de las CCAA". Por tanto, la negociación ha de ser, insistió, "multilateral" y "en plano de igualdad".

Peláez convino que al pacto de la bilateral "le falta concreción", pero si tras ser presentado en el CPFF este implica "algún privilegio" para una comunidad o supone "un perjuicio para Asturias", entonces el Principado votará en contra. "Si este documento, que tras esa primera lectura no pasa de ser una declaración de intenciones por parte de la Generalitat y el Gobierno de España, está llamado a ser las bases de la reforma del modelo de financiación, instamos al Gobierno de España a que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera", incidió el consejero.

Gallardo subraya que "la igualdad entre los españoles no es negociable" y el diseño catalán va "en dirección contraria". Exige también una reunión del consejo político federal del PSOE, el órgano que reúne a Sánchez y sus barones, para acordar una posición

También fue taxativo en su rechazo el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo: "Rechazamos, frontalmente, cualquier planteamiento que suponga privilegios para una comunidad autónoma al margen del marco común —sentenció en declaraciones a los medios desde Mérida—. Por lo tanto, estamos radicalmente en contra de un acuerdo que lo que viene es a trasladar privilegios frente a otras CCAA, porque además entendemos que la financiación autonómica no puede construirse desde la bilateralidad y [...] no puede estar al dictado de acuerdos políticos particulares".

Para Gallardo, que ya el año pasado, tras conocerse el acuerdo de PSC y ERC, alzó su voz en contra, "la igualdad entre los españoles no es negociable" y el modelo sobre financiación singular de Cataluña va "en dirección contraria" a los principios de igualdad, equidad y cohesión territorial y social. A juicio del barón extremeño, solo cabe un único modelo financiero que acoja las singularidades territoriales pero que le haga retener "la llave de la caja única". El Gobierno de Sánchez, remachó, "no puede quedar como el que rompió la igualdad entre los españoles a través del sistema de financiación". Gallardo pidió además la convocatoria urgente del consejo político federal del PSOE, el órgano que integran Sánchez y todos los barones regionales, para que el partido adopte una posición común. Una reunión del órgano que ya pidió el año pasado tras el acuerdo PSC-ERC.

En la dirección federal socialista, piden no avanzar pantallas. "Hoy [por este lunes] ha habido reunión de la bilateral y se han sentado algunas bases del acuerdo. Sobre presentar la proposición de ley para aterrizar el cambio de modelo ya veremos cuándo y cómo. Expliquemos bien el acuerdo. Dediquémosle el tiempo necesario y veremos. Al final, las medidas bien estudiadas son buenas para todas las CCAA", apunta una dirigente del nuevo núcleo de poder de Ferraz.

Ya veremos cuándo y cómo se presenta la proposición de ley. Expliquemos bien el acuerdo, dediquémosle tiempo", señalan en Ferraz. Para Sánchez, le sirve para pasar la pantalla con ERC. Le quedan PNV y Junts

Para Sánchez, el acuerdo de este lunes, sin embargo, significa algo muy valioso: la consolidación de la alianza con ERC. Algo que, a su vez, asienta a Illa, su gran apuesta política, al frente de la Generalitat. Le quedan aún dos citas importantes en la semana: este martes, la bilateral Estado-Euskadi que presidirá con el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), y el viernes, la reunión de los Veintisiete en Bruselas para abordar de nuevo la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, reclamación estrella de Junts. El presidente busca atar a sus socios. Con ERC, por ahora, la relación sigue intacta. Sin rupturas. Otra cosa es el futuro, muy complicado, de la financiación singular catalana. Y por cierto, la quita de la deuda, que el Ejecutivo llevó al CPFF en febrero y que aprobó allí con el plante del PP, aún ni ha llegado al Congreso.

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