El despacho de abogados Amsterdam & Partners, dirigido por Robert Amsterdam, ha intensificado sus críticas contra la Agencia Tributaria al denunciar que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro instauró durante su mandato una "arquitectura interna" que convirtió el organismo en un "instrumento estratégico para el poder ejecutivo" y en un "aparato de poder capturado" al servicio de intereses partidistas.

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Según ha expresado el bufete en un comunicado, esa dinámica no sólo no se desmontó con el cambio de Gobierno, sino que "ha sido absorbida e integrada" por la ministra María Jesús Montero, bajo cuyo mandato, asegura, Hacienda sigue recurriendo al uso ilegítimo de datos fiscales, las filtraciones selectivas y las presiones políticas.

"El denominado ‘caso Montoro’ representa uno de los episodios más graves de instrumentalización política de una administración tributaria en un país democrático", señala Amsterdam & Partners. El despacho —que recientemente acusó a la Agencia Tributaria de mala praxis tras la absolución de la actriz Ana Duato en el 'caso Nummaria'— afirma que, bajo el mandato del exministro, Hacienda recurrió a las "filtraciones de datos fiscales, las presiones selectivas, las auditorías, las sanciones con motivación política y las operaciones de acoso mediático basadas en datos confidenciales".

"El resultado fue una suerte de privatización legislativa que despojó de contenido a la soberanía parlamentaria y normalizó prácticas típicas de grupos de presión corruptos. Esta dinámica, basada en el tráfico de influencias y la opacidad operativa, junto con otras prácticas ilegales y corruptas iniciadas bajo el mandato de Montoro, sentaron las bases de lo que ahora, bajo un nuevo liderazgo, se ha convertido en una crisis más profunda de legitimidad democrática", señala.

Asimismo, Amsterdam & Partners asegura que el conocido como este caso que afecta al antiguo Ejecutivo de Mariano Rajoy evidencia el "uso privatizado del poder fiscal" y la "privatización legislativa" a través de bufetes cercanos al exministro, que llegaron a influir en la redacción de leyes fiscales. Una dinámica que, lejos de corregirse, ha derivado bajo el Gobierno de Pedro Sánchez en una "corrupción institucionalizada" y un "modelo de gobernanza punitiva" con Hacienda funcionando como un "instrumento de control político, coerción económica y vigilancia masiva".

El despacho, que mantiene su intención de denunciar a España ante la OCDE y Naciones Unidas, advierte de que solo una reforma estructural del sistema fiscal devolverá a la Agencia Tributaria su función constitucional y alerta del riesgo de que el uso ilegítimo de datos fiscales se convierta en "la norma". "España está en crisis y solo queda el poder judicial", sentencia el comunicado.

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