El Gobierno ve convalidado su decreto de permisos parentales con el apoyo de Junts y del PP y la abstención de Vox

Una de las medidas clave arrancadas por Sumar al PSOE dentro del Gobierno de coalición en el marco de la regeneración democrática y el implemento de la agenda social, llegó este martes por la tarde al Congreso de los Diputados. La convalidación del real decreto ley de permisos de cuidados y paternidad captó la atención del primer pleno parlamentario del ciclo de sesiones de más de siete horas, como anticipo de una jornada dura para el Ejecutivo. Este miércoles los socios de Gobierno sufrirán la primera gran derrota del curso cuando el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral decaiga por el rechazo de Junts, PP y Vox.

El decreto de permisos fue respaldado por todos los socios del Gobierno salvo Vox que optó por la abstención. Se sumaron a la mayoría de Gobierno tanto Podemos, que amenazaba con situarse en la abstención, como el PP, que pese a ser crítico, al ver que salía adelante no ha querido desmarcarse. En total, apoyaron el texto 313 diputados presentes en el hemiciclo sumadas a las 33 abstenciones de los de Santiago Abascal.

La norma fue aprobada en Consejo de Ministros el 29 de julio, a petición del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, como una forma de dar salida a uno de los principales contenidos de la ley de Familias que está bloqueada en el Congreso. Pero, especialmente, para evitar que Bruselas siga sancionando diariamente a España con cantidades millonarias por no haber cumplido el plazo de aplicación de la directiva europea 2019/1158.

La defensa de este decreto no la protagonizó, con todo, el ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, sino que lo hizo la líder de la confluencia dentro del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La dirigente incidió en los aspectos que recoge esta norma. La principal novedad es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado del menor, que pasa de 16 a 17 semanas. Además, se prevé la retribución de dos semanas del permiso parental, algo que hasta ahora no estaba remunerado. Las seis primeras semanas serán obligatorias después del parto, sin posibilidad de interrupción. Las once semanas restantes, podrán utilizarse hasta que el menor cumpla su primer año de vida.

En el caso de las familias monoparentales, que en ocho de cada diez casos están constituidas por mujeres, se elevan las 16 semanas [26 desde que el año pasado lo reconociera el Tribunal Constitucional] a las 32. Entre las novedades está el permiso parental de ocho semanas, que será disfrutable hasta que el niño o la niña cumpla los ocho años. Dos de esas semanas, y no cuatro como quería Sumar, estarán retribuidas al 100%. Es algo esencial que reclamaba la UE y que venció en agosto del año pasado, con consecuentes sanciones de 6,8 millones de euros. Esta medida tendrá carácter retroactivo desde el 2 agosto de 2024.

A juicio de la vicepresidenta segunda, estos cambios beneficiarán a un millón de personas. "Hoy España se sitúa entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo (...). Nos colocan a la vanguardia de Europa". Díaz, que citó a datos de la OCDE, incidió en los beneficios económicos y de igualdad de condiciones en el empleo. Cifró en 1.500 millones de euros la inversión durante este año, y en mil lo que se destinará anualmente.

Socios como el BNG o Podemos, no obstante, criticaron que la medida queda limitada. Ambos exigieron la tramitación del decreto como proyecto de ley para incluir esas mejoras, como la ampliación de las semanas remuneradas. Ahondó en ello la diputada de Podemos, Noemí Santana, que acusó al Gobierno y a Díaz de "falta de voluntad política" para remunerar ocho semanas. Afirmó que en el Congreso tienen mayoría para ello. "No están cumpliendo la normativa europea y nuestro país va a volver a ser sancionado por el incumplimiento de la directiva", consideró.

Al mismo tiempo, calificó de "injusto" el decreto, por limitarse a los nacidos desde agosto de 2024. "El Gobierno está usando una estrategia trilera para hacer ver que este decreto supone un avance, pero la vida les lleva la contraria", dijo Santana mencionando que muchos padres y madres se han visto afectados en este inicio del curso o que ha habido quejas en la plataforma 'Yo no renuncio' del club Malas Madres. Esa falta de ambición la han replicado otros socios de izquierda sin que ello supusiera la retirada del voto.

Junts garantizó la convalidación

Aunque desde Sumar, por la mañana, aseguraban que era difícil que el texto no saliera adelante, no fue hasta las seis y media de la tarde cuando Junts, avalándolo, despejó esa incógnita y permitió respirar a los magentas. Otra derrota previa a la votación de la reducción de jornada laboral supondría un duro golpe. "Hay que validarlos, sin duda", expresó el diputado de Junts, Josep María Cervera, desde la tribuna de oradores.

"Nos encontramos ante un equilibrio delicado y habrá que mitigar los efectos en pequeñas y medianas empresas. Los nuevos permisos parentales representan una ampliación de derechos sociales muy relevante, una ampliación que desde Junts podemos avalar", adelantó. A juicio de los neoconvergentes, "la nueva medida tiene muchos beneficios, desde favorecer la conciliación y eliminar prácticas discriminatorias en la contratación". Aun así, como expresó Podemos, Junts observa que hay carencias. "Habían generado expectativas". Igualmente, los neoconvergentes exigieron que el decreto se tramitase como proyecto de ley para mejorarlo.

El PP mantuvo la incógnita hasta el final

Los populares evitaron mencionar su posición, aunque todo apuntaba a una abstención inicial que pasó a un 'sí' sabiendo que Junts no tumbaría el decreto. La diputada del PP y vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, reivindicó nada más subir a la tribuna el compromiso de sus siglas con la conciliación familiar. De hecho, reprochó al Gobierno el bloqueo por la mayoría de PSOE y Sumar de la proposición de ley para la conciliación familiar presentada a finales del año pasado. "La nuestra no es un parche, busca mejorar la vida de la gente, no evitar sanciones", dijo Fúnez.

Sobre ello, pivotó su intervención. A vista del PP, el Gobierno se ha movido ahora para seguir evitando esas sanciones europeas. "¿Era necesario llegar a este bochorno? No había compromiso con una transposición directa desde el primer momento". Para Génova, detrás de ese incumplimiento de más de un año está el haber estado pendiente de satisfacer a los socios independentistas.

"Sí rotundo a la conciliación, a las ayudas para las familias y a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, pero sin perder productividad y competitividad. No a las imposiciones que nacen sin diálogo, como consecuencia de una sanción y no de la convicción", expresó Fúnez, que aludió a la necesidad de esa conciliación, dado que hay "más paro femenino" y las mujeres "dedican más horas que los hombres a los cuidados". Reclamó a Díaz, con una mirada clara también a la reducción de la jornada laboral, que apueste por el diálogo social más allá de los sindicatos, también con la patronal: "Todo lo que sale de ahí ha beneficiado".

Para Fúnez, uno de los principales problemas de esta medida de permisos es que se aplica de igual forma a las empresas del IBEX que a las pequeñas empresas cuando "España es un país de pymes y autónomos". "Tenían que haberse sentado con ellos para escucharles y ver sus necesidades". Fúnez, que ya daba por convalidado el decreto, finalizó asegurando que "posiblemente España evite la sanción, pero este trilerismo parlamentario no va a mejorar la calidad de vida" de los españoles.