El Ministerio de Igualdad y las políticas feministas se están convirtiendo en una cartera y un área maldita para el Gobierno. En la pasada legislatura y también en la actual. Al desgaste por el goteo de rebajas de condena a agresores sexuales que desencadenó la ley del sí es sí —norma que después modificó el PSOE con la ayuda del PP—, se le sumaron, el pasado verano, la vergüenza y la náusea por las conversaciones interceptadas del exministro José Luis Ábalos con su exasesor Koldo García sobre mujeres prostituidas, en las que las trataban como si fueran mera mercancía. Y ahora se añaden los fallos en las pulseras antimaltrato que están poniendo contra las cuerdas a la titular de Igualdad, la socialista Ana Redondo. La ministra ha insistido en que no dimitirá, en que no se arrugará, pese a que la tormenta arrecia más y más fuerte contra ella, no solo por la presión de la oposición, sino también de los socios de Sumar —Yolanda Díaz exige una "pequeña investigación"—, y por la revelación del Poder Judicial de que trasladó las incidencias registradas con los dispositivos. Igualdad, un ministerio estratégico para los socialistas, de nuevo en el epicentro de la polémica. Y con ella el temor al distanciamiento electoral de las mujeres, un granero muy fiel para la formación hasta ahora y el que ayudó de manera inequívoca a que Pedro Sánchez pudiera repetir mandato en 2023.

En el PSOE se sigue con "inquietud" la evolución de un caso que ha escalado en los últimos días y que la propia Redondo no ha logrado aplacar por la falta de explicaciones sobre la magnitud del problema y en qué medida las mujeres víctimas de la violencia machista (o de agresión sexual) pudieron sentirse desprotegidas en algún momento, sobre todo por la deficiente migración entre los adjudicatarios del sistema —de Telefónica y Securitas Direct a una alianza de Vodafone y Securitas—, que se culminó en marzo de 2024. Son 4.515 los dispositivos electrónicos de seguimiento que están activos actualmente, según los datos actualizados de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Géneroo.

El partido contiene el aliento. Gobierno y Ferraz aseguran respaldar a la ministra y avisan de que quien se está extralimitando, para provecho propio, es el PP, que ya ha reclamado la dimisión de Redondo y que esta semana espera apuntarse una victoria en el pleno del Congreso con su petición de reprobación. Varias referentes feministas socialistas consultadas se acogen al silencio, a la prudencia, conscientes de que este es un tema "delicado" e inflamable y que hay que andar con mucho cuidado. Otras también se mueven en la cautela pero creen que la titular de Igualdad está errando en la gestión de la crisis, sobre todo por su política de comunicación y su falta de "transparencia". "Parece que sí había fallos importantes en el sistema, así es que creo que nos va a doler la cabeza con esta historia", señala una veterana dirigente, pionera en la lucha del feminismo socialista. "Hay que ir con tiento", apunta otra, preguntada si la salida puede ser la dimisión, "primero hay que conocer el alcance del desastre". "El PP ha salivado antes de tiempo. Quizá a Ana le faltó destreza, tampoco viene del mundo del feminismo, puede ser, pero eso no justifica alimentar una hecatombe que no", manifiesta, más comprensiva, otra muy reconocida entre las mujeres del PSOE. "Yo creo que el presidente tiene que cesarla", zanja de manera contundente una responsable con mucho peso y con predicamento e influencia entre sus compañeras.

Este lunes, el torbellino sobre Igualdad no se detuvo. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, remitió por la mañana una carta a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la que le explicó las comunicaciones realizadas respecto a las pulseras. En concreto, detalló que advirtió al Ministerio de Igualdad en oficios del 8 de enero —por dos informes enviados por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada— y el 21 de febrero de 2025 —por otra incidencia que había elevado un órgano judicial en Galicia—. Erice también adelantó la elaboración de una encuesta sobre este asunto y de cuyos resultados dará cuenta próximamente. También la Asociación de Mujeres Juristas Themis señaló que el cambio de los brazaletes de protección y la mudanza de empresa proveedora (de Telefónica a Vodafone), fruto del proceso de licitación y adjudicación resuelto todavía con Irene Montero como ministra de Igualdad en noviembre de 2023, sí supuso desprotección para las mujeres víctimas. Y lo cree Themis porque durante "unos meses" no se pudieron probar las denuncias por quebrantamiento de condena.

Y es que el origen del caso se halla en la memoria de la Fiscalía del ejercicio 2024, presentada este mes. En su página 620, el ministerio público subrayó los "múltiples fallos" que se detectaron a lo largo del año pasado "con los nuevos dispositivos y con el prestado del servicio". "Muchas fiscalías", con informes que se dieron traslado a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se quejaron de que, con la transición al nuevo adjudicatario, Vodafone, no se pudo disponer, "por problemas de descarga, de la información del anterior proveedor de servicios", Telefónica, y de la "información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos". El propio centro de control Cometa informó "reiteradamente" a los juzgados que "no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración" a los nuevos brazaletes. Es decir, que se perdió el histórico de datos. Y eso provocó "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", afirmó la Fiscalía, sin precisar cuál fue la afectación.

Tras aflorar el informe de la Fiscalía, Igualdad aclaró que los problemas detectados con los datos de las pulseras estaba ya solucionado. El ministerio público aclaró entonces que las incidencias registradas no habían dejado desprotegidas a las víctimas, porque los brazaletes funcionaron "en todo momento". Los fallos detectados, explicó, tenían que ver con el volcado de datos anteriores a marzo de 2024, y eso tuvo un impacto en algunos presos penales por quebrantamiento de condena, al no disponerse de esa prueba de ubicación de los agresores. Por eso hubo sobreseimientos temporales en algunos casos. Pero "la mayoría de casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos", expuso el ministerio público. Themis recordaba este lunes que las absoluciones no pudieron moverse.

Redondo, en una entrevista este lunes en Al rojo vivo, descartó su dimisión, como le pide el PP, porque el trabajo de su ministerio es "excelente" y "salva vidas a diario". Su equipo se ha empleado a fondo, dijo, para solucionar el problema técnico que impidió la descarga de datos de ubicación de los agresores anteriores a marzo de 2024. La ministra reconoció que ha hablado de este asunto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e insistió en que las víctimas han estado protegidas en todo momento, porque los aparatos no han dejado de funcionar y porque ninguna mujer que llevara este brazalete ha sido asesinada, un dato clave y que reconoció la Fiscalía desde el primer momento. Es más, agregó, los jueces cada vez confían más en estos dispositivos electrónicos de seguimiento, porque se ha pasado de los 1.800 activos en 2018 a los más de 4.500 de hoy. Su mayor aplicación también responde a que la ley del sí es sí permite que se utilicen también para la localización de los agresores sexuales, y no solo de los maltratadores. La titular de Igualdad no ofreció la información sobre cuántos han podido ser los sobreseimientos temporales o las absoluciones: se la ha pedido a la Fiscalía, señaló, y no tiene aún su respuesta.

La dirigente socialista también adelantó en un videocomunicado que el ministerio licitará "en unos meses" un nuevo contrato para la gestión de los aparatos Cometa de control telemático de los agresores machistas, que incorporará "mejoras técnicas". Fuentes de Igualdad explicaron a este periódico que no se rompe en ningún caso el contrato con la UTE de Vodafone y Securitas. El vigente vence en mayo de 2026, así que por eso se publicará la licitación en poco tiempo, con suficiente antelación porque "los pliegos son muy complejos" y se quieren introducir esos cambios. La previsión es que la siguiente adjudicación sea por tres años con dos prórrogas, precisamente para evitar los trastornos de las eventuales migraciones entre prestadores del servicio. También se intentarán evitar las disfunciones que se han detectado hasta ahora —y que, según Igualdad, se han corregido— y se buscará la incorporación de una plataforma pública para contar con los datos de esos dispositivos en tiempo real.

"Las pulseras funcionan, el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente, salva vidas a diario, está en conexión inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, realizamos un gran trabajo salvando vidas a diario", sostuvo Redondo, quien cargó contra la oposición "absolutamente irresponsable" del PP, que "ya no se diferencia de Vox". A los populares la ministra les afeó que utilicen el miedo y a las víctimas "como ariete político contra el Gobierno", "simplemente para ganar un puñado de votos", algo que a su juicio es "ruin, mezquino y absolutamente injusto", informa EFE.

La noticia de la nueva licitación de Igualdad se conoció mientras en Ferraz comparecía, tras la reunión de la ejecutiva federal del PSOE —sin Sánchez, de viaje en Nueva York toda la semana por la Asamblea General de la ONU—, la portavoz del partido, Montse Mínguez. Fue la propia dirigente la que, antes del turno de preguntas, introdujo el tema en su exposición inicial, prueba de la preocupación patente en el partido. La dirigente fue preguntada si la cúpula respaldaba al 100% a Redondo y ella no fue explícita y rotunda en ese apoyo: "El ministerio está dando los datos a medida que los está conociendo. Este es un tema que no es menor, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el ministerio, como ya lo está contando", respondió, para recalcar que la clave está en que "ninguna mujer" ha quedado desprotegida.

Mínguez midió mucho cada una de sus palabras, para que ninguna de ellas sonara a desautorización de Redondo. Si hay algo que mejorar, se hará, señaló, pero lo importante es trasladar el mensaje a la ciudadanía de que los dispositivos no fallan y sí protegen a las mujeres, mientras lo que sí mata es "el negacionismo" de la violencia de género, que patrocinan los "pactos de la vergüenza" de PP y Vox. El problema es "mentir", propagar "bulos" y "generar miedo" entre las mujeres. "No podemos permitir que se empoderen los violentos", "pedimos altura de miras al PP y que dejen de utilizar" a las víctimas, reclamó, porque "no matan las pulseras, lo que mata es negar la violencia de género".

La portavoz socialista ni tan siquiera quiso entrar a las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Sumar, que a primera hora había pedido una "pequeña investigación" para aclarar qué había sucedido con los brazaletes de seguimiento telemático y para reparar en su caso a las víctimas que pudieran haber sido perjudicadas. También la ministra de Sanidad, Mónica García, recalcó que no se puede permitir ningún fallo en la protección de las víctimas de violencia machista.

La Fundación Mujeres, que preside Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba (2012-2014), lanzó un comunicado en el que por un lado tira de las orejas al PP porque uno de los compromisos incluidos en el pacto de Estado contra la violencia de género es "no utilizar a las víctimas como arma arrojadiza", pero por el otro amonesta al Gobierno. "Queremos pedirles a las instituciones responsables, empezando por el propio Ministerio de Igualdada, que pongan urgentemente a disposición la información real y concreta del alcance" de la afectación del problema, "ya que solo un conocimiento preciso del alcance de dichas incidencias puede evitar que se ponga en entredicho la confianza global en un sistema que resulta necesario para la protección de las víctimas. Nada de lo que haya pasado puede ser peor que la sospecha sobre la efectividad del sistema en su conjunto y la desconfianza de las mujeres en la seguridad que les proporcionan los dispositivos". Así, la "transparencia" y la "comunicación responsable" no solo es "imprescindible", sigue la nota, sino "exigible como parte de una gestión pública diligente que pretenda la defensa y desarrollo de los derechos de las mujeres". La entidad subraya que las críticas a las políticas contra la violencia machista no se defienden "ocultando los problemas y los fallos, sino con información concreta y con una adecuada rendición de cuentas como regla general de funcionamiento, y no solo en los momentos de crisis".

La sensación entre algunas mujeres referentes del partido es de tristeza. "Cómo vamos a sentirnos. Mal. Primero, dimos el ministerio a Podemos y después, a gente que jamás ha estado en la lucha feminista. Dos errores. Y luego, lo de las mujeres prostituidas de Ábalos. Y el voto femenino, a la mierda. El PSOE ha perdido la mitad del crédito entre las mujeres", indica una veterana que no obstante cree que es pertinente conocer la magnitud del "desastre" antes de tomar decisiones más radicales como la salida de Redondo del Gobierno.

El problema para los socialistas es el efecto suma. Ya sufrieron mucho —y sufrieron la penalización en las autonómicas y municipales de mayo de 2023— por los errores de la ley del sí es sí cuando era Irene Montero quien ocupaba Igualdad. Y el ánimo se desmoronó con los audios de Ábalos y Koldo. A primeros de este mes, estaban empezando a pasar página y, en un acto de mujeres celebrado en Alcorcón, se conjuraron para impulsar el proyecto de ley de prohibición de la prostitución, una absoluta bandera del partido, y que Redondo dijo que intentaría tener listo en este otoño. Aunque primero, avisó, sería necesario vencer las resistencias de Sumar, mayoritariamente no partidario de las tesis abolicionistas. Ahora el escenario vuelve a complicarse por las pulseras antimaltrato.