El Gobierno se está acostumbrando a vivir al borde del abismo semana tras semana en el Congreso. Es territorio hostil. La Cámara baja le tumbó, solo el mes pasado, el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral —la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz—, y la delegación de las competencias migratorias a Cataluña, una proposición de ley que costó al PSOE más de un año pactar con Junts. La primera iniciativa cayó por el voto en contra de los posconvergentes. La segunda, por Podemos. Esta semana, como todas las primeras de cada mes, no se celebraron plenos, pero para la próxima se retoma la actividad en el hemiciclo y asoma una derrota parlamentaria del Ejecutivo bastante segura, la de su ley de movilidad sostenible, y una nada descartable, la de la convalidación del real decreto ley de embargo de armas a Israel.

Será, por tanto, otra sesión de Vietnam para el Gobierno de Pedro Sánchez. Y serán, de nuevo, dos los protagonistas. Junts y Podemos. Los dos socios más rebeldes del bloque de investidura. Los que colocan el listón de las exigencias más alto. Pero de las dos votaciones que peligran, la más grave para la coalición, en términos económicos, es la que afecta a una de las leyes medulares de la legislatura y de las de mayor peso para el ministro de Transportes, Óscar Puente. De su aprobación depende nada menos que la llegada a España de 10.000 millones procedentes de los fondos europeos. Ya era tortuosa la suerte del decreto ley de embargo de armamento, y su futuro sigue sin quedar despejado, pero para la Moncloa, en caso de que se confirme el naufragio, no dejaría de ser un golpe más simbólico, porque cree que el liderazgo del presidente en la cuestión de Gaza y que el texto pueda ser tumbado "retrata" más a los que se oponen a él. En este caso, ni Junts ni Podemos han querido anticipar su voto.

Para la ley de movilidad sostenible, el escenario está más despejado. Los morados adelantaron este miércoles su no al proyecto. El 8 de octubre, dentro de seis días, se someterá a votación, y hasta entonces todo puede pasar, pero el ambiente es de total pesimismo. En el Gobierno y en los grupos. Por la firmeza del rechazo de Podemos y porque la salvación del texto solo sería posible si acudiera al rescate del Ejecutivo una fuerza que siempre se alinea con el PP y Vox: Unión del Pueblo Navarro (UPN). El Ministerio de Transportes insiste en que no quiere dar nada por perdido, en que caben los giros de última hora, pero no mantiene por el momento abiertas negociaciones ni con la formación de Ione Belarra ni con los regionalistas navarros. Estos, no obstante, no quieren avanzar todavía qué hará su diputado en el Congreso, Alberto Catalán, porque lo tendrá que decidir la cúpula del partido a comienzos de la próxima semana, aunque admiten que la opción más probable es que la iniciativa decaiga.

El proyecto de ley de movilidad sostenible fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, al poco de conformarse el segundo Gobierno de coalición. El Ejecutivo elevó al Congreso el mismo texto que había presentado en diciembre de 2022 pero que decayó meses más tarde al disolverse las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. Tras su vuelta a la Cámara baja, el texto ha ido sufriendo diversos parones. Hasta que el pasado 23 de septiembre logró desbloquearse y el dictamen fue aprobado por la Comisión de Transportes del Congreso, con el apoyo del bloque de investidura —PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG— y PP y Vox en contra. En la comisión no está representado Podemos (por el Mixto se sienta el BNG), y por eso el proyecto pudo superar el trámite. Pero la semana que viene llega al pleno y es ahí donde puede decaer. Y si eso ocurre, el texto morirá y no podrá viajar hasta el Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

La ley busca asentar un marco regulatorio para el transporte y la movilidad y sus objetivos son varios: reconocer la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del bienestar; descarbonizar el transporte (reforzando por ejemplo el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático); poner en marcha un sistema "digital e innovador" y "mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad". Durante el debate, los socialistas pusieron en valor que el dictamen era el resultado del diálogo con el resto de los grupos en torno a las 800 enmiendas presentadas por ellos. Una de las reformas introducidas durante la tramitación, vía enmienda, es que se obligará a las grandes compañías energéticas a instalar puntos de recarga ultrarrápida —la que permite repostar un vehículo eléctrico en apenas cinco minutos— en las grandes gasolineras (aquellas con un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A superior o igual a 10 millones de litros a partir de 2025) en un plazo de solo 21 meses.

Sin embargo, el proyecto de ley, capital para el Ejecutivo, puede decaer el próximo miércoles. Por Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, avanzó este miércoles que sus cuatro diputados rechazarán el dictamen si el Gobierno no paraliza las ampliaciones del puerto de Valencia —que ya está en marcha— y del aeropuerto de El Prat. "La ley de movilidad sostenible no va a salir adelante si no se paralizan esos grandes megaproyectos desarrollistas, que son contrarios a la lucha contra el cambio climático", señaló en rueda de prensa en el Congreso.

Para la dirigente morada, es "una enorme hipocresía y una enorme incongruencia política impulsar una ley que va a ser papel mojado, porque las políticas concretas del Gobierno son puro desarrollismo bipartidista, que agrava la emergencia climática y nutre de contratos multimillonarios a grandes constructoras que acaban siempre en gravísimos casos de corrupción". Belarra considera "inaudito" que la concesionaria del puerto de Valencia sea Acciona, "una compañía que está incursa en un gravísimo caso de corrupción actual en el seno del PSOE y que sigue recibiendo día tras día y mes tras mes centenares de millones de euros de dinero público que le sirven para comprarse a políticos del bipartidismo". La construcción de la terminal norte del puerto de Valencia está "bastante avanzada", recuerdan en Transportes. La ampliación del aeródromo de El Prat está incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, con un presupuesto de 3.200 millones, y afectará al espacio natural de La Ricarda.

En Transportes reconocen que las cosas no van bien. Que el proyecto de ley puede ser tumbado la próxima semana. "Pero vamos a intentarlo hasta el último minuto, y para eso es mejor mantenerse discreto y que no se radie el proceso", señalan. En el ministerio de Puente subrayan la importancia de la ley de movilidad sostenible, porque forma parte de la adenda del plan de recuperación, cuyo cumplimiento supondría la entrega, por parte de Bruselas, de 10.000 millones de euros. Una cantidad muy importante.

Los números, por ahora, siguen sin salir al Ejecutivo. Si en el pleno del miércoles las derechas de PP, Vox y UPN rechazan el proyecto, sumarían 171 votos en contra, por los 175 de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el resto del Mixto —Coalición Canaria, BNG, Águeda Micó (de Compromís) y el exministro José Luis Ábalos—. Con Podemos en el no, habría empate a 175. El reglamento marca que si una iniciativa es sometida a votación y se repite un empate tres veces, entonces decae. La única salida que quedaría al Gobierno es intentar atraerse a UPN, y le bastaría una abstención para deshacer ese empate.

Pero, por el momento, no hay negociaciones en marcha. No las hay con Podemos, que ya advierte de que no aceptará otras ofertas como la vuelta a la gratuidad del transporte —medida que finalizó el pasado 30 de junio—. Sus condiciones son las que son: la paralización de los proyectos de ampliación del puerto de Valencia y del aeropuerto de Barcelona. Tampoco hay diálogo abierto con UPN, como confirman en la formación navarra. "No estamos negociando ni hablando nada del tema, pero no creemos que haya posibilidad de apoyar el proyecto de ley, así que todo parece que el proyecto caerá", señalan a El Independiente fuentes muy próximas al único diputado regionalista en la Cámara baja, Alberto Catalán. No obstante, la decisión la adoptará la cúpula del partido la próxima semana. Las dificultades son obvias.

La segunda gran votación que espera al Gobierno es la de convalidación del decreto ley de embargo de armas a Israel, prevista para el martes. Aquí el resultado es más incierto, porque ni Junts ni Podemos descubren sus cartas.