El Gobierno no iba dejar pasar la oportunidad de aprovechar el patinazo del PP en el Ayuntamiento de Madrid con su apoyo a una moción de Vox que obliga a las mujeres a recibir información sobre un inexistente síndrome posaborto. Lo ha combatido verbalmente estos días y ahora da un paso relevante: va a plantear una reforma de la Constitución para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, impidiendo la difusión de toda "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres".

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