El debate sobre la financiación autonómica estaba muy vivo cuando Pedro Sánchez convocó el 41º Congreso, a finales del verano, porque todavía estaban muy recientes las fisuras abiertas por el acuerdo de PSC y ERC. Pero la discusión interna se fue mitigando con el paso de las semanas y llegó muy diluida a Sevilla, al puro cónclave, también porque el foco ha cambiado por completo y el partido ha convertido su gran cita política en un grito de resistencia. Pese a todo, era capital llegar a un acuerdo interno sobre financiación. Poner de acuerdo tanto al PSC —y a las federaciones balear y valenciana— como a Castilla-La Mancha, Asturias y los territorios del interior. Y se consiguió. Se selló un acuerdo sin demasiados problemas y por unanimidad, por consenso de todas las federaciones. El texto final refleja un equilibrio entre el reconocimiento de las singularidades, fundamental para los de Salvador Illa, y la necesidad de que el nuevo sistema se apruebe de manera multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una garantía básica para Emiliano García-Page.
A la ponencia marco del 41º Congreso habían llegado 6.742 enmiendas en total, más de 400 al capítulo sobre el modelo de España, que integraba la parte más específica de la financiación autonómica. La dirección hizo una poda previa y solo dejó vivas para el cónclave 88 enmiendas para el debate este sábado. El ponente, el exconseller valenciano Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial y miembro de la ejecutiva saliente de Pedro Sánchez, planteó una propuesta transaccional que pudiera contentar a las dos partes. Y, tras un pequeño y "pacífico" debate, como reconocían dirigentes tanto del PSC como de la federación de Page, se introdujeron los últimos cambios y se alumbró el acuerdo. Todos se daban por satisfechos y ganadores después de lograr un pacto interno que "se había trabajado mucho por todos".
El muñidor del acuerdo fue el 'exconseller' valenciano y número dos del Ministerio de Política Territorial, Arcadi España, que presentó una transaccional que aceptaron los enmendantes
La posición de partida, la escrita en la ponencia marco, ya asumía que la reforma del sistema de financiación autonómica garantizará "mayores recursos" para todas las CCAA, reforzando los servicios públicos. Lo que ahora se introduce es que esa reforma reconocerá "las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva". Para los socialistas catalanes, era clave preservar esa mención al reconocimiento de las "singularidades", pero aceptan que se tengan en cuenta variables que determinan el coste de la prestación de los servicios públicos.
Pero Castilla-La Mancha y el resto de territorios críticos con el pacto con ERC querían dejar muy claro que todo cambio en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas debe aprobarse en el órgano pertinente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que conforman el Gobierno central —con el 50% de los votos— y los consejeros de Hacienda de todas las CCAA. Sánchez, en su ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos, ya señaló que estaba de acuerdo, que no ponía problemas. Que era lo normal. Esa prevención no constaba en la redacción inicial del documento elaborado por la dirección federal. Pero ahora, tras el acuerdo de todos, sí: "Dicho modelo [de financiación] será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos. Dicho sistema debe dirigirse hacia un modelo de financiación federal".
No al 'dumping' fiscal
El texto final, aceptado por todos, reivindica la España "diversa, donde la pluralidad de lenguas, culturas e identidades conviven y resultan ser su mayor fortaleza". La resolución patenta una nueva denominación: la "España polifónica" —en el congreso de 2021 era la "España multinivel"—, en la que "todas las voces que conviven en sus territorios sean escuchadas, no solo en términos de identidad cultural o lingüística, también en la participación política y social". El PSOE sostiene que hay que avanzar en los "mecanismos de colaboración y participación, para que la voz del Estado y de sus instituciones centrales pueda estar construida a partir de todas las aportaciones de quienes lo conforman, tanto de los territorios como de los ciudadanos y grupos sociales". Se insiste en que son "todos los territorios" los que "contribuyen a enriquecer el proyecto común de España" y en que la pluralidad "es una riqueza, no una debilidad", "es en la suma de estas voces donde se encuentra la verdadera fortaleza".
Se desarrolla con amplitud la apuesta por el federalismo, una "solución para una convivencia estable". "Federar no es separar, federar es unir", subraya el texto, que habla de una "España polifónica"
Se mantiene en la redacción que el objetivo es lograr un sistema de financiación autonómica "más justo y sostenible", que permita a todos los ciudadanos acceder "al mismo nivel de servicios públicos". Se queda también la crítica al dumping fiscal, a la política de gobiernos autonómicos (del PP, en referencia clara a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso) que juegan al "populismo fiscal" y bajan "los impuestos a sus élites económicas, mientras solicitan más fondos al Gobierno central".
Una de las novedades de la resolución final es la apuesta, mucho más desarrollada, por el federalismo, al que se define como la "solución para una convivencia estable". La "federalización del Estado" que reivindica el PSOE es "dar un paso más en el perfeccionamiento y mejora del Estado autonómico, garantizando la solidaridad y la igualdad de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia". "Federar no es separar, federar es unir, creando un espacio de convivencia donde se garantice al mismo tiempo la unidad del Estado con el respeto a la diversidad de los pueblos que lo integran, el autogobierno de las comunidades autónomas y la integración política del Estado". El texto añadido reivindica "la importancia de los sentimientos y de las identidades que son diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes, en línea", añade, "con la Declaración de Granada" de 2013, la que se pactó en el PSOE en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba como líder. En el equipo de Page no ven problema alguno a la invocación al federalismo, porque precisamente esa es la salida "que menos quieren los independentistas".
El acuerdo unánime mantiene la idea de una reforma del modelo que federalice la dirección de la Agencia Tributaria "para dar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas", pero, eso sí, "impulsando la coordinación con las CCAA". El nuevo sistema deberá "evitar desequilibrios territoriales", "al tiempo que deberá hacer plenamente efectivo el principio de lealtad institucional y seguridad jurídica". También se tendrá en cuenta la lucha contra la despoblación y a aquellos territorios "que tienen sobrepoblación".
Todos se dan por ganadores. Los críticos consideran clave garantizar la "igualdad" de los españoles y la multilateralidad en el Consejo. Illa ha venido repitiendo que el acuerdo con el PSC se cumplirá y no se sometía a votación en este 41º Congreso
Desde la federación castellanomanchega subrayaban que habían "ganado" el debate, porque se recoge expresamente la apuesta por la multilateralidad, es decir, que "nadie tiene derecho a imponer su modelo". También que se debe "garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles" y que se reconocerán las singularidades a la hora de hablar de financiación, sí, pero "de todas las CCAA", "y no de alguna". La línea defendida por Castilla-La Mancha era compartida por las delegaciones de Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Extremadura o Madrid.
La dirigente asturiana Dolores Carcedo aplaudió también el debate "constructivo" y se mostró satisfecha de la redacción del acuerdo, y eso que el presidente del Principado, Adrián Barbón, había mostrado sus reservas tras el pacto PSC-ERC. "Hablamos en este acuerdo de multilateralidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hablamos de rechazar el dumping fiscal y, por lo tanto, de una armonización de los impuestos. Creo que es importante un acuerdo en un tema que en principio partía con diferencias entre las distintas comunidades autónomas", concluyó.
El president Illa ha venido insistiendo en las últimas semanas, no obstante, que su modelo de "financiación singular" para Cataluña no se sometía a debate en este 41º Congreso del PSOE: procede de un acuerdo firmado con ERC para propiciar su investidura y, sostiene, se cumplirá.
Fuera los puteros y los condenados por violencia machista
Lo que generó más confrontación, no obstante, no fue la financiación. De hecho, se resolvió pronto, antes de las 20 horas. El congreso se trabó, como en anteriores cónclaves, por el choque de feministas y colectivo LGTBI, que ganaron las primeras y que celebraron por todo lo alto. De hecho, la única enmienda que llegó viva al plenario, ya por la noche, fue una para suprimir en toda la ponencia la denominación LGTBIQ+. El feminismo clásico, que lidera la exvicepresidenta Carmen Calvo, consiguió que aparezca solo LGTBI, porque "se respeta los derechos del colectivo, pero sin crear inseguridad jurídica", porque la Q (queer) responde a una "doctrina académica que no tiene por qué tener su reflejo en la legislación" y el + "es un sujeto indefinido". Se mantiene la etiqueta salida del anterior cónclave, LGTBI.
El feminismo clásico consigue que se mantenga la etiqueta LGTBI, y se desecha LGTBIQ+. Y también se aprueba que "ninguna persona de sexo masculino pueda participar" en competiciones femeninas
En comisión, las feministas también ganaron una enmienda propuesta por Guadalajara, por la que "ninguna persona de sexo [biológico] masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres". También se introdujo una modificación en los estatutos federales para que sean expulsados del partido los puteros y aquellos condenados por violencia contra la mujer.
¿Qué más cambios se introducen en la resolución final? Algunos de ellos son estos:
- Compromiso de incluir en la Constitución la revalorización de las pensiones y la paridad de género como principio rector en las instituciones (ya se planteaba el blindaje en la Carta Magna del derecho al aborto, el matrimonio igualitario o el salario mínimo).
- También plantea el PSOE reforzar el derecho a la vivienda, "manteniendo de forma permanente la titularidad pública de las viviendas de promoción pública para evitar la especulación". También se perseguirá "reducir a menos del 7% la proporción de personas que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, estableciendo como referencia que nadie debería dedicar más del 30% de su renta a la vivienda". Se aumentará el parque público de vivienda, priorizando el régimen de alquiler, hasta superar el 6% del total, y se rehabilitarán 1,5 millones de viviendas antes de 2030.
- Se introduce el impulso de la reparación de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
- Se incorpora un párrafo en el que se reafirma la tradición republicana del PSOE pero se mantiene al tiempo el compromiso constitucional de la monarquía parlamentaria.
Se plantea incorporar a la Constitución la revalorización de las pensiones. Se propone aumentar el parque público de vivienda hasta el 6% del total o reducir la edad de voto a los 16 años
- Se trabajará por poner límites al anonimato en las redes sociales, como medio para garantizar una "mayor responsabilidad en su uso".
- Se buscará reducir a su mínima expresión el número de noticias falsas que circulan en redes sociales.
- A instancias de Juventudes, se promoverá una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para reducir la edad de voto a los 16 años. Se perseguirá aumentar en 10 puntos porcentuales la participación de los jóvenes en los comicios electorales.
- Se acuerda también impulsar una jornada laboral que consiga no solo la reducción a 37,5 horas semanales ahora en discusión, sino que avance hacia "una mayor reducción, para que no se trabajen más de 36 horas en 2030".
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hace 2 semanas
¿Y sobre la actuación en la DANA, que han dicho los diputados y senadores valencianos?
hace 2 semanas
Sobre el tema de financiación, no se ha resuelto sino más bien agravado, se reconoce la singularidad, se lleva a una comisión donde el gobierno tiene el 50% de los votos, tinto y en botella.
Todos convencidos y hechos el teatro y Page dentro. Que pena!!!!.