Ya ha sucedido más veces a lo largo de esta turbulenta legislatura. Junts aprieta, amaga con romper, con repensarse su relación con el Gobierno, y el Gobierno desdramatiza, repite que no pasa nada, que todo sigue igual. Este miércoles volvió a ocurrir. Aviso de los posconvergentes y respuesta inmediata del Ejecutivo: "No se rompe nada", no se atisba ninguna moción de censura con PP y Vox que pueda tumbar a Pedro Sánchez, "tranquilidad". No cree que se trate de ningún ultimátum ni

El duelo del presidente y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso no aportó este miércoles novedades. Fue, grosso modo, más de lo mismo. El líder del PP buscó cercar al jefe del Ejecutivo con acusaciones de corrupción trufándolas, como hizo la semana pasada, con reproches por la gestión económica. Sánchez negó, esta vez en sede parlamentaria y a instancias de su oponente, que haya financiación irregular en el PSOE. Pero la sesión de control entró en una pendiente muy distinta cuando quien preguntó desde su escaño fue la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Tejió una intervención dura. La gente, dijo, está "hasta las narices", cansada por "no llegar a fin de mes" mientras el dinero público va "a pagar rescates de las estrellitas de la Flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas, o a pagar favores de algunos medios de comunicación". "Han logrado que la gente esté hasta las narices de todos y luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa", le espetó con dureza. Para sus últimos segundos reservó su órdago la diputada: "Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio".

Estocada directa. Sánchez, en su primer turno, había advertido de aunque queda "mucha tarea por delante", se puede estar "muy orgulloso" de cómo están creciendo Cataluña y el resto de España, "gracias al apoyo también" de Junts. Pero cuando el presidente escuchó desde su escaño el aviso, la alusión a la "hora del cambio", no respondió.

¿Qué había querido decir la portavoz posconvergente? Ella misma explicó después en Telecinco que "el chicle se ha estirado hasta el final" y que la situación "no se puede alargar más". Así que si no cambian el PSOE, el Gobierno y el propio Sánchez, quienes cambiarán serán ellos, los posconvergentes, porque lo que está "clarísimo" es que "así no se puede continuar". "Nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar y pregunto al PSOE qué van a hacer: ¿van a bloquear, seguir contando cuentos o empezar a trabajar?", apuntó, tras recordar que su partido fue el único que en la investidura no aceptó dar estabilidad al Ejecutivo durante toda la legislatura, porque su apoyo estaba condicionado a la "materialización de los acuerdos".

En realidad, en los últimos meses Junts había lanzado varios mensajes en público y en privado de que no toleraría ninguna barra libre. En julio, Nogueras, en el pleno en el que Sánchez tuvo que dar cuenta de la eclosión del caso Cerdán, le prestó su apoyo pero ya avanzó que su paciencia no sería infinita: "No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga y la prórroga no dura toda una legislatura". Un mes más tarde, en agosto, Carles Puigdemont anticipó que en el otoño quizá pasarían "cosas". Es decir, que el partido se replantearía su relación con los socialistas y tomaría decisiones. Luego, el número dos, Jordi Turull, alargó ese periodo de meditación: antes del 21 de diciembre, la formación determinaría si romper el acuerdo de Bruselas con el PSOE que permitió la investidura de Sánchez en 2023.

Para los posconvergentes, el aviso de ayer miércoles no era uno más. Era una clara señal de advertencia al Ejecutivo, según se encargaba de trasladar la cúpula parlamentaria en Madrid. Dicho de otro modo, hablar de "cambio" no era gratuito. En Junts pesa, y cada día más, la sensación de incumplimiento del acuerdo de Bruselas: considera que el Gobierno no se ha afanado lo suficiente para hacer efectiva la ley de amnistía —y que Puigdemont pueda volver a España—, o para conseguir que el catalán sea oficial en Europa —la oposición de Alemania y de otros Estados miembros lo impide—.

A ese memorial se añaden más agravios: según dijo Nogueras en Telecinco, "la gente está hasta las narices" de que no resuelvan sus problemas. Los independentistas culpan al PSOE de que sigan bloqueadas sus propuestas de ley para atajar la multirreincidencia —mientras "los delincuentes siguen en las calles"— o la okupación de pisos. Se quejan de que los autónomos tienen que "bajar la persiana" por las subidas de "cuotas e impuestos", o de la "tortura diaria de Renfe". Falta "solucionar el día a día de Cataluña", señaló. Nogueras, no obstante, no se quiso pronunciar sobre una moción de censura instrumental sin Feijóo de candidato, y tampoco reveló si su partido se reúne con el PP.

El Gobierno, sin embargo, no percibe señales de preocupación. Ni siente que deba inquietarse por el rumbo de la legislatura. En los pasillos del Congreso, este miércoles, desde el núcleo duro de Sánchez hablaban de "teatralización" de Junts, de que era "lo de siempre". De que era un mero "juego de palabras" —del "cambio de hora" a la "hora del cambio"—, de que en ningún modo se puede hablar de ultimátum porque no hay amenaza de moción de censura ya que a los posconvergentes les resultaría muy caro en Cataluña alinearse con PP y Vox para echar al presidente. "No se rompe nada, tranquilidad", sostenían en la Moncloa.

En el círculo de confianza recordaban que al final del pasado curso, cuando el informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán noqueó a Sánchez, al Ejecutivo y al PSOE, la situación sí que era mucho más crítica. Pero desde entonces el líder socialista ha recuperado pulso y se ha recompuesto. Y, sobre todo, no han aparecido "indicios de financiación irregular", porque "no la hay", la línea roja que los socios de investidura pusieron al Gobierno.

Los llamamientos de los dirigentes socialistas caminaban todos en la misma línea: "Calma". Sin angustia. O eso aseguraban una y otra vez en los pasillos de la Cámara baja. "Diálogo, diálogo y diálogo", se prescribía a sí mismo el Ejecutivo por boca de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Lo único que sí concedían en el estado mayor socialista es que los posconvergentes, cuando se sienten molestos con ellos, trasladan esa crispación a "todos los ámbitos". Es decir, que no son ajenos a su irritación.

En el Gobierno creen que nada nuevo se ha roto porque, en el fondo, ya eran conscientes de que Junts no es un socio convencional. Aunque hace dos años Ferraz subrayaba que había arrancado de Puigdemont un pacto de investidura, con el tiempo comprendió que nunca hubo nada de eso: el Ejecutivo ha tenido que ir negociando ley a ley, iniciativa a iniciativa, sufriendo un enorme desgaste con cada paso, llevándose golpes en ocasiones porque los posconvergentes han confluido, cuando les ha convenido, con PP y Vox, sin miramientos. Ahora entienden que ese equilibrio delicadísimo pervive. Con dificultades, pero ahí está, básicamente porque Junts no se puede permitir embarcarse en la aventura de una moción de censura con Feijóo y la ultraderecha, ya que serían muy penalizados en Cataluña. ERC, no obstante, lleva meses alertando de que Junts puede acabar apoyando a PP y Vox, y de hecho cree ahora que puede comenzar a "romper la baraja", haciendo perder aún más votaciones a la coalición de PSOE y Sumar

La próxima semana hay pleno en el Congreso pero, como sucedió en esta, no hay ninguna votación importante a la vista. En la primera semana de noviembre no hay sesiones, así que la siguiente gran prueba para Sánchez es la senda de estabilidad, que Montero quiere llevar "muy pronto" al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para después trasladarla al Consejo de Ministros y luego a las Cámaras. Pero Hacienda ya lleva tiempo reconociendo que es muy probable que pierda esa votación en el Congreso, precisamente porque Junts no se ha apeado de sus posiciones maximalistas. Al Gobierno no le importa sufrir ese varapalo —el gran giro estratégico de este arranque de curso es que el presidente ha decidido normalizar las derrotas parlamentarias—, porque además si los objetivos de déficit son tumbados tendrá más margen de gasto.

¿Y los Presupuestos del Estado de 2026? Sánchez sí está decidido a presentarlos, esta vez sí, después de dos ejercicios, los de 2024 y 2025, en los que prometió llevarlos al Congreso pero nunca lo hizo. El presidente ha repetido que va a "sudar la camiseta", que hará lo posible para "persuadir a los grupos", pero a renglón seguido ha añadido que si no salen adelante no pasará nada. No acabará la legislatura. Para poder aprobarlos, Montero necesita atraerse, sobre todo, a los posconvergentes, que piden la ejecución de todas las inversiones prometidas a Cataluña en anteriores Presupuestos antes de sentarse a negociar unos nuevos. La Moncloa sabe que ese objetivo está lejos. Lejísimos, aunque no tira la toalla.

Por eso, para los socialistas nada cambiaba este miércoles. "¿Es que Junts ha dejado de apretar en algún momento? Estamos igual que estábamos. En todas las preguntas parlamentarias Míriam siempre repite lo mismo. Siempre está en el mismo tono, siempre está enfadada. Y de verdad que no vemos moción de censura con PP y Vox, para nada", responde un alto mando de la dirección federal de Sánchez. "Lo que está diciendo Junts es 'hacednos casito, capítulo 64.848'", ironiza otro integrante de la ejecutiva socialista.

La vía que el Gobierno sí parece dispuesto a explorar es la de la negociación de las proposiciones de ley de Junts contra la multirreincidencia y las okupaciones. "Siempre hay opciones" de hablarlo, señalaban en la Moncloa. El problema es que ambas iniciativas, clara preocupación de la derecha independentista y española, tropezarían muy probablemente con los aliados de izquierda del Gobierno, sin los cuales es imposible que prosperen. "En definitiva, con senda o sin senda de estabilidad, vamos a ir sacando leyes igualmente. Nosotros seguimos", insisten en la cúpula.

Sí, las conversaciones han continuado en estos últimos meses e incluso el Ejecutivo ha podido sacar adelante iniciativas como el decreto ley de embargo de armas a Israel o el proyecto de movilidad sostenible. Pero ha tenido que encajar derrotas, como la de la reducción de la jornada laboral. Y leyes relevantes para el Gobierno como la del cambio en el acceso a la carrera judicial y fiscal —la llamada ley Bolaños— permanecen atascadas por falta de acuerdo con los posconvergentes. Pero esas dificultades, esgrimen los socialistas, ya estaban ahí, y no son más ahora, ni esperan que las haya.

En la dirección recuerdan que a principios de año también Junts se puso muy exigente con su petición de cuestión de confianza, y al final acabó retirándola para dar "tiempo" al Ejecutivo a cumplir sus compromisos pendientes. Los socialistas perciben a los posconvergentes atrapados, sin muchas opciones y con una tendencia electoral a la baja por su competencia descarnada con Aliança Catalana, la formación ultra y xenófoba de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll.

"Ellos están jodidos, no les va bien, y lo que necesitan es cupo mediático", analiza un veterano dirigente socialista catalán. "Lo de este miércoles fue retórica y ya está —converge un alto cargo gubernamental—. Ellos no son nuestro enemigo. Ellos defienden sus intereses y hay que tener en cuenta que ellos ven que Sánchez lleva dos años al frente del Gobierno desde la investidura de 2023 y en cambio Puigdemont sigue en Bruselas sin recibir la amnistía. Hay que ponerse también en los zapatos del otro. No les interesa ir a elecciones ahora porque si Aliança se presentara podría tener más diputados que ellos en Madrid. Dicho lo cual, no les podemos atar. Que tomen las decisiones que quieran". La Moncloa y Ferraz sienten que, por mucho ruido exterior que haya, las cosas no han cambiado. No es lo que dice Junts, pero también Puigdemont ha amagado y no dado en estos dos últimos años. Todo es posible pero, al menos hasta el momento, los posconvergentes no han querido cambiar de caballo. El suyo es Sánchez.