"La corrupción en nuestro país adopta muchas formas. A veces son cargos públicos que cobran mordidas por hacer cosas ilícitas. A veces son comisionistas y lobistas que cruzan la frontera de la ley. Y a veces son líderes políticos que recortan y privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro".

Pedro Sánchez cimentó sobre esa reflexión su comparecencia ante el Congreso de este miércoles. Una intervención inicial de unos 75 minutos en la que apenas habló de los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido y a su entorno directo y en la que encadenó datos y datos para atizar a las comunidades del PP por su gestión de los servicios públicos y por propiciar "regalos fiscales" a los más ricos, porque hay "gobiernos autonómicos que están usando el dinero de la gente para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizá sean legales pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país". Y frente a ellos, el Ejecutivo central actuará, prometió, para defender "con uñas y dientes el Estado del bienestar", y lo hará "por responsabilidad, por convicción y por patriotismo".

El presidente del Gobierno tejió este miércoles ante la Cámara un discurso sin anuncios, sin planes nuevos concretos, sin apenas autocrítica en lo relativo a la corrupción. El propósito era otro. Era enfundarse el traje de campaña (pre)electoral porque el ciclo de urnas está a punto de comenzar —lo hará el 21 de diciembre en Extremadura y seguirá en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía, al menos— y porque el Ejecutivo padece una debilidad parlamentaria que le dificulta avanzar. Una precariedad ahora más acusada tras el abandono de Junts, tras su anunciada ruptura, sin que los socialistas quieran darse realmente por enterados.

Sánchez invoca el "espíritu de acuerdo" frente a un PP que lidera una oposición "destructiva, abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha"

Por eso Sánchez se dirigió primero en la tribuna a los posconvergentes, para apelar al "espíritu de acuerdo", para que siga apoyando medidas que ayudan a los ciudadanos frente a un PP que lidera una oposición "destructiva, abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha". El jefe del Gobierno apuntó que no hay motivos para oponerse a iniciativas como las leyes de protección de los menores en los entornos digitales, de universalidad de la sanidad pública o de familias. "De eso estamos hablando: de política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos, voten lo que voten, piensen lo que piensen". Ese "espíritu de acuerdo" es necesario porque "la suerte de mucha gente depende de lo que aquí se aprueba", incidió.

Después el presidente hizo una breve parada en la situación de interinidad en la Comunidad Valenciana. El PP, dijo, no tiene "proyecto", le queda "insultar, caer en contradicciones y rendirse a la ultraderecha, copiando sus formas y políticas". Para Sánchez, la primera gran "contradicción" de Alberto Núñez Feijóo y de su formación, su "grave paradoja" es llevar "siete años exigiendo elecciones" al tiempo que se niega a convocarlas en la Comunitat un año después de la tragedia de la dana que acabó con la vida de 229 personas. Y como la investidura del nuevo president, el relevo de Carlos Mazón, depende de Vox, Sánchez apeló directamente a su líder, a Santiago Abascal, al que exigió que "no pacte con la derecha" y propicie nuevos comicios, porque los valencianos quieren "cambiar el rumbo tras el desastre" que los populares, a su juicio, han llevado a Valencia.

Pero los socialistas dan por hecho que finalmente habrá investidura del sucesor de Mazón, el designado por Feijóo, Juanfran Pérez Llorca, y que seguirán unas negociaciones "sin luz ni taquígrafos". "Pero ya les advierto", agregó, "el Gobierno de España estará vigilante de que ninguno de esos acuerdos vulnere nuestros compromisos europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".

El presidente incide en la "tolerancia cero" de su Gobierno con la corrupción y la "colaboración total con la Justicia", pero no se detiene en los casos que afectan a su partido. Se lanza contra la corrupción "inmoral" de recortes y privatizaciones

Sánchez pasó de puntillas sobre la corrupción antes de centrarse en la demoledora crítica a las comunidades del PP. Lo hizo para recordar que la posición de su Gobierno es "rotunda", "tolerancia cero" y "colaboración total con la Justicia", y por eso ha ido dando pasos en esa dirección en los últimos años: ampliando la tipificación de conductas delictivas entre particulares (2019), incorporando el delito de enriquecimiento ilícito e injustificado de los cargos públicos (2022), regulando la protección de los informantes (2023), desplegando un plan de regeneración democrática (2024) y anunciando un plan de lucha contra la corrupción (el pasado julio, tras la caída del último secretario de Organización socialista, Santos Cerdán).

Y fue entonces cuando aludió Sánchez a que junto a la corrupción clásica, hay a su juicio otra, la de los recortes y la privatización de los servicios públicos, que puede que "no sea ilegal strictu sensu", pero que sí es "inmoral y hace un daño tremendo a la mayoría de nuestro país". Aunque "no aparezca a menudo en los titulares de prensa, se sufre a diario", señaló, ¿y dónde? "En las listas de espera, en las aulas y los hospitales masificados, en la falta de plazas en escuelas infantiles públicas y residencias para mayores, y en los bolsillos de millones de españoles de clase media y trabajadora de nuestro país".

A partir de ahí, Sánchez sacó la katana, especialmente contra Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, para denunciar que pese a los miles de millones de euros transferidos desde el Gobierno central a Madrid y Andalucía los servicios públicos se están deteriorando a la vez que se hinchan los bolsillos de las concesionarias privadas. Así, Madrid ha recibido casi 130.000 millones en los últimos siete años, 43.000 más de los que ingresó con Mariano Rajoy en la Moncloa. Con ese dinero adicional, sostuvo el presidente, Ayuso "le ha bajado en 5.067 millones los impuestos a la clase alta, ha presupuestado un incremento del 60% en las ayudas a la tauromaquia y ha destinado más de 5.000 millones a contratos con empresas privadas como Quirón en apenas seis años, hasta el punto de que hoy uno de cada tres euros del gasto madrileño en salud va a conciertos con clínicas privadas".

Sánchez se enfunda el traje de campaña y se lanza especialmente contra Ayuso y Moreno por no haber utilizado los fondos extra del Gobierno para fortalecer los servicios públicos. Los emplean, dice, para engordar las arcas de empresas como Quirón

La consecuencia es que la confianza de los madrileños en su sistema sanitario ha caído "23 puntos respecto a 2019", que la evaluación del mismo ha obtenido "las peores evaluaciones de los últimos 15 años" desde que Ayuso es presidenta, que las listas de espera se han alargado, que hay que "esperar hasta dos años para ecografías por bultos en pecho o cuello", y que a muchos pacientes les dan cita para hacerse esas pruebas "a las tres o cuatro de la madrugada". Por eso se ha disparado en un 16% el número de madrileños que ha contratado un seguro privado: ese es, siguió, el "milagro privatizador de la Comunidad de Madrid, una sanidad que se apaga poco a poco mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas". En definitiva, remachó, Madrid se ha convertido "en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden". Quirón es el principal contratista del Gobierno regional y con quien mantiene negocios el novio de Ayuso, Alberto González Amador.

Con Andalucía, tres cuartos de lo mismo, resumió el presidente. 53.800 millones de financiación extra, dinero que "no está yendo a contratar sanitarios y mejorar las infraestructuras públicas", sino a "rebajar cerca de 200 millones los impuestos a la clase alta y en regar con contratos a la sanidad privada". Así, se han destinado "casi 4.000 millones a conciertos con clínicas privadas" o se han triplicado las derivaciones a cirugías privadas. Según los cálculos del Gobierno, Andalucía tiene 18.000 profesionales sanitarios menos de los que les correspondería y hay 848.787 andaluces esperando diagnóstico y 200.000 esperando una operación.

"Y esto, señorías, no es solo lamentable. Es inmoral y es ilegal. Especialmente cuando esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras y negligencias, como está ocurriendo con la crisis inédita en los programas de cribado de cáncer. [...] Bastaba una llamada [a una mujer tras una mamografía]. Una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó. Aún no sabemos por qué". Sánchez se lanzaba así a la mayor crisis política vivida por Moreno en sus años al frente de la Junta, justo a las puertas de las elecciones autonómicas. Un talón de Aquiles que los socialistas quieren explotar al máximo.

Sánchez repasó lo que ocurre en el resto de comunidades del PP. En Valencia, pero también en Castilla y León, en Murcia, en Extremadura. En sanidad, sí, pero también en educación o en dependencia, o en la universidad. "Señorías, podría seguir así toda la mañana. Pero creo que no es necesario. Se mire dónde se mire, se analicen los datos como se analicen, el diagnóstico de lo que está pasando es claro. Allí donde gobiernan, las derechas están replicando la política de recortes y privatizaciones que aplicaron [José María] Aznar y Rajoy a nivel nacional. Con el objetivo evidente de desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada", denunció.

Dicho de otro modo, las derechas "no han cambiado de manual, solo de escenario", y eso es "aún más peligroso" en un Estado descentralizado, porque son las comunidades las que tienen las competencias claves en el sostenimiento del Estado del bienestar, de los servicios públicos. Y el PP, con el apoyo de Vox, está ejecutando su plan "sin intermediarios, sin rendición de cuentas". No es que los populares "tengan la sartén por el mango", señaló, es que "son la sartén, la superficie misma sobre la que se cocina el plan de los Quirón y compañía".

Para el Gobierno, las derechas "replican" a nivel territorial las políticas de "desmantelamiento de lo público" de Aznar y Rajoy, "sin intermediarios" ni "rendición de cuentas". Pero el Ejecutivo defenderá "con uñas y dientes" el Estado del bienestar

Pero el Ejecutivo, prometió, se plantará. "Hasta aquí hemos llegado. El Gobierno de coalición progresista no va a dejar pasar ni una más". Defenderá "los derechos de la gente", con "total determinación y contundencia", aunque "respetando la ley y la división competencial". El Gobierno colaborará con las administraciones autonómicas que no quieran "sumarse" a la ola de "recortes y privatización" y a la vez "plantará cara" a quienes "están desmantelando nuestro Estado del bienestar con nocturnidad y alevosía".

Sánchez adelantó que el Gobierno exigirá "transparencia absoluta" con los datos a las CCAA, porque esos números no son de ellas, sino de "los ciudadanos". Y por cada "incumplimiento" que perciba, lo llevará a los tribunales. "Se acabó eso de usar el dinero para sanidad en regales fiscales y ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor". El Ejecutivo, insistió, se encargará de "defender con uñas y dientes el Estado del bienestar", los servicios públicos.

"Esa es la España que más merece nuestra defensa. La España del bienestar que construyeron nuestros padres y abuelos. La España que es de todos. La España que nos iguala y nos integra. España es lo público. Y ustedes, señorías del PP y de Vox, no van a destruirla. No les vamos a dejar", concluyó.

La campaña quedaba inaugurada. Con el contraste de modelos. Con el choque del Gobierno central con las comunidades del PP.